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TODOS CONTRA EL CANON

Autores, creación y derechos (2)


A lo largo de este texto y más allá, en cualquier debate mediático o reunión con el Gobierno, siempre que se trata sobre propiedad intelectual constatamos que no faltan como protagonistas estelares las sociedades de gestión de derechos de autor o, para ser más exactos, la SGAE, la más poderosa y antigua entre ellas.




Ha llegado el momento en esta segunda parte del artículo de preguntarse: ¿Qué es exactamente esta entidad a la que se permiten semejantes prebendas y atropellos en perjuicio del conjunto de la sociedad? Lo cierto es que, atendiendo a las declaraciones apocalípticas sobre el fin de la cultura que realizan día sí y día también, uno diría que estamos ante El Parnaso español, al cual el resto de los mortales hemos de rendir pleitesía. Nada más lejos de la realidad (menudo alivio).

Verán, la clave está en la E de SGAE, E de Editores; con ello nos encontramos ante una sociedad consagrada a defender a la vez a Autores (A) y a Editores (E), presuponiendo que los intereses de los músicos coinciden plenamente con los de las discográficas que los emplean. ¿Trabajadores y patronos codo con codo en la misma estructura legal? Las reminiscencias a los sindicatos verticales de otrora dejan de ser especulativas cuando comprobamos que pese a datar su fundación de 1899, la SGAE no adquiere de pleno derecho su G de General hasta el 24 de junio de 1941, merced a una Ley del Generalísimo. Esta G es precisamente la que le concede hasta hoy (con permiso de las entidades de gestión menores) la exclusividad para el cobro y manejo de los derechos de autor, convirtiendo la afiliación en cuasiforzosa para todos aquellos músicos (y también otros artistas) que no quieran renunciar a determinados ingresos.

¿Exageramos? "Ya estamos en democracia, ¡algo habrá cambiado!", pensará algún lector. Revisemos entonces el funcionamiento de esta entidad, ciñéndonos a sus actuales estatutos, y cerciorémonos definitivamente de que en la SGAE todo está "atado y bien atado". ¿Qué criterio emplea esta entidad para otorgar el derecho a voto entre sus más de 80.000 socios y, más importante aún, el derecho a presentarse a las elecciones? Quevedo nos ilustra cuán poco originales son en esto Autores y Editores: Don Dinero. En la SGAE (Título II, Capítulo III, artículos 21 y 22.1 de sus estatutos) votas si recaudas un mínimo de dinero que ronda los 2.000 euros anuales. Además, cuanto más ganas, más votos obtienes. Por si fuera poco, si ganas lo bastante durante cinco años consecutivos, puedes obtener el voto permanente (pasando a ser una especie de senador vitalicio de las artes). Además, estos votos permanentes también son acumulables. De este modo, según los informes de esta entidad, en 2004 sólo 6.461 socios pudieron votar en las elecciones de la SGAE (un 8 por ciento del total). En cuanto al sufragio pasivo (Título II, Capítulo III, artículo 22.2), sólo pueden presentar su candidatura a la junta directiva los que se hallen entre la jet set que dispone de al menos 5 votos permanentes (o sea, al menos veinticinco años consecutivos de carrera muy lucrativa, esto es, "senadores" sensu strictu –del latín senex-senis, anciano–). Como consecuencia de ello, la junta directiva que rige los destinos de la SGAE (y que partió y repartió en 2004 más de 300 millones de euros en ingresos por derechos de autor) está invariablemente compuesta por los mayores imperios editoriales y discográficos y por los artistas más superventas y veteranos de la escena nacional. El panorama ante el que nos encontramos, pues, ya no es que recuerde al franquismo, es que nos retrotrae hacia el más puro feudalismo.

La conclusión que extraemos de esta radiografía del principal interlocutor de nuestros políticos en este proceso de reforma de la LPI no puede ser más demoledora. Consideramos intolerable desde la más elemental de las convicciones democráticas que tal sindicato heredado del franquismo, gobernado por una plutocracia gerontocrática y donde más del 90 por ciento de los socios carece del mínimo derecho a votar (por no hablar de la inmensidad de actores culturales al margen de estas estructuras) se arrogue en el debate público el monopolio para cortar el bacalao de la cultura. Y ello por más que se les llene la boca con esta palabra, ora considerándola un producto lujoso por el que el resto de ciudadanos-clientes estamos condenados a rendir tributo hasta la saciedad, ora como un patrimonio que sólo ellos pueden cultivar y custodiar y por el que el resto de ciudadanos-contribuyentes hemos de bendecirlos con infinitas subvenciones, protecciones o rebajas del IVA. ¿Acaso podemos aceptar los ciudadanos que la cultura, en minúsculas –y en plural–, se convierta en una jugosa mercancía, o en un objeto sagrado –como parece considerarla la ministra Carmen Calvo–, en lugar de defenderla como un procomún de saberes, creaciones, invenciones y prácticas que proviene de nuestros orígenes y que nos pertenece a todos?

Artículo del Colectivo Rizoma publicado en Málaga Hoy

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