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¿Podemos hablar de similitudes entre la CNMV y la CMT?


Las noticias sobre la CNMV nos hacen reflexionar sobre el papel de los reguladores. Son tiempos de tribulación para los órganos reguladores y para la confianza que los ciudadanos tenían depositada en los mismos como garantes del correcto funcionamiento de un mercado.




El escándalo protagonizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al que estamos asistiendo atónitos a través de los medios de comunicación, ha puesto de manifiesto los puntos débiles de un sistema en el que el regulador tiene un especial protagonismo. Ese talón de Aquiles requiere una reflexión por parte de los propios reguladores, del Parlamento y de la sociedad civil.

Sería un contrasentido que los ciudadanos permaneciesen ajenos a la definición del papel de los reguladores en la sociedad actual porque en última instancia serán destinatarios de sus actuaciones, o llegado el caso, afectados por su injusto proceder.

La Asociación de Internautas como parte de la sociedad civil debe, transcendiendo los asuntos que día a día nos ocupan en relación con el desarrollo de la red, participar de esa reflexión colectiva a la que antes se aludía.

Pretendemos con ello aportar elementos al estudio de iniciativas que suponemos habrán iniciado los propios Reguladores, el Parlamento y el Gobierno para lograr que cumplan realmente los objetivos previstos, aportando credibilidad y confianza; dos valores indisociables y básicos para la salud democrática.

Es preciso comenzar nuestro razonamiento constatando que en esta era global, de liberalización y mercado a ultranza, la frontera entre la esfera privada y pública se ha convertido en una "delgada línea roja" que tolera una permeabilidad entre ambos círculos peligrosa para los intereses generales. Al trasiego por esta frontera no son ajenos los miembros de los órganos reguladores o los cargos institucionales. Quizá el caso Bangheman nos ayude a recordar.

A lo largo de esa línea, cada vez más borrosa, cruzar de un lado al otro es una práctica que se realiza con más frecuencia de la deseable, siendo susceptible de generar una confusión de intereses que, cuando se produce y aflora públicamente nos escandaliza como ocurre en la actualidad.

Al lado de este hecho, otro no menos desafortunado, contribuye a que la onda expansiva en casos como el reciente, adquiera una dimensión política: me refiero a la segunda y también "delgada línea roja", la que existe entre un órgano regulador y el aparato político de un Estado, porque, a fin de cuentas es éste el que, reiterando un vicio muy nuestro, nombra o designa a los miembros del órgano regulador en particular a sus presidentes; o simplemente lo hace a su medida.

Parece como si se pretendiese tener una coartada, la que facilita el órgano regulador con sus razonamientos para adoptar decisiones que corresponde al órgano político adoptar; o bien pudiera pensarse que el órgano regulador está para tomar determinadas decisiones en función de un interés político, en tanto que, el aparato del Estado aparentemente carece de responsabilidades.

Demasiada pleitesía la que tienen que afrontar los reguladores. Pero, al lado de estos problemas estructurales susceptibles de afectar a los reguladores están otros que es necesario tener en cuenta que pueden, desde luego, tener que ver con los comentados.

Por ejemplo, su concepto de mercado, competencia. Un concepto restringido predispuesto a entenderlo desde el punto de vista de la oferta. Ya sea para que ésta se comporte con prácticas correctas entre las empresas que concurren, es decir, para que no se lesionen entre ellas de forma ilícita, ya sea, para incrementar la competencia en el mercado.

En principio ambos objetivos pueden ser positivos, pero son parciales sino están orientados por el beneficio a los consumidores, al conjunto de los consumidores o ciudadanos, al interés general.

Alguien podrá decir que las Leyes limitan la capacidad de los reguladores. Sí, es cierto. Tan cierto como que nos ponen límites a todos. Ahora bien, la cuestión es: dentro de los límites establecidos legalmente ¿pueden los reguladores actuar de modo tal que den confianza a la oferta y a la demanda?, ¿ pueden hacerlo transcendiendo su estrecho concepto de mercado?, ¿pueden hacerlo salvando las delgadas líneas rojas?.

Podrían. Quizás mejorando algunos aspectos legislativos y funcionales -severas incompatibilidades, designación por el Parlamento... - y, sobre todo, actuando de modo transparente. Aunque sólo "vigilen" a la oferta realmente, ¿Gescartera hubiese alcanzado estos niveles si se hubiesen adoptado decisiones y éstas se hubiesen hecho públicas?. Posiblemente, no.

La información, la transparencia es una regla básica para el buen funcionamiento de las instituciones, más aún cuando éstas se suponen que regulan el correcto funcionamiento del mercado. Los reguladores americanos, en muy diversos ámbitos tienen un prestigio sólidamente asentado, entre otras cosas por actuar con transparencia.

En España, la Asociación de Internautas ha solicitado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y hoy lo vuelve hacer, el número de irregularidades que se han cometido en la preselección de operadores telefónicos, así como, la relación de operadores que las han cometido. Hasta ahora hemos obtenido el silencio. El secreto. ¿A qué clase de mercado tendemos?.

Otro ejemplo: la Federal Communications Comisión, FCC el correspondiente a la CMT española ha sido el primer órgano que descubrió el escándalo del slamming (captación de clientes mediante consentimiento tácito). A su sombra, numerosos Estados y senadores desataron una campaña contra estas prácticas. En España, la CMT no sólo no pone freno, acelera en otra dirección..

En fin. Resumamos la receta: un régimen severo de incompatibilidades y control; designación de los reguladores por el Parlamento, una pizca de consideración hacía los ciudadanos como parte del mercado, un pellizco de interés general y todo esto regado con abundante transparencia.

Asociación de Internautas.
(Artículo de Víctor Domingo publicado el 1 de octubre de 2001).


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