Terra Actualidad - EFE .- La CMT tendrá que hacer frente, a partir del año que viene, al pago de 1,5 millones de euros anuales por el alquiler de cuatro plantas de oficinas en la Torre Mapfre de Barcelona, que servirán para instalar su sede provisional hasta que encuentre una ubicación definitiva en la capital catalana.
Este desembolso provocará que los gastos externos y de explotación del organismo regulador aumenten más del 31 por ciento, hasta los 5,8 millones de euros, según figura en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006.
La cuenta de resultados prevista para el año que viene también refleja un crecimiento de los gastos de personal del 10,3 por ciento, hasta 9,5 millones de euros.
De hecho, el traslado de la sede ha llevado a la entidad a renovar el 20 por ciento de su plantilla con la oferta de 28 nuevos puestos de trabajo.
En contraposición a esta tendencia de crecimiento de los gastos, la partida que engloba las ventas y los ingresos por prestación de servicios y otros ingresos de explotación se mantendrá estable en 29,4 millones de euros.
La combinación de estos dos factores -el aumento de los gastos y el mantenimiento de los ingresos- provocará que el resultado bruto de explotación de la CMT caiga en 2006 el 13,8 por ciento, hasta 14,2 millones de euros, mientras que el neto se situará en 13,1 millones, el 15,5 por ciento menos.
El traslado de la sede de la CMT de Madrid a Barcelona responde al compromiso electoral del Gobierno de descentralizar las sedes de algunos organismos públicos y ubicarlas en varias comunidades autónomas, con el objetivo de configurar una 'España plural'.
Esta decisión provocó la dimisión de su anterior presidente, Carlos Bustelo, quien llegó a calificarla de 'deportación', así como la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por parte de la Comunidad de Madrid.
El organismo ahora presidido por Reinaldo Rodríguez fue creado en el año 1996 con motivo del inicio de la liberalización del mercado español de las telecomunicaciones, y se trata de un organismo adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Sus funciones son la supervisión de las obligaciones de los operadores, el fomento de la competencia y la resolución de conflictos entre las empresas en los mercados de telecomunicaciones y audiovisuales.
Este desembolso provocará que los gastos externos y de explotación del organismo regulador aumenten más del 31 por ciento, hasta los 5,8 millones de euros, según figura en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006.
La cuenta de resultados prevista para el año que viene también refleja un crecimiento de los gastos de personal del 10,3 por ciento, hasta 9,5 millones de euros.
De hecho, el traslado de la sede ha llevado a la entidad a renovar el 20 por ciento de su plantilla con la oferta de 28 nuevos puestos de trabajo.
En contraposición a esta tendencia de crecimiento de los gastos, la partida que engloba las ventas y los ingresos por prestación de servicios y otros ingresos de explotación se mantendrá estable en 29,4 millones de euros.
La combinación de estos dos factores -el aumento de los gastos y el mantenimiento de los ingresos- provocará que el resultado bruto de explotación de la CMT caiga en 2006 el 13,8 por ciento, hasta 14,2 millones de euros, mientras que el neto se situará en 13,1 millones, el 15,5 por ciento menos.
El traslado de la sede de la CMT de Madrid a Barcelona responde al compromiso electoral del Gobierno de descentralizar las sedes de algunos organismos públicos y ubicarlas en varias comunidades autónomas, con el objetivo de configurar una 'España plural'.
Esta decisión provocó la dimisión de su anterior presidente, Carlos Bustelo, quien llegó a calificarla de 'deportación', así como la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por parte de la Comunidad de Madrid.
El organismo ahora presidido por Reinaldo Rodríguez fue creado en el año 1996 con motivo del inicio de la liberalización del mercado español de las telecomunicaciones, y se trata de un organismo adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Sus funciones son la supervisión de las obligaciones de los operadores, el fomento de la competencia y la resolución de conflictos entre las empresas en los mercados de telecomunicaciones y audiovisuales.
