La Razón
María Angeles Montull, directora del gabinete del director de la APD, José Luis Piñar, explicó ayer que Protección de Datos «ha recibido 85 reclamaciones frente a conductas que podrían estar relacionadas» con el «spam», y que éstas se encuentran en fase de investigación «puesto que requieren muchos estudios y resolver muchos flecos».
De esas 85 reclamaciones, Montull apuntó que la APD «ha encontrado indicios racionales de infracción en quince de ellos, por lo que ha iniciado ya 15 procedimientos sancionadores» contra empresas españolas susceptibles de enviar «e-mails» no solicitados por los destinatarios.
No obstante, los quince procedimientos todavía se encuentran en fase de tramitación, por lo que todavía no hay ninguna resolución que, en caso de dictar una sanción contra una empresa, sería la primera de estas características en nuestro país.
Hay que recordar que Protección de Datos asumió las competencias de sancionar a emisores de «spam» hace apenas un año, como consecuencia de la modificación introducida por la Ley General de Telecomunicaciones a la Ley de Servicios de la Sociedad de l Electrónico (LSSI), por lo que Montull destacó que se trata ya de un «significativo» número de reclamaciones.
El director de la APD, José Luis Piñar, se refirió recientemente en sede parlamentaria a las dificultades de perseguir esta práctica debido al carácter «transfronterizo» de Internet. No obstante, incidió en la importancia de seguir trabajando y «fijando líneas de colaboración» con autoridades nacionales de todo el mundo, potenciando el intercambio de información, a pesar de que reconoció que «a veces es imposible».
María Angeles Montull, directora del gabinete del director de la APD, José Luis Piñar, explicó ayer que Protección de Datos «ha recibido 85 reclamaciones frente a conductas que podrían estar relacionadas» con el «spam», y que éstas se encuentran en fase de investigación «puesto que requieren muchos estudios y resolver muchos flecos».
De esas 85 reclamaciones, Montull apuntó que la APD «ha encontrado indicios racionales de infracción en quince de ellos, por lo que ha iniciado ya 15 procedimientos sancionadores» contra empresas españolas susceptibles de enviar «e-mails» no solicitados por los destinatarios.
No obstante, los quince procedimientos todavía se encuentran en fase de tramitación, por lo que todavía no hay ninguna resolución que, en caso de dictar una sanción contra una empresa, sería la primera de estas características en nuestro país.
Hay que recordar que Protección de Datos asumió las competencias de sancionar a emisores de «spam» hace apenas un año, como consecuencia de la modificación introducida por la Ley General de Telecomunicaciones a la Ley de Servicios de la Sociedad de l Electrónico (LSSI), por lo que Montull destacó que se trata ya de un «significativo» número de reclamaciones.
El director de la APD, José Luis Piñar, se refirió recientemente en sede parlamentaria a las dificultades de perseguir esta práctica debido al carácter «transfronterizo» de Internet. No obstante, incidió en la importancia de seguir trabajando y «fijando líneas de colaboración» con autoridades nacionales de todo el mundo, potenciando el intercambio de información, a pesar de que reconoció que «a veces es imposible».
