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ESTALLA LA GUERRA DEL CANON

Cuarenta pequeñas tiendas se querellan por los cobros millonarios de la SGAE basados en un 'informe falso'


Francisco José Fernández tiene una pequeña tienda de informática en La Elipa. Apenas se saca su sueldo, según cuenta, y asegura que si no vende CD y DVD grabables, no entra nadie a la tienda. "Pero tienes que venderlos bajo mostrador, como si fuera droga", añade.




Él es uno de los 41 pequeños empresarios que se han visto "extorsionados", según sus palabras, por la Sociedad General de Autores, la SGAE. Ésta les reclama lo supuestamente recaudado con el canon que grava los soportes como CD o DVD, así como los mp3, discos duros, lápices de memoria, etc.

A Francisco pueden reclamarle miles de euros, como les ha pasado a otros de su gremio. A un pequeño empresario de Huelva se le reclaman 400.000 euros por un canon que no cobra nadie. "Pide a cualquier gran superficie que te desglose el canon en la factura del mp3 o del CD y verás qué te dicen", añade.

Ahora él, junto con otros 40 pequeños empresarios madrileños y unos 400 de toda España, han presentado una querella criminal contra un sistema que se ha cebado en ellos.

Falsedad documental

El principal cargo es la supuesta "falsedad documental" cometida por un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Éste elaboró un dictamen en virtud del cual "un mínimo de 300 empresas medianas y pequeñas han sufrido sentencias condenatorias" que les han puesto al borde de la ruina.

Los querellantes se han hecho fuertes en una asociación, Apemit, cuyo abogado, Josep Jover, explicó a Metro Directo que la Audiencia Nacional debe decidir en los próximos días si tramita la querella o la deriva a un juzgado ordinario. El problema es que la cuestión afecta a empresarios de todo el territorio nacional.

Miguel Gallardo es el perito de Apemit. Dice que el catedrático contra el que se dirige la querella cobró de la SGAE por un dictamen que imprimió en papel con membrete de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica (UPM). La presidenta de Apemit, Ana María Menéndez, afirma: "Los jueces que nos condenan ven su dictamen y creen que se trata de una opinión independiente, cuando lo cierto es que es un dictamen pagado por la SGAE, y, por lo tanto, parcial".

Desde la UPM, sus servicios jurídicos aseguran que es legal que los catedráticos cobren por hacer informes "para que no se vayan de la universidad pública a la empresa privada", y que éstos sean patrocinados por la universidad, que se lleva una parte de los honorarios del catedrático. Gallardo advierte de que eso es "inmoral e ilícito" y que debería intervenir el Tribunal de Defensa de la Competencia: "Estoy deseando que la UPM se querelle contra mí para demostrarlo", concluyó.
en cifras

80%
de lo que venden las pequeñas tiendas de informática son CD y otros sistemas de almacenaje.

400.000 euros es la cifra a la que se enfrenta una papelería de Huelva en concepto del canon que debería haber recaudado para la SGAE.

41 tiendas de informática y papelerías madrileñas se han visto ya en los tribunales por cantidades similares.

0,60€ por CD es lo que la ley prevé en concepto de canon, pero los afectados dicen que se les llega a reclamar el doble.

100 millones de euros podría haber obtenido la SGAE en virtud de un dictamen que los afectados consideran "falso", según la querella presentada por Apemit.

"CREEN QUE SOMOS PIRATAS"
Tiene una tienda de 25 metros cuadrados y vende 20 o 30 tarrinas de CD al mes. "Cada una me deja un euro de ganancia", apunta Francisco José Fernández, uno de los empresarios "extorsionados" por la SGAE. En su opinión, los jueces se creen el dictamen por el cual se les condena a pagar un canon que no han cobrado nunca porque ven el membrete de la universidad. "Se piensan que somos piratas", añade, "ningún centro comercial cobra el canon pero contra ellos no va la SGAE, que quiere quitarnos de en medio". ¿Pruebas? "Pide a cualquier tienda que te desglose el canon en la factura. Nadie lo hace".

"SON GRANDES MAYORISTAS"
La SGAE afirma que va contra "mayoristas y minoristas que distribuyen miles de productos fuera de la ley". Afirma además que se cobra a todos por igual, exceptuando a los que se quieran acoger al pacto con Asimelec (todo el que quiera), donde la cantidad es un poco más baja. "La SGAE efectúa un control de mercado exhaustivo tal y como marca la ley".

Reproducido de Metro Directo

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