El conocimiento de tal hecho nos parece muy preocupante, entre otros motivos, porqué la AEPD forma parte del Comité de Coordinación y Comisión técnica del nuevo DNI electrónico, creado en el mes de Abril, y que está presidido por María Teresa Fernández de la Vega, siendo su vicepresidente el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho Vizcaíno. El Comité cuenta además, con distintos representantes de los ministerios de Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales, Industria, Turismo y Comercio, Interior, Economía y Hacienda, Presidencia y Administraciones Públicas.
El plan que, según su anuncio de licitación aparecido en el BOE de fecha 18 de enero de 2005, tiene un coste aproximado de 100 millones de euros, prevé que el DNI electrónico conste de un soporte físico que será de policarbonato y de idénticas dimensiones que el documento actual. En el anverso del mismo, además, se insertará un chip con los datos del titular y con el que se posibilitará la firma digital. Por otra parte, en el anuncio del BOE se indica además que, todo el soporte técnico y de desarrollo del futuro DNI electrónico, será llevado a cabo por la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior.
La CLI solicitó en esa reunión con la AEPD, los informes técnicos y jurídicos que tendrían que conformar la base de trabajo, tanto del Comité de Coordinación, como de los Subcomités sectoriales que ya han sido creados, con el fin de conocer el tipo de datos de carácter personal que serán incluidos en el mismo así como de las funcionalidades previstas de uso del documento pero, al no obtener información alguna, ha decidido remitir sendas cartas de solicitud de reunión, a la Vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega en su calidad de Presidenta del citado Comité de Coordinación.
Igualmente, la CLI se dirigirá a los portavoces de los Grupos Parlamentarios para conocer qué tipo de control, dando por supuesto que existe, está llevando a cabo el Parlamento sobre la realización y trabajos que están ocupando a la Dirección General de la Policía en lo que respecta al DNI Electrónico.
La preocupación de la CLI ante la falta de obtención de dichos informes, pasa por la necesidad de verificar el tipo de datos que contendrá el futuro documento nacional de identidad de los ciudadanos españoles certificado básico que reconoce la identidad de cada persona y las garantías que asisten al mismo por parte de proveedores, instituciones y entidades relacionadas con el proyecto de desarrollo, ante la premura por el anuncio del gobierno de que el lanzamiento de este proyecto, en fase piloto, está previsto para principios de 2006.
La CLI considera igualmente grave que, a diferencia de otros países bien cercanos de la UE (Francia, por ejemplo), exista tal desinformación entre la sociedad civil. En consecuencia, la Comisión de Libertades e Informática expondrá una vez más, en la ronda de contactos anunciada, la necesidad de un debate social previo a la puesta en marcha del citado DNI-e.
Forman parte de la Comisión de Libertades Informáticas
AI: Asociación de Internautas
ALI: Asociación de Doctores, Licenciados e Ingenieros en Informática,
APDHE: Asociación Pro Derechos Humanos de España,
CCOO: Comisiones Obreras,
CECU: Confederación de Consumidores y Usuarios,
FADSP: Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública,
UGT: Unión General de Trabajadores.
El plan que, según su anuncio de licitación aparecido en el BOE de fecha 18 de enero de 2005, tiene un coste aproximado de 100 millones de euros, prevé que el DNI electrónico conste de un soporte físico que será de policarbonato y de idénticas dimensiones que el documento actual. En el anverso del mismo, además, se insertará un chip con los datos del titular y con el que se posibilitará la firma digital. Por otra parte, en el anuncio del BOE se indica además que, todo el soporte técnico y de desarrollo del futuro DNI electrónico, será llevado a cabo por la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior.
La CLI solicitó en esa reunión con la AEPD, los informes técnicos y jurídicos que tendrían que conformar la base de trabajo, tanto del Comité de Coordinación, como de los Subcomités sectoriales que ya han sido creados, con el fin de conocer el tipo de datos de carácter personal que serán incluidos en el mismo así como de las funcionalidades previstas de uso del documento pero, al no obtener información alguna, ha decidido remitir sendas cartas de solicitud de reunión, a la Vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega en su calidad de Presidenta del citado Comité de Coordinación.
Igualmente, la CLI se dirigirá a los portavoces de los Grupos Parlamentarios para conocer qué tipo de control, dando por supuesto que existe, está llevando a cabo el Parlamento sobre la realización y trabajos que están ocupando a la Dirección General de la Policía en lo que respecta al DNI Electrónico.
La preocupación de la CLI ante la falta de obtención de dichos informes, pasa por la necesidad de verificar el tipo de datos que contendrá el futuro documento nacional de identidad de los ciudadanos españoles certificado básico que reconoce la identidad de cada persona y las garantías que asisten al mismo por parte de proveedores, instituciones y entidades relacionadas con el proyecto de desarrollo, ante la premura por el anuncio del gobierno de que el lanzamiento de este proyecto, en fase piloto, está previsto para principios de 2006.
La CLI considera igualmente grave que, a diferencia de otros países bien cercanos de la UE (Francia, por ejemplo), exista tal desinformación entre la sociedad civil. En consecuencia, la Comisión de Libertades e Informática expondrá una vez más, en la ronda de contactos anunciada, la necesidad de un debate social previo a la puesta en marcha del citado DNI-e.
Forman parte de la Comisión de Libertades Informáticas
AI: Asociación de Internautas
ALI: Asociación de Doctores, Licenciados e Ingenieros en Informática,
APDHE: Asociación Pro Derechos Humanos de España,
CCOO: Comisiones Obreras,
CECU: Confederación de Consumidores y Usuarios,
FADSP: Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública,
UGT: Unión General de Trabajadores.