Si en España este verano hemos asistido a la campaña gubernamental Ahora la ley actúa , pronto toda Europa recibirá la visita de la compañía OverPeer , tras llegar a un acuerdo para ello con la británica OD2. Overpeer es una empresa que se dedica a inundar las redes P2P con ficheros falsos, el llamado "File spoofing", destinado a producir frustación en los usuarios de P2P. La técnica es sencilla, se le coloca un nombre asociado a contenidos atractivos, pero luego lo descargado no se corresponde con el reclamo. Siendo el proceder de Overpeer execrable, no es lo peor que se avecina.
Por descontado los internautas españoles nos encontraremos con la reforma del código penal este 1 de Octubre. Este tema ha suscitado un gran debate en la red acerca de si realmente castiga el hecho de descargar ficheros con un programa P2P. David Bravo y Pedro Tur defienden entre otros que el hecho de descargar ficheros de Soulseek, Kazaa, BitTorrent o eMule no constituye ánimo de lucro, condición sine que non para que constituya delito (ver artículo 270 del código penal) . Desde la SGAE se responde que el hecho de ahorrarse la compra del contenido es ánimo de lucro. Lo que hay que destacar es que esta condición ya estaba presente en el anterior código penal, cuya reforma es verdaderamente desastrosa contemplando perseguir a quienes compartan su conexión Wi-fi o tengan programas para desproteger CD anticopia, manteniendo el canon que pagamos por copiar compactos. Esta incertidumbre es con toda probabilidad interesada, habiéndose creado un clima de desconfianza a hacer uso de las redes P2P; desconfianza infundada a tenor de los análisis de Bravo o Tur.
Pero la guerra para criminalizar el intercambio de ficheros no se queda en España ni en Europa con la llegada de Overpeer. En Estados Unidos, tal como cuenta José Cervera , se encuentran en plena cruzada contra las redes de pares. Aunque lleven bastante tiempo con estrategias similares a Overpeer, parece que eso no ha sido suficiente y ahora dos iniciativas legislativas cobran protagonismo para criminalizar el intercambio de ficheros. Por un lado en el Senado siguen tramitanto la ley INDUCE, que perseguiría todos los mecanismos para copia de contenidos que no contengan administración de derechos digitales. Por otro lado el Congreso ha aprobado su propia legislación que criminaliza el uso de redes P2P y lo pena con hasta 5 años de prisión. Cervera teme de la exportación a Europa de medidas similares y a buen seguro que discográficas y administradores de contenidos intentarán que suceda. Quizás el freno a la directiva de patentes software sea un buen presagio de que aquí las cosas son diferentes.
Artículo de Antonio Ortiz en Error500
Por descontado los internautas españoles nos encontraremos con la reforma del código penal este 1 de Octubre. Este tema ha suscitado un gran debate en la red acerca de si realmente castiga el hecho de descargar ficheros con un programa P2P. David Bravo y Pedro Tur defienden entre otros que el hecho de descargar ficheros de Soulseek, Kazaa, BitTorrent o eMule no constituye ánimo de lucro, condición sine que non para que constituya delito (ver artículo 270 del código penal) . Desde la SGAE se responde que el hecho de ahorrarse la compra del contenido es ánimo de lucro. Lo que hay que destacar es que esta condición ya estaba presente en el anterior código penal, cuya reforma es verdaderamente desastrosa contemplando perseguir a quienes compartan su conexión Wi-fi o tengan programas para desproteger CD anticopia, manteniendo el canon que pagamos por copiar compactos. Esta incertidumbre es con toda probabilidad interesada, habiéndose creado un clima de desconfianza a hacer uso de las redes P2P; desconfianza infundada a tenor de los análisis de Bravo o Tur.
Pero la guerra para criminalizar el intercambio de ficheros no se queda en España ni en Europa con la llegada de Overpeer. En Estados Unidos, tal como cuenta José Cervera , se encuentran en plena cruzada contra las redes de pares. Aunque lleven bastante tiempo con estrategias similares a Overpeer, parece que eso no ha sido suficiente y ahora dos iniciativas legislativas cobran protagonismo para criminalizar el intercambio de ficheros. Por un lado en el Senado siguen tramitanto la ley INDUCE, que perseguiría todos los mecanismos para copia de contenidos que no contengan administración de derechos digitales. Por otro lado el Congreso ha aprobado su propia legislación que criminaliza el uso de redes P2P y lo pena con hasta 5 años de prisión. Cervera teme de la exportación a Europa de medidas similares y a buen seguro que discográficas y administradores de contenidos intentarán que suceda. Quizás el freno a la directiva de patentes software sea un buen presagio de que aquí las cosas son diferentes.
Artículo de Antonio Ortiz en Error500
