Las Provincias EFE - Un juzgado de Barcelona está investigando a 115 personas que han sido acusadas por la Guardia Civil de falsear contratos de líneas telefónicas de más de 350 usuarios de 29 provincias españolas. Estos estafadores habrían cobrado unos ocho millones de euros por conseguir nuevos clientes.
Según explicó a Europa Press una de las guardias civiles que han llevado la investigación, Carmen López, Auna pagó esta cifra a la empresa subcontratada para conseguir nuevos contratos para la operadora telefónica.
Fuentes de la Guardia Civil informaron que los acusados falsificaban las firmas de los usuarios, normalmente personas de edad avanzada, o les engañaban para tramitarles un cambio de operador telefónico que no habían solicitado.
Durante la investigación, que se inició hace un año, los investigadores han encontrado 116 contratos en los que se habían falsificado las firmas de los usuarios y otros 186 se tramitaron después de engañarles y que accedieran a firmarlos.
Víctimas de avanzada edad
Las investigaciones de la Guardia Civil permitieron determinar que la mayor parte de los afectados eran personas de avanzada edad y que, al menos 352 de los 851 contratos analizados, son irregulares.
Los estafadores utilizaban un método bastante sencillo para engañar a sus víctimas. Les solicitaban alguna factura de la compañía telefónica con la que tuviera contrato, y así disponían de todos los datos necesarios para cambiar de operadora.
En algunos casos falsificaban directamente las firmas, pero en otros convencían a los propietarios de la línea para que firmaran un documento con el pretexto de que no tendría transcendencia en la facturación y que sólo servía para su divulgación comercial.
Actuaban individualmente
Los empleados imputados trabajaban individualmente y conseguían mayores comisiones cuantos más contratos obtenían, unos 20 euros por línea. Sin embargo, fuentes policiales recalcaron que no todos los empleados de esta empresa utilizaban estos métodos.
También se está investigando la implicación de los encargados y propietarios de la empresa. Ahora se está a la espera de la citación judicial para interrogar a todos los imputados.
Las provincias en las que se han desarrollado las investigaciones son Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Madrid, Zaragoza, Cáceres, Badajoz, Illes Balears, Valencia, Toledo, Navarra, Castellón, Alicante , Burgos, Córdoba, La Rioja, León, Huesca, Guadalajara, Valladolid, Teruel, Cuenca, Segovia, Málaga, La Coruña, Jaén, Ciudad Real y Cantabria.
Un portavoz de Ono afirmó que la compañía confía en que este caso suponga un paso adelante importante en la defensa de los derechos de los consumidores de España contra este tipo de estafas.
Ono, compañía que compró Auna en noviembre de 2005, recordó que la propia operadora telefónica "inició acciones penales contra la compañía que presuntamente cometió el fraude". Desde entonces, "Ono ha colaborado en todo momento con la Justicia", añadió el portavoz.
Según explicó a Europa Press una de las guardias civiles que han llevado la investigación, Carmen López, Auna pagó esta cifra a la empresa subcontratada para conseguir nuevos contratos para la operadora telefónica.
Fuentes de la Guardia Civil informaron que los acusados falsificaban las firmas de los usuarios, normalmente personas de edad avanzada, o les engañaban para tramitarles un cambio de operador telefónico que no habían solicitado.
Durante la investigación, que se inició hace un año, los investigadores han encontrado 116 contratos en los que se habían falsificado las firmas de los usuarios y otros 186 se tramitaron después de engañarles y que accedieran a firmarlos.
Víctimas de avanzada edad
Las investigaciones de la Guardia Civil permitieron determinar que la mayor parte de los afectados eran personas de avanzada edad y que, al menos 352 de los 851 contratos analizados, son irregulares.
Los estafadores utilizaban un método bastante sencillo para engañar a sus víctimas. Les solicitaban alguna factura de la compañía telefónica con la que tuviera contrato, y así disponían de todos los datos necesarios para cambiar de operadora.
En algunos casos falsificaban directamente las firmas, pero en otros convencían a los propietarios de la línea para que firmaran un documento con el pretexto de que no tendría transcendencia en la facturación y que sólo servía para su divulgación comercial.
Actuaban individualmente
Los empleados imputados trabajaban individualmente y conseguían mayores comisiones cuantos más contratos obtenían, unos 20 euros por línea. Sin embargo, fuentes policiales recalcaron que no todos los empleados de esta empresa utilizaban estos métodos.
También se está investigando la implicación de los encargados y propietarios de la empresa. Ahora se está a la espera de la citación judicial para interrogar a todos los imputados.
Las provincias en las que se han desarrollado las investigaciones son Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Madrid, Zaragoza, Cáceres, Badajoz, Illes Balears, Valencia, Toledo, Navarra, Castellón, Alicante , Burgos, Córdoba, La Rioja, León, Huesca, Guadalajara, Valladolid, Teruel, Cuenca, Segovia, Málaga, La Coruña, Jaén, Ciudad Real y Cantabria.
Un portavoz de Ono afirmó que la compañía confía en que este caso suponga un paso adelante importante en la defensa de los derechos de los consumidores de España contra este tipo de estafas.
Ono, compañía que compró Auna en noviembre de 2005, recordó que la propia operadora telefónica "inició acciones penales contra la compañía que presuntamente cometió el fraude". Desde entonces, "Ono ha colaborado en todo momento con la Justicia", añadió el portavoz.
