Las compañías de móviles ingresaron 1.385 millones por el redondeo en 2004


Los consumidores exigen al Gobierno que se cobre por el tiempo real de servicio




RAMÓN MUÑOZ - Madrid EL PAÍS - Economía - Las compañías de telefonía móvil ingresaron el pasado año alrededor de 1.385 millones de euros por el redondeo al alza de sus tarifas, es decir, por el cobro de fracciones enteras de tiempo (el primer minuto de conversación y cada 30 segundos después) aunque las llamadas sean de duración inferior. De hecho, cobraron de media a cada cliente 3,1 horas de conversación que, en realidad, no consumieron. Las asociaciones de consumidores han pedido al Gobierno que corte esta práctica como hizo con los aparcamientos, a los que obligó a cobrar por el tiempo real del servicio.

El redondeo es un buen negocio para las operadoras. En 2004, las tres compañías que explotan el mercado español (Telefónica Móviles, Vodafone y Amena) facturaron 7.288 millones de minutos no consumidos, según los datos oficiales del informe anual de 2004 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Teniendo en cuenta que el precio medio por minuto es de 0,19 euros, los ingresos de las compañías por el redondeo el pasado año ascendieron a 1.385 millones de euros. Desde 1999, la facturación por este concepto ha superado los 7.000 millones de euros.

El asunto no es baladí si se tiene en cuenta que los minutos facturados y no consumidos por los clientes representaron el 17% del total en 2004, es decir, que de las 18,8 horas que se facturan de media por año a cada cliente, éste sólo ha hablado en realidad 15,7 horas.

El redondeo es una práctica general en telefonía tanto fija como móvil, aunque en este último caso las compañías tienen más libertad de acción puesto que las tarifas -tanto mayoristas como minoristas- no están reguladas.

Las tres compañías aplicaban hasta ahora de forma generalizada el redondeo del primer minuto, que facturaban entero, junto al establecimiento de llamada, aunque la duración de la conversación fuera menor. Posteriormente, comenzaron a aplicar el redondeo por tramos de 30 segundos a partir del primer minuto para los clientes de prepago.

Vodafone extendió este modelo de facturación también a sus clientes de contrato, como hará Movistar también a partir del 1 de septiembre. De esta forma, una llamada de un minuto y un segundo cuesta igual que una de un minuto y medio, y una de un minuto y 31 segundos, lo mismo que una de dos, y así sucesivamente cada tramo de 30 segundos. Las compañías se defienden señalando que el porcentaje de minutos de redondeo se ha rebajado notablemente en los últimos años (en el 2000 suponía el 25% del total), que el precio medio del minuto también ha caído (un 24% desde 2000) y que se ha eliminado o rebajado notablemente la cuota de abono mensual, por lo que el efecto sobre la factura no es una subida de tarifas.

Una opinión contraria a la que tienen las asociaciones de consumidores. Éstas quieren que el Gobierno actúe de la misma forma que hizo con los aparcamientos, a los que se prohibió redondear al alza por fracciones de media o de una hora.

Al igual que en ese caso, asociaciones como la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) o la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), estiman que el cobro de segundos de conversación no consumidos supone una vulneración de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que considera abusivas aquellas condiciones que impongan incrementos de precios por servicios no prestados.

Compromiso incumplido

Precisamente éste fue el precepto legal utilizado en 2003 por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la demanda judicial interpuesta con éxito contra varias empresas del sector de los aparcamientos por cobrar completa una hora a los usuarios aunque sus vehículos permanecieran menos tiempo en sus recintos.

Aunque el Gobierno se comprometió entonces a acabar con el redondeo en los móviles y creó una comisión mixta al efecto, no sólo no se ha acabado con esta práctica sino que se ha seguido extendiendo. La iniciativa partió tras una investigación del Defensor del Pueblo, que consideró un abuso este método de facturación de las empresas.

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