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EDITORIAL DIARIO EXPANSIÓN

La polémica del canon digital


La regulación de la denominada compensación por copia privada de la nueva Ley de Propiedad Intelectual ha recrudecido la polémica sobre la obligatoriedad de compensar los derechos de autor.




Hasta ahora, los usuarios pagaban un canon por la compra de CD y DVD vírgenes, pero en los próximos meses se verán obligados a hacerlo también cada vez que adquieran cualquier aparato de grabación y reproducción, lo que en la práctica supone que afectará a reproductores de MP3, DVD, televisiones con disco duro, teléfonos móviles o dispositivos de almacenamiento masivo.

En las próximas semanas serán con toda probabilidad los ministerios de Cultura y de Industria los que decidan el catálogo definitivo de productos sujetos a dicho canon y su cuantía, pues quienes deberían ponerse de acuerdo, la industria tecnológica y las entidades de gestión de derechos de autor, mantienen posturas difícilmente reconciliables.

Más allá de esta pugna, es preciso reflexionar sobre la situación de desprotección en que la ley ha dejado al consumidor, considerado una vez más –recuérdese, por ejemplo, la restricción de horarios comerciales– un auténtico convidado de piedra en una cuestión que le atañe directamente.

Sin orillar la legítima consideración que merece la protección de los derechos de autor, parece obvio que la fórmula del canon, aunque pueda contentar a las asociaciones que gestionan los derechos de autor por los ingresos que proporciona, no es la más racional.

Por varias razones: porque es injusto, en la medida que se aplica de forma indiscriminada a todos los consumidores, independendientemente del uso que hagan; porque en la práctica no es efectiva para solucionar el problema de fondo –en todo caso lo fomenta–, esto es la piratería o el top manta, cuya persecución y eventual erradicación depende en todo caso de otro tipo de procedimientos; porque desde una lógica industrial, en una economía cada vez más competitiva y globalizada, la aplicación del canon supone un aumento adicional de los costes que puede inducir a una deslocalización industrial hacia otros países o a que los usuarios adquieran los aparatos en otros mercados; y porque, conceptualmente, el canon no parece compatible con el necesario impulso a la todavía incipiente Sociedad de la Información.

Parecería lógico, pues, que la Administración reconsiderase una iniciativa desproporcionada, que pretende matar moscas a cañonazos. Hay que asumir que el desarrollo de la tecnología ha superado los usos tradicionales en la actividad audiovisual, que es la que debe readaptarse a la nueva realidad y no al revés. Puesto que la evolución de la tecnología digital lo permite, ¿no sería más lógico que los usuarios pagaran por el uso o la descarga puntual de información, en lugar de aplicar el ‘café para todos’ con un desproporcionado e indiscriminado impuesto?


Editorial de Expansión


El canon digital es un desequilibrio democrático que infama al Estado de Derecho




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