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Industria presionó a Bustelo para que anulara un acuerdo de la CMT


Le remitió una carta exigiendo que cancelara la creación de una subsede en Madrid




F. Ruiz Antón. La Gaceta de los Negocios Madrid.

A medida que pasan los días se van conociendo más detalles de las fuertes tensiones que han existido en los últimos meses entre el Ministerio de Industria y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), unas tensiones que acabaron con la salida del presidente del órgano regulador, Carlos Bustelo. Este periódico ha tenido acceso a una carta remitida por la subsecretaria del Ministerio de Industria, María Teresa Gómez Condado, que muestra las presiones que ha recibido la CMT, un órgano que, al menos en teoría, es independiente y autónomo.

La misiva, reproducida en esta misma página, se envía al ya ex presidente de la CMT el pasado 21 de febrero a raíz de que el jueves anterior, en concreto el 17 de febrero, el Consejo de la CMT acordara, entre otras cosas, mantener unas dependencias operativas en Madrid “necesarias para garantizar la fluidez de la relación con aquellos órganos y agentes con los que los Servicios de esta Comisión deben interactuar de forma cotidiana en el ejercicio de sus funciones”. Otro de los puntos de ese acuerdo del Consejo señalaba que “todas las actuaciones que requieran movimiento de personal serán volunatrias e incentivadas”.

De los siete acuerdos adoptados por el Consejo de la CMT el 17 de febrero y que llevaron la tensión al límite, al menos esos dos antes señalados provocaron la inmediata reacción del Ministerio de Industria que no tuvo reparo alguno en exigir una aclaración sin respetar la independencia que debe tener un órgano regulador como ocurre en todos los países europeos.

La subsecretaria de Industria indica en su misiva que, tras conocer ese acuerdo, se ve en la obligación de precisar a Bustelo una serie de extremos. En relación al mantenimiento de una subsede en Madrid, el Ministerio de Industria afirma que tal decisión no da cumplimiento al Real Decreto del Gobierno. “No existe previsión normativa —añade— ni sería una medida consecuente con el cambio de sede, mantener operativas en Madrid dependencias de la CMT, lo que nada tiene que ver con la autonomía funcional y operativa de la Comisión que debe quedar garantizada”.

Industria concluye la misiva exigiendo que, por parte del Consejo de la CMT, se aclare este extremo a la mayor brevedad posible garantizando el obligado cumplimiento del Real Decreto que exige el traslado de la CMT a Barcelona. De momento la CMT no ha atendido a las presiones del departamento de Montilla y no ha dado marcha atrás. Estima que tiene autonomía absoluta para determinar cómo se debe acometer el traslado y que los acuerdos del Consejo no pueden ser modificados a instancias del Gobierno.

La CMT aprueba varias medidas laborales y obvia a Industria

Madrid. Otra de las exigencias de Industria hace referencia a las indemnizaciones para los trabajadores de la CMT. En la carta remitida a Bustelo se indica que “en caso de optar el trabajador por no trasladarse, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. La posibilidad de recolocación en otros servicios de la Administración del Estado en Madrid sólo tiene sentido que se contemple dentro de un conjunto de medidas acordadas con los representantes de los trabajadores donde quede garantizado el traslado a Barcelona”.

El Consejo de la CMT, invocando su plena independencia y exigiendo su autonomía en materia de relaciones laborales, fijación de la masa salarial y las indemnizaciones del personal, “que sólo están sometidas al régimen de comunicación posterior”, acordó el pasado lunes un paquete de medidas que estima necesarias para el establecimiento de la sede de la CMT en Barcelona. Esas medidas van mucho más allá de lo que marca el Estatuto de los Trabajadores como pretende Industria.

En concreto, según el acuerdo del Consejo, se ha presentado una oferta a los trabajadores que consta de cuatro opciones. La primera es la que pasa por el traslado voluntario con posibilidad de elegir dos fórmulas: una primera por la que se le abona el 60% del alquiler durante tres años más un plus de productividad del 15% del salario durante dos ejercicios. La otra hace referencia al abono de gastos de viaje y alojamiento a los que se trasladen a Barcelona durante un máximo de 18 meses.

La segunda opción para los que se trasladen a la Ciudad Condal permitirá la promoción automática con paso a la categoría superior, o la garantía de quedar en el nivel retributivo máximo de los de su categoría o garantizar un complemento del 10% del salario anual durante dos años. La tercera opción es la de la recolocación en el ámbito público. Esta queda supeditada al acuerdo que debe alcanzarse con Industria. La última opción son medidas de baja voluntaria que permiten una excedencia especial de un año, otra de cinco años con reserva del puesto en Barcelona, la excedencia ordinaria, o la rescisión del contrato con el abono de 60 días por año trabajado, un 30% más de lo que marca el Estatuto.


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