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La Administración despilfarra recursos por no usar 'software libre'


El Tribunal de Cuentas critica en su último informe que el MAP esté gastando más de cinco millones de euros en licencias de Microsoft cuando podría implantar un sistema gratuito como Linux.




Un informe del Tribunal de Cuentas asegura que el Ministerio de Administraciones Públicas está gastando más de 5 millones de euros innecesariamente en sistemas informáticos. El informe hace referencia a la retirada del Proyecto Rhodas que consistía en la sustitución del sistema operativo Microsoft Windows, con grandes costes por el pago de licencias, por el software libre Linux, totalmente gratuito.

El informe mantiene que los argumentos del MAP para retirar la implantación del software libre no tienen peso. Desde la Administración se alegaba que el Linux no permitía la interoperabilidad, es decir la conexión entre las diferentes administraciones.

Cuestión que desmiente el Tribunal de Cuentas, asegurando que únicamente a veces no resulta compatible con algunos de los programas de Microsoft. Pero, añade el estudio, sí resulta compatible con Word y Excel, que son manejados sin problemas por las herramientas ofimáticas libres. Por estas razones el Tribunal critica el despilfarro innecesario que se está produciendo en el pago de licencias informáticas.

El análisis pone de relieve las ventajas del Proyecto Rhodas, entre las que destaca que el sistema operativo es gratuito ya que no hay que pagar ningún tipo de licencia. Mientras que con el actual sistema de software propietario sí. Este punto es clave si se tiene en cuenta que el proyecto abarca a un total de 197 sedes en toda España, unos 200 servidores y alrededor de 8.000 puestos de trabajo.

Así, uno de los principales motivos para apostar por el Proyecto Rhodas es el económico. Hay que tener en cuenta el elevado precio de una licencia Windows. Si a ello se le añaden los miles de puntos en los que es necesario instalar los sistemas, más el mantenimiento de los mismos, el precio que paga el MAP es desorbitado. Sin embargo, si se opta por el software libre, los costes se reducen a cero euros. Todo el dinero que la Administración se ahorraría lo podría invertir en la instalación, mantenimiento y formación del sistema, no teniendo que gastar nada en licencias.

Además, el Linux (sistema operativo libre) dota de independencia a la Administración respecto de cualquier sector privado o empresa. Esto supone no estar atado a las condiciones de mercado impuestas por ciertas empresas en situación de monopolio.

Otra de las ventajas es que Linux es inmune ante la inmensa mayoría de los virus, que afectan exclusivamente a los sistemas Windows. Por otra parte, este sistema opertivo permite que las modificaciones y correcciones de los posibles errores se realicen de forma inmediata. Así, las aplicaciones están en continua mejora y en proceso de evolución.

Otra de las aportaciones clave de Linux radica en la interoperabilidad que facilita, siendo este un aspecto fundamental para las Administraciones Públicas, dada la gran cantidad de unidades con responsabilidades en informática.

Además, no hay restricción de uso y se pueden incorporar cuantos usuarios lo requieran, sin limitación de licencias ni de copias.

El proyecto Rhodas tiene una gran dimensión ya que el número de ordenadores personales en el conjunto de las Administraciones Públicas se sitúa entorno a los 700.000. Más del 95% de estos ordenadores personales tienen instalada alguna versión del sistema operativo de Microsoft y diversas herramientas también de software propietario.

Así, el Estado está gastando cientos de millones de euros sin necesidad en lugar de optimizar sus recursos y dedicarlos a dar un servicio más eficaz. Incluso aplicando un descuento del 50% sobre los precios comerciales básicos (según la mejor oferta de Microsoft para las grandes corporaciones), el coste de licencias por la instalación únicamente, por ejemplo, Windows-XP y Office-XP se sitúa entorno a los 600 euros por cada ordenador personal, con un coste similar de actualización cada 4 ó 5 años. Cifra importante si se tiene en cuenta que la Administración tiene alrededor de 700.000 ordenadores personales en toda España.

Linux permite la conexión entre las administraciones
Entre las alegaciones del MAP para la retirada del software libre destacaba que este sistema no permitía la interoperabilidad, es decir, un trabajo conectado entre las diferentes administraciones. Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas asegura que este punto no es cierto y explica que el problema no radica en el software libre sino en que algunas administraciones se empeñen en mantener programas de Microsoft que sí resultan incompatibles.

El estudio añade que el continuar con sistemas por los que hay que pagar licencias puede resultar comprensible desde un punto de vista estrictamente comercial y particular de la empresa privada, pero que deviene "totalmente rechazable" para una política racional de compras y gestión del software por la Administración pública, obligada a los principios de economía y eficiencia. El informe continúa que el MAP entiende interoperabilidad como sinónimo de "compatibilidad con Microsoft" y acepta como estándar único a las especificaciones de dicha plataforma, hasta el punto de que todos los órganos de la Administración se viesen en la obligación de adaptarse pasivamente a las mismas, adquiriendo todos los productos que la citada compañía fuese sucesivamente comercializando (dado que, además, por la indudable lógica de los negocios, interesa en ciertos casos de dominio del mercado que cada nuevo producto sea incompatible con los anteriores de la propia compañía).

El estudio se apoya en las definiciones que la Unión Europea hace de interoperabilidad y que hablan de la capacidad de los sistemas de tecnologías de la información y comunicaciones de intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de información y conocimientos. Y el Plan eEurope-2005 también habla del uso de programas de fuentes abiertas como Linux.

Reproducido de Expansion

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