ABC
En el comunicado emitido, los trabajadores proponen la creación de una mesa negociadora en la que se concrete su recolocación en otros organismos de la Administración General del Estado en Madrid, y conocer el alcance de los mecanismos compensatorios ofrecidos por Montilla.
Asimismo, indicaron que el traslado de la sede del organismo a Barcelona es «radicalmente nulo», por lo que no caben soluciones estatutarias para resolver los problemas derivados de esta decisión, sino únicamente soluciones «de orden político».
Según los trabajadores, en la decisión del traslado forzoso de la CMT no concurren las condiciones previstas en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, que indica que un traslado forzoso requiere «la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen».
Los trabajadores del organismo regulador consideran que el Gobierno y, más concretamente, el responsable de Industria, «no puede desentenderse del gravísimo problema que ha ocasionado una decisión exclusivamente política», dado que lo contrario supone el ejercicio «irresponsable» de la labor de Gobierno.
En el comunicado emitido, los trabajadores proponen la creación de una mesa negociadora en la que se concrete su recolocación en otros organismos de la Administración General del Estado en Madrid, y conocer el alcance de los mecanismos compensatorios ofrecidos por Montilla.
Asimismo, indicaron que el traslado de la sede del organismo a Barcelona es «radicalmente nulo», por lo que no caben soluciones estatutarias para resolver los problemas derivados de esta decisión, sino únicamente soluciones «de orden político».
Según los trabajadores, en la decisión del traslado forzoso de la CMT no concurren las condiciones previstas en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, que indica que un traslado forzoso requiere «la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen».
Los trabajadores del organismo regulador consideran que el Gobierno y, más concretamente, el responsable de Industria, «no puede desentenderse del gravísimo problema que ha ocasionado una decisión exclusivamente política», dado que lo contrario supone el ejercicio «irresponsable» de la labor de Gobierno.
