Encabronarse, cagarse en todo, agarrar un globo, cabrearse, pillar una moto, corrompérsele a uno las tripas... son expresiones en castellano, algunas correctas, otras un tanto macarrónicas, que indican enfado, indignación. Pero ni las que he mencionado ni las muchas que se me han quedado en el tintero son suficientes para describir el humor que impera en la Asociación de Internautas.
No se prodigan las alegrías en esta casa, en los últimos días. Primero una comparecencia de nuestro presidente, Víctor Domingo, en el Senado, en la que relució como el sol el bajo nivel de nuestros políticos y su sordera, se diría que permanente e incurable, ante las reclamaciones de la sociedad a la que se supone habrían de liderar en sus aspiraciones. Pero ya sabemos cuáles son las únicas Sociedades cuyas aspiraciones van a ser tenidas en cuenta: las anónimas y la General de Autores. Después, un proyecto de Reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual (su nombre lo dice todo, en vez del que sería deseable, apropiado y correcto: Ley de los Derechos del Autor) que sobre las abominaciones de la anterior, añade otras muchas y nuevas.
Más, cosas del talante, alguien en el Ministerio de Cultura decide que, hombre, ya que vamos a modificar la LPI, pásales un borrador a los pringaos esos para que hablen ahora o callen para siempre; y que se den prisita: una semanita y van que se estrellan, no vamos a estar ahora esperando dos meses a que esos tíos digan sus paridas después del esfuerzo ímprobo que hemos desarrollado en el tiempo récord de dos años. Y nos hacen llegar a la AI lo que en Catalunya llamaríamos "un tocho" con una ingente cantidad de modificaciones, se supone que propuestas pero aún no decididas (y también podría suponerse que mañana me nombraran a mí Cardenal Primado de las Españas).
Bueno, la verdad es que la impropia y contradictoriamente llamada "literatura legal" nunca ha sido ligera ni agradable de leer, pero ese proyecto de modificación de la LPI hace de Góngora, en comparación, un autor de lecturas infantiles y la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, con sus cuadros numéricos incluidos, es como una novelita de don Marcial Lafuente Estefanía al lado de ese engendro. Teddy Bautista debería utilizar un lenguaje más llano a la hora de imponer normativa a nuestros políticos.
Pero, en fin, a la fuerza ahorcan, de modo que llamamos a los cómitres y les ordenamos que venteen el látigo para que nuestros letrados se pongan a trabajar como condenados a galeras. Lo primero que deben hacer es pasar toda esa jerigonza a román paladino inteligible para, a continuación, proponer modificaciones a las modificaciones propuestas, a ver si al menos conseguimos que, una vez publicada la nueva redacción de la LPI, los ciudadanos podamos circular sin temor a ser encarcelados por leer el rótulo de la pescadería sin pagar derechos de autor a ya ni se sabe quién. Y, efectivamente, nuestros juristas lo logran en siete días. Podrían coger el libro del Génesis y decirle a Dios: «¡Superado!». Hecho esto, henchidos de justo orgullo y con la satisfacción del deber cumplido, procedemos al envío de nuestras propuestas y lo hacemos en papel y en un archivo de OpenOffice.Org. El archivo va en un disquete, soporte poco utilizado en la actualidad, pero que tiene la enorme ventaja de que no paga el impuesto revolucionario que nos clava la $GAE por la cara (por la cara dura, vamos) en otros soportes no menos informáticos.
Y cuál no será nuestra sorpresa y estupefacción cuando el Ministerio de Cultura nos pide nuestras propuestas en un archivo de formato «Micro$oft Word» para poder introducirlo en sus bases de datos. Aparte de que eso constituye la más palpable prueba del intolerable e indignante hecho de que nuestras bases de datos públicas están en manos de Micro$oft (¡toma Gran Hermano!), lo que significa no sólo que están en manos de una empresa privada sino que, además, ignoramos lo que esa empresa privada -extranjera, por demás- hace con esos datos (públicos, insistimos), resulta que nuestra propia Administración nos obliga a ser clientes de esa misma empresa para poder relacionarnos con aquella. Como, además, esta obligación no viene recogida en ninguna disposición legal, esa exigencia constituiría una resolución injusta y, por lo tanto, ya saben en qué podrían haber incurrido algunos altos cargos del Ministerio si fueran conscientes de ello; pero como, en su profunda e inconmensurable ignorancia, no son conscientes de ello, no podemos acusarlos de prevaricación, faltando como falta el ineludible requisito de dictar la resolución injusta "a sabiendas".
O sea que los dirigentes de la AI han respondido a los autores del "ukase" que no nos da la gana de utilizar «Word» porque, entre otras cosas, cuesta una pasta y no tenemos ninguna necesidad de regalarle a don Guillermo un dinero que nos hace muchísima falta para cosas más importantes. Si el Ministerio de Cultura no puede acceder a un formato de OpenOffice.org, pueden aprovechar la feliz circunstancia de que se trata de un formato libre para instalarse tan eficaz paquete ofimático y leer así nuestro archivo, y cualesquiera otros similares, sin coste alguno para el ciudadano.
Este servidor que suscribe sufre, además, un cabreo adicional. Con quince años en la función pública (autonómica) lucha modestamente -como el común y mayor número de sus compañeros- por una Administración moderna, atenta con el ciudadano, eficaz y eficiente; una instancia a la que el ciudadano pueda dirigirse para solucionar sus problemas, no para que le carguen con otros añadidos. Y, en estas, le cabrea encontrarse no solamente con un sector de la Administración absolutamente cavernícola y pleistocénico que ignora, por ejemplo, que si te entregan una información en un archivo que no puedes leer pero también te la han dado en papel, un escáner (60 eurillos en la tienda de al lado, mucho menos de lo que cuesta una semana de coche oficial) te soluciona la papeleta y luego pásalo al formato que te convenga, sino también con unos dirigentes que tiran del ordeno y mando sin la menor consideración hacia quien le paga el sueldo y sin haber estudiado otras posibles y fáciles alternativas previas a tocarle los cataplines al ciudadano. Sólo faltó utilizar aquella fórmula tan democrática usada en otros tiempos de romántico recuerdo: «Se servirá aportar esa información en archivo de Micro$oft Word sin excusa ni pretexto alguno».
Punto redondo.
Javier Cuchí es miembro de la Asociación de Internautas
No se prodigan las alegrías en esta casa, en los últimos días. Primero una comparecencia de nuestro presidente, Víctor Domingo, en el Senado, en la que relució como el sol el bajo nivel de nuestros políticos y su sordera, se diría que permanente e incurable, ante las reclamaciones de la sociedad a la que se supone habrían de liderar en sus aspiraciones. Pero ya sabemos cuáles son las únicas Sociedades cuyas aspiraciones van a ser tenidas en cuenta: las anónimas y la General de Autores. Después, un proyecto de Reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual (su nombre lo dice todo, en vez del que sería deseable, apropiado y correcto: Ley de los Derechos del Autor) que sobre las abominaciones de la anterior, añade otras muchas y nuevas.
Más, cosas del talante, alguien en el Ministerio de Cultura decide que, hombre, ya que vamos a modificar la LPI, pásales un borrador a los pringaos esos para que hablen ahora o callen para siempre; y que se den prisita: una semanita y van que se estrellan, no vamos a estar ahora esperando dos meses a que esos tíos digan sus paridas después del esfuerzo ímprobo que hemos desarrollado en el tiempo récord de dos años. Y nos hacen llegar a la AI lo que en Catalunya llamaríamos "un tocho" con una ingente cantidad de modificaciones, se supone que propuestas pero aún no decididas (y también podría suponerse que mañana me nombraran a mí Cardenal Primado de las Españas).
Bueno, la verdad es que la impropia y contradictoriamente llamada "literatura legal" nunca ha sido ligera ni agradable de leer, pero ese proyecto de modificación de la LPI hace de Góngora, en comparación, un autor de lecturas infantiles y la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, con sus cuadros numéricos incluidos, es como una novelita de don Marcial Lafuente Estefanía al lado de ese engendro. Teddy Bautista debería utilizar un lenguaje más llano a la hora de imponer normativa a nuestros políticos.
Pero, en fin, a la fuerza ahorcan, de modo que llamamos a los cómitres y les ordenamos que venteen el látigo para que nuestros letrados se pongan a trabajar como condenados a galeras. Lo primero que deben hacer es pasar toda esa jerigonza a román paladino inteligible para, a continuación, proponer modificaciones a las modificaciones propuestas, a ver si al menos conseguimos que, una vez publicada la nueva redacción de la LPI, los ciudadanos podamos circular sin temor a ser encarcelados por leer el rótulo de la pescadería sin pagar derechos de autor a ya ni se sabe quién. Y, efectivamente, nuestros juristas lo logran en siete días. Podrían coger el libro del Génesis y decirle a Dios: «¡Superado!». Hecho esto, henchidos de justo orgullo y con la satisfacción del deber cumplido, procedemos al envío de nuestras propuestas y lo hacemos en papel y en un archivo de OpenOffice.Org. El archivo va en un disquete, soporte poco utilizado en la actualidad, pero que tiene la enorme ventaja de que no paga el impuesto revolucionario que nos clava la $GAE por la cara (por la cara dura, vamos) en otros soportes no menos informáticos.
Y cuál no será nuestra sorpresa y estupefacción cuando el Ministerio de Cultura nos pide nuestras propuestas en un archivo de formato «Micro$oft Word» para poder introducirlo en sus bases de datos. Aparte de que eso constituye la más palpable prueba del intolerable e indignante hecho de que nuestras bases de datos públicas están en manos de Micro$oft (¡toma Gran Hermano!), lo que significa no sólo que están en manos de una empresa privada sino que, además, ignoramos lo que esa empresa privada -extranjera, por demás- hace con esos datos (públicos, insistimos), resulta que nuestra propia Administración nos obliga a ser clientes de esa misma empresa para poder relacionarnos con aquella. Como, además, esta obligación no viene recogida en ninguna disposición legal, esa exigencia constituiría una resolución injusta y, por lo tanto, ya saben en qué podrían haber incurrido algunos altos cargos del Ministerio si fueran conscientes de ello; pero como, en su profunda e inconmensurable ignorancia, no son conscientes de ello, no podemos acusarlos de prevaricación, faltando como falta el ineludible requisito de dictar la resolución injusta "a sabiendas".
O sea que los dirigentes de la AI han respondido a los autores del "ukase" que no nos da la gana de utilizar «Word» porque, entre otras cosas, cuesta una pasta y no tenemos ninguna necesidad de regalarle a don Guillermo un dinero que nos hace muchísima falta para cosas más importantes. Si el Ministerio de Cultura no puede acceder a un formato de OpenOffice.org, pueden aprovechar la feliz circunstancia de que se trata de un formato libre para instalarse tan eficaz paquete ofimático y leer así nuestro archivo, y cualesquiera otros similares, sin coste alguno para el ciudadano.
Este servidor que suscribe sufre, además, un cabreo adicional. Con quince años en la función pública (autonómica) lucha modestamente -como el común y mayor número de sus compañeros- por una Administración moderna, atenta con el ciudadano, eficaz y eficiente; una instancia a la que el ciudadano pueda dirigirse para solucionar sus problemas, no para que le carguen con otros añadidos. Y, en estas, le cabrea encontrarse no solamente con un sector de la Administración absolutamente cavernícola y pleistocénico que ignora, por ejemplo, que si te entregan una información en un archivo que no puedes leer pero también te la han dado en papel, un escáner (60 eurillos en la tienda de al lado, mucho menos de lo que cuesta una semana de coche oficial) te soluciona la papeleta y luego pásalo al formato que te convenga, sino también con unos dirigentes que tiran del ordeno y mando sin la menor consideración hacia quien le paga el sueldo y sin haber estudiado otras posibles y fáciles alternativas previas a tocarle los cataplines al ciudadano. Sólo faltó utilizar aquella fórmula tan democrática usada en otros tiempos de romántico recuerdo: «Se servirá aportar esa información en archivo de Micro$oft Word sin excusa ni pretexto alguno».
Punto redondo.
Javier Cuchí es miembro de la Asociación de Internautas
