Cinco Dias - Ayer volvió a producirse la práctica unanimidad entre los grupos políticos del Senado en torno a la ley que reforma los derechos de propiedad intelectual en España. 232 senadores se mostraron a favor de ampliar el cobro del llamado canon digital a los nuevos soportes de descarga electrónica de contenidos como vía para compensar a los autores por la existencia del derecho a la copia privada. Este mismo texto legal ya había conseguido un consenso en el Congreso de los Diputados que es absolutamente inusual en un panorama político fuertemente polarizado.
La abrumadora mayoría lograda en las sedes parlamentarias contrasta con el intenso debate social que ha despertado la aprobación de la ley y que ha enfrentado a los autores, artistas y productores con los fabricantes de equipos electrónicos e internautas y al Ministerio de Cultura con el de Industria.
Pedro Farré, como portavoz de la Sociedad General de Autores (SGAE), se mostró ayer absolutamente satisfecho con el texto aprobado, que incorpora 12 enmiendas 'porque mejora la situación de los autores', aunque reconoció que quedan 'algunos flecos importantes que esperamos que se solucionen en el Congreso'.
Farré se refiere a la disposición que incluye la Ley que facilita al Estado crear una comisión arbitral que fije las tarifas del canon cuando entidades de gestión y usuarios no se pongan de acuerdo. 'Creemos que esa facultad es inconstitucional, porque el Estado no puede fijar el precio del bien de un tercero'.
Una opinión diametralmente opuesta la expresaba la Asociación de Internautas, que, a través de su presidente, Víctor Domingo, advirtió que 'si los políticos no reaccionan, llevaremos el canon al Tribunal Constitucional'. El representante de los internautas afirma que 'lo inconstitucional es cobrar un canon en compensación por nada' y critica el cambio de criterio del PP que hace un año se opuso al canon y ayer lo defendió.
Para Domingo, la existencia del canon es injusta, pero señala que, en caso de que se consagre, deberá existir la comisión arbitral. 'Será un mal menor, porque si la cuantía del canon se fija a partir de los intereses de las entidades de gestión, éstas se convertirán en agencias de recaudación'.
Fuentes de la Comisión que asesora sobre Sociedad de la Información al ministro de Industria, José Montilla, dijeron ayer que mantienen su oposición al canon por considerarlo 'injusto' y 'un freno al desarrollo tecnológico' y aseguraron que mantendrán su pugna en su último tramo en el Congreso.
La posición enfrentada de diferentes colectivos sociales tiene su reflejo en el Gobierno. Industria se ha alineado con fabricantes e internautas y el de Cultura con los autores. Siete entidades de gestión han remitido a Montilla una carta en la que le exigen que no sólo defienda a la industria de equipos electrónicos, sino también a la de creación fonográfica y audiovisual 'que genera negocio y puestos de trabajo en España y que no se somete a la deslocalización'.
La abrumadora mayoría lograda en las sedes parlamentarias contrasta con el intenso debate social que ha despertado la aprobación de la ley y que ha enfrentado a los autores, artistas y productores con los fabricantes de equipos electrónicos e internautas y al Ministerio de Cultura con el de Industria.
Pedro Farré, como portavoz de la Sociedad General de Autores (SGAE), se mostró ayer absolutamente satisfecho con el texto aprobado, que incorpora 12 enmiendas 'porque mejora la situación de los autores', aunque reconoció que quedan 'algunos flecos importantes que esperamos que se solucionen en el Congreso'.
Farré se refiere a la disposición que incluye la Ley que facilita al Estado crear una comisión arbitral que fije las tarifas del canon cuando entidades de gestión y usuarios no se pongan de acuerdo. 'Creemos que esa facultad es inconstitucional, porque el Estado no puede fijar el precio del bien de un tercero'.
Una opinión diametralmente opuesta la expresaba la Asociación de Internautas, que, a través de su presidente, Víctor Domingo, advirtió que 'si los políticos no reaccionan, llevaremos el canon al Tribunal Constitucional'. El representante de los internautas afirma que 'lo inconstitucional es cobrar un canon en compensación por nada' y critica el cambio de criterio del PP que hace un año se opuso al canon y ayer lo defendió.
Para Domingo, la existencia del canon es injusta, pero señala que, en caso de que se consagre, deberá existir la comisión arbitral. 'Será un mal menor, porque si la cuantía del canon se fija a partir de los intereses de las entidades de gestión, éstas se convertirán en agencias de recaudación'.
Fuentes de la Comisión que asesora sobre Sociedad de la Información al ministro de Industria, José Montilla, dijeron ayer que mantienen su oposición al canon por considerarlo 'injusto' y 'un freno al desarrollo tecnológico' y aseguraron que mantendrán su pugna en su último tramo en el Congreso.
La posición enfrentada de diferentes colectivos sociales tiene su reflejo en el Gobierno. Industria se ha alineado con fabricantes e internautas y el de Cultura con los autores. Siete entidades de gestión han remitido a Montilla una carta en la que le exigen que no sólo defienda a la industria de equipos electrónicos, sino también a la de creación fonográfica y audiovisual 'que genera negocio y puestos de trabajo en España y que no se somete a la deslocalización'.