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Industria estudia cesar a Bustelo por incumplir gravemente sus obligaciones


El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio estudia la posibilidad de cesar al presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Carlos Bustelo, al considerar que ha incumplido el real decreto que regula el traslado de la sede del regulador a Barcelona.




MADRID.(EUROPA PRESS) -

Fuentes de Industria explicaron a Europa Press que el departamento de José Montilla está estudiando la posibilidad de aplicar a Bustelo el artículo 35 del reglamento de la CMT, que establece que puede ser cesado si incumple gravemente sus obligaciones.

En concreto, el mencionado artículo indica en su apartado 1 que "el presidente y el vicepresidente cesarán en su cargo por renuncia aceptada por el Gobierno, expiración del término de su mandato o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente por el ministro de Industria, por incapacidad permanente para el ejercicio del cargo, incumplimiento grave de sus obligaciones, condena por delito doloso o incompatibilidad sobrevenida".

Industria considera que la resolución aprobada ayer por el consejo de la CMT, que indica que el regulador mantendrá dependencias en Madrid para garantizar la fluidez de la relación con determinados organismos una vez se produzca el traslado de la sede del regulador a Barcelona, va contra el real decreto del traslado.

Las mismas fuentes insistieron en que la CMT es un organismo independiente en sus competencias para regular el sector de las telecomunicaciones, pero su organización depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de la Administración General del Estado.

Bustelo ha manifestado en numerosas ocasiones su oposición al cambio de sede del regulador e incluso llegó a calificar de "deportación" esta decisión del Gobierno, dado que, a su juicio, se debe a razones estrictamente "políticas".

Los trabajadores de la CMT también han expresado su rechazo al traslado y tienen la intención de presentar sendos recursos ante el Tribunal Supremo y Magistratura de Trabajo, el primero basado en la nulidad del real decreto que establece el cambio de sede y el segundo, de carácter laboral, porque consideran que están siendo "pisoteados" sus derechos laborales.

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