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El canon llega a los MP3


A la polémica de nunca acabar del canon de los CDs y DVDs, hay que añadirle ahora un nuevo gravamen que se aplicará a los reproductores MP3, teléfonos móviles y previsiblemente a los ordenadores portátiles. Los usuarios y fabricantes claman ante la futura ley que busca resarcir a las sociedades de gestión de los avances tecnológicos. Algo que resulta incomprensible para la mayoría.




Rufino Contreras en Computer ¡dea. La bomba estallaba a primeros de marzo pasado. La Comisión de Cultura del Congreso aprobaba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual con el consenso de todos los grupos parlamentarios (sólo un voto en contra y dos abstenciones), algo bastante extraño en un país donde las decisiones políticas siempre abren brechas irreconciliables. El nuevo texto amplía el canon a reproductores de MP3, teléfonos móviles o incluso ordenadores portátiles, aunque este extremo no queda expresamente indicado. De momento quedan exentos del pago de compensación los discos duros de los ordenadores de sobremesa y las líneas de banda ancha ADSL y cable, dispositivos que serán regulados por el Gobierno con un reglamento posterior.

Según el proceso habitual, las tarifas definitivas que abonarán los fabricantes y que repercutirán en el PVP de los productos, deberán ser negociadas con las entidades de gestión de derechos, pero mientras se aprueba la ley y se fijan, serán dictadas por el Gobierno .

La nueva ley tampoco resuelve la laguna legal por la que para hacer uso de la copia privada hay que saltarse los sistemas anti-copia que incluyen algunos DVDs y CDs . Con la nueva legislación se introduce el derecho para los fabricantes a incluir en sus productos sistemas anti-copia que limiten o incluso impidan la realización de cualquier tipo de copia del medio, incluso si es para uso privado.

La industria anda revuelta

Al propio hecho del canon directo sobre reproductores MP3, se añade la circunstancia de que la SGAE ha requerido a dos fabricantes de reproductores digitales (aunque sólo ha trascendido al gran público el caso Apple) el pago de una compensación con carácter retroactivo. En el caso de Apple, la sociedad general de autores reclama el pago de 10 euros por iPod vendido desde el inicio de su comercialización en nuestro país. Puestos en contacto con Apple, la filial española declinó cualquier comentario por no interferir en las conversaciones que se están llevando a cabo entre su gabinete jurídico y los abogados de la SGAE. Desde el punto de vista objetivo, los reproductores de Apple incluyen DRM y las descargas a través de la tienda iTunes llevan implícitas un gravamen por canción, por lo que no parece lógico gravarlos.

Los fabricantes españoles, encuadrados en Asimelec, consideran el nuevo canon como desproporcionado y que puede interferir negativamente en su cuenta de resultados. Este punto de vista es compartido por Elías Delgado, director de marketing de Creative (empresa que forma parte de la asociación española citada) que más allá de discutir en la conveniencia del canon avisa del peligro de que un producto que cuesta 300 euros se vea gravado con 70 euros más. En su opinión «El porcentaje de euros debería estar basado en el precio del reproductor nunca en su capacidad, dadas las rebajas de precios que experimenta este mercado merced a la competencia tecnológica».
Asimelec ha creado una comisión mixta constituida por expertos legales y expertos en tecnología para elaborar una contrapropuesta y presentarla a la Sociedad General de Autores con el fin de evitar que su negocio pueda verse ahogado.

La SGAE se defiende

Los fabricantes temen que de prosperar el canon, los usuarios y algunas cadenas de distribución optarán por adquirir productos en otros países (como en Inglaterra, Portugal o Andorra) donde no se aplica y resultarán sensiblemente más baratos. Según Elías, «Esto puede ser caldo de cultivo para la piratería y la importación en paralelo lo cual afectaría directamente en nuestras ventas». Grandes cadenas como Carrefour, con presencia en todo el continente, también podrían aprovechar la situación.

¿Pero se da la industria por vencida ante la aplicación del canon? ¿Ha dado Asimelec la batalla por perdida? Según su portavoz «Todos los reproductores de Creative (merced a un acuerdo con Microsoft) disponen de DRM, gestor de derechos de autor, que se incluye a través de un firmware, con lo que la música queda protegida».

Existe un matiz: no es lo mismo una copia exacta de la obra como una compresión del formato original, con lo cual no se trata de una copia exacta, por lo que no debería aplicarse el ratio de igual forma. Este es el gran caballo de batalla de Asimelec a la hora de negociar unas condiciones más ventajosas, dado que la que la SGAE llama copia se trata en términos tecnológicos «una primera compresión»

En este clamor generalizado, todas las quejas van a dirigidas contra la SGAE como inductora del nuevo canon y auténtico grupo de presión que maneja los hilos de la cultura audiovisual de nuestro país.

Incluso, Robert Stallman, profeta del software libre, en su reciente visita a Madrid se despachaba a gusto contra la entidad que preside Eduardo Bautista señalando que su política de copyright no respeta la libertad. El creador de la licencia GNU es partidario de defender el copyleft como un sistema más idóneo para defender los intereses de todos los artistas.

Pedro Farré, director de Gobierno Corporativo de la SGAE, ha asumido el protagonismo en algunos foros de la Red. En unos encuentros digitales con lectores de El Mundo, destacó el gran crecimiento experimentado por las ventas de CDs vírgenes y de dispositivos MP3 del 150% y 25%, respectivamente. Y lanzó la siguiente pregunta: «¿Para que hacen falta esos soportes, dispositivos y conexiones si no hay contenidos?»

Anclado en un principio inmutable, el portavoz de la SGAE se aferra a un mensaje automático: «El canon se justifica en base a la necesidad de compensar las pérdidas que el desarrollo tecnológico genera a quienes crean los contenidos». Y apostilla. «Si hay copia privada, tiene que existir también canon compensatorio».

Y no sin habilidad, lanza al tejado de la industria la pelota: «Quien está obligado a pagar este derecho no es el consumidor final, sino los fabricantes e importadores. La ley lo dice muy claro. Creo que los consumidores deberían exigir que el canon no se repercutiera al consumidor final».

Otras voces se han hecho oír Internet, algunas tan autorizadas como la de Javier de la Cueva, abogado famoso por combatir el canon en los tribunales. Para él, la nueva ley supone llevarnos al feudalismo tecnológico y someter toda la actividad de registro digital a los intereses de una minoría: las entidades de gestión.

TODOS CONTRA EL CANON

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