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Montilla suspende en la España digital


El Plan Avanza para paliar el retraso tecnológico ha nacido lastrado. Asociaciones empresariales, consumidores e internautas se han rebelado contra el ministro de Industria.




Le exigen más presupuesto y advierten que, con el actual modelo, persistirán las desigualdades entre los entornos urbano y rural y jamás se alcanzará la convergencia con Europa.

En 2004, un exultante José Luis Rodríguez Zapatero se presentaba en el debate de investidura con una maleta cargada de proyectos.Entre ellos, y recogiendo uno de sus compromisos electorales, figuraba un amplio programa para sacar a España de la sima tecnológica en la que se halla, para reducir la perenne brecha que le separa con Europa en el uso de las nuevas tecnologías. Jamás, un presidente de Gobierno había dedicado, en un debate de investidura, tanto tiempo a hablar de tecnología.

Sin duda, se trataba de una gran apuesta, bautizada bajo el nombre de Plan Ingenio 2010. Zapatero no sólo tenía un proyecto sino también el hombre que se encargaría de liderarlo. José Montilla fue el elegido, en su calidad de ministro de Industria, Comercio y Turismo. Sobre la mesa, un país sometido a un endémico problema de retraso tecnológico, con unos ciudadanos con ratios de uso de Internet muy por debajo de la media europea y unas empresas a la cola en inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Han pasado dos años, media legislatura, y el balance no se corresponde con las expectativas creadas por el presidente del Gobierno.

España ha perdido dos puestos en el ranking mundial sobre el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que elabora el Foro Económico Mundial. La brecha existente entre el nivel de acceso y uso de las tecnologías en el entorno urbano y el rural no sólo no se ha reducido, sino que sigue ampliándose.Usar Internet y otras tecnologías en la ciudad y en los pueblos es como hacerlo en mundos completamente diferentes.

Los precios del ADSL siguen por encima de la media europea; la competencia en la prestación de servicios continúa sin despegar; el operador dominante, Telefónica, acapara más del 78% del mercado; la tendencia descendente de los niveles de productividad de las empresas españolas sigue sin invertirse.

Una situación que ha sido calificada de «decepcionante» por Nikesh Aora, vicepresidente de Google, el famoso buscador de Internet, que en una reciente visita a España se mostró muy sorprendido por la situación de retraso. «Estoy un tanto decepcionado con el mercado español. La banda ancha no ha despegado tanto como en otros países y muchos negocios, como el de las pequeñas empresas, no se han dado cuenta aún del poder de la Red», afirmó el ejecutivo de Google. Es sólo una de las muchas opiniones al respecto.

Un experto del sector ha definido la situación de esta forma: «España avanza, sí, pero muy lentamente, lo que está provocando que países emergentes como Chile o Malta, entre otros, nos hayan superado en el ranking de uso de las nuevas tecnologías». Este experto utiliza el verbo avanza con un intencionado doble sentido, porque es precisamente el Plan Avanza la punta de lanza del programa Ingenio 2010. Un plan diseñado durante 2005 por el equipo de Montilla, cargado de buenos y grandes objetivos, pero de difícil cumplimiento.

Uno de los factores que ha torcido el proyecto de Montilla ha sido precisamente la ruptura del consenso inicial de su Ministerio con los agentes sociales y empresariales. El Gobierno puso en marcha en 2005 una Ponencia dentro del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Catsi) e invitó a todos los agentes concernidos con el sector a participar en ella. Lo que iba a ser un proyecto de todos comenzó a hacer aguas, el clima entre los participantes fue enrareciéndose y empezaron las deserciones.

«El Plan Avanza nació lastrado desde el principio, porque Industria optó por el 'mínimo común denominador' para contentar a todas las partes. Lo que salió fue un plan cercenado, muy limitado financieramente, ya que cualquier negativa de alguno de los participantes a una propuesta invalidaba ésta, así que nos hemos quedado con un Plan Avanza de mínimos», afirman a EL MUNDO fuentes de Astel, la patronal que agrupa a todos los operadores de telecomunicaciones, excepto Telefónica.

Astel cree que el Plan Avanza no va a reducir la brecha digital entre zonas urbanas y rurales, «porque para esto habría que haber impulsado el desarrollo de una red troncal de banda ancha alternativa a la de Telefónica. Se hubieran incentivado tanto las inversiones de los competidores como las de Telefónica. Esto no se ha hecho y el dominante seguirá teniendo el cuasi monopolio en las zonas rurales, porque es la única que llega. Los usuarios de estas zonas no dispondrán de ofertas alternativas».

Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas también incide en el riesgo de la exclusión social. «Para nosotros es fundamental la universalización de la banda ancha y la bajada de precios de los servicios. Y el Plan Avanza no ha querido apostar por la universalización», afirma Domingo. «Según nuestros cálculos, ahora mismo hay en España cuatro millones de abonados telefónicos que no tienen acceso a ADSL y eso no se va a solucionar porque el Gobierno no ha querido dedicar recursos a la universalización de Internet». Y no sólo eso, sino que además, mientras en zonas urbanas se alcanzan velocidades de navegación de 20 megas, en las zonas rurales en las que se puede disponer de Internet, a duras penas se alcanza el mega.

El responsable de la Asociación de Internautas propuso la creación de un fondo de compensación financiado por el sector y las administraciones, para costear la llegada de las operadoras a zonas rurales, «y no ser meros revendedores de Telefónica». Su idea no fue aceptada.

«Sin infraestructuras alternativas no hay competencia ni bajada de precios, con lo que la desigualdad entre las posibilidades de un usuario urbano y uno rural es descomunal», afirma otro experto del sector.

Tampoco Aetic, la patronal que representa a la industria de las telecomunicaciones y la electrónica, ha ahorrado críticas al plan de Montilla. Su presidente, Jesús Banegas, que también participó en la elaboración del Plan Avanza ha criticado que el diseño definitivo del programa no haya incluido «muchas de las medidas recogidas en la ponencia del Catsi» y ha pasado de ser inicialmente un plan ambicioso a convertirse en un programa limitado. «El plan no adquiere los compromisos necesarios para conseguir el impulso mínimo requerido para alcanzar la convergencia con la Unión Europa», afirma Banegas, que destaca «la inexistencia de obligaciones presupuestarias a partir de 2007».

Todos los participantes en la ponencia, que posteriormente han criticado el plan, coinciden en exigir más dotación prespuestaria para conseguir los objetivos fijados y que exista el compromiso de mantenimiento de esta inversión durante los cuatro años que dura el plan.

Sin embargo, fuentes de Industria afirman que al Plan Avanza se destinarán los 5.700 millones de euros comprometidos, pero la partida correspondiente a cada año se aprobará en el marco de los Presupuestos Generales del Estado. Es eso lo que se ha hecho con el presupuesto para 2006, que asciende a 1.197 millones de euros, de los que 785,6 millones corresponden a la nueva partida asignada al Plan Avanza, y 412,1 millones a otras que Industria ya había aprobado. Si las patronales inciden en la insuficiencia financiera del Plan Avanza (en Industria les devuelven la crítica afirmando que «como empresas lo que hacen es pedir más y más dinero»), las organizaciones de consumidores critican que Industria «ha evitado coger el toro por los cuernos e incluir en el plan fórmulas no sólo de impulso de las TIC, sino que ataquen el problema desde abajo». Así se expresan desde la organización de consumidores Facua, donde se preguntan: «¿Por qué el servicio ADSL, tan imprescindible para el desarrollo de la sociedad, no está incluido en el concepto de servicio universal?» [sistema por el que Gobierno obliga a Telefónica a llevar la línea telefónica a todo el territorio, incluso donde no es rentable].

Además, Facua reconoce que el Gobierno no puede incidir en los precios minoristas del ADSL, pero exige fórmulas para reducir las «tarifas desproporcionadas del ADSL».

En el haber de Montilla, sin embargo, figura el logro de convencer a su compañero de gabinete, Pedro Solbes, para mantener las ayudas a la I+D+i. El vicepresidente económico propuso reducirlas o suprimirlas por poco efectivas, lo que habría supuesto la puntilla definitiva al Plan Avanza. Al final, se han mantenido.

Tiene un periodo de aplicación de cuatro años (2006/2010) y su objetivo es, precisamente, corregir el retraso de España. Montilla lo ha denominado «Plan de Convergencia con Europa y entre nuestras comunidades autónomas» y prevé que, en 2010, el volumen económico de las TIC sobre el Producto Interior Bruto (PIB) sea del 7%, frente al 5,7% actual. En I+D+i, eje vital para la competitividad de las empresas españolas, el objetivo es duplicar el raquítico 1,1% del PIB que éstas invierten actualmente. El objetivo de Montilla es alcanzar el 2% en 2010, frente al 3% que se ha fijado la Unión Europea, en el marco de la Agenda de Lisboa.

En lo referente al uso de las tecnologías en la ciudadanía, el Plan apuesta por elevar al 62% los hogares conectados a Internet en 2010, de ellos, un 45% tendrían banda ancha.

Desde Industria piden tiempo y destacan que aún es pronto para calibrar si el Plan Avanza va a cubrir las expectativas iniciales.Se aprobó en noviembre de 2005 y se ha empezado a ejecutar en enero de este año. El Ministerio, y muy especialmente Red.es, la sociedad creada para el impulso de la Sociedad de la Información, han puesto varios proyectos en marcha en el primer trimestre.

Uno de los más importantes es el Plan de Dinamización de los 3.000 telecentros de acceso a Internet ubicados en otros tantos pueblos. Con una inversión de 2,5 millones y una duración de 18 meses, el plan quiere incentivar el uso práctico de Internet (banca online, comercio electrónico, búsqueda de información...).

También se han firmado los convenios con las CCAA y varios ministerios para proyectos como el de Sanidad en Red (receta electrónica, telemedicina), con una partida de 252 millones de euros; Internet en el aula, con una inversión de 460 millones; Justicia en Red, para informatizar el servicio de instituciones penitenciarias; y el DNI electrónico, con un proyecto piloto en Burgos.

Mientras las discrepancias en el acceso a Internet son palpables entre los afectados y la Administración, en los avances digitales del sector de los medios de comunicación, se produce un claro contraste. De una parte, sorprende la rapidez con la que se está implantando la Televisión Digital Terrestre (TDT), por la rapidez con la que el público está comprando los descodificadores. Más de 7,5 millones de ciudadanos ven ya en sus casas los programas que se emiten a través de este sistema.

Sin embargo, la radio digital, que se lanzó casi un lustro antes que la TDT, se encuentra en una fase mucho más retrasada. España apostó por el sistema europeo DAB (Digital Audio Broadcasting), que permite multiplicar el número de operadores, pero encarece los receptores. Además, el apagón analógico, cuando las emisoras sólo emitan por el sistema digital, se ha fijado para el año 2010, un horizonte aparentemente lejano para el consumidor. De ahí que, entre unos y otros motivos, los oyentes apenas demanden aparatos.

Reproducido de Nueva Economía EL Mundo

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