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ESTEBAN GONZALEZ PONS CONTRA EL CANON DIGITAL

Por si los piratas


Han pasado casi diez años desde que un grupo de políticos con más entusiasmo que experiencia impulsamos la Comisión Especial de Redes Informáticas del Senado. Durante su primer año de vida tuve la satisfacción de presidirla y la inmensa fortuna de ser el primer parlamentario español que habló de internet en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Podría pensarse que diez años son más que suficientes para dar por amortizados aquellos primeros pasos, inocentes e ilusionados, en torno al fenómeno de internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero no ocurre así. En la España de los cafelitos a 80 céntimos todavía es posible un Gobierno, que se dice del Siglo XXI, incapaz de comprender que los riesgos implícitos en los avances tecnológicos son infinitamente menores que las desventajas que pueden producirse si se permanece al margen de los mismos.




Esteban Gonzalez Pons en ABC - La reforma de la ley de Propiedad Intelectual -que en estos días sigue sus trámites en el Congreso de los Diputados- pretende introducir un nuevo canon para los instrumentos tecnológicos. Zapatero quiere que cuando lleguemos a una tienda no sólo paguemos el producto (un fax, una impresora, un escáner, un ordenador personal, un reproductor de MP3, etcétera); quiere que, además, abonemos una especie de multa preventiva por si acaso se nos ocurre emplear estos soportes para piratear.

Para la ley que prepara Zapatero todos somos unos piratas: usted y yo como usuarios; la administración pública y las pequeñas empresas; pero también los fabricantes de los productos y servicios, y los distribuidores (incluido su tendero habitual). Y vamos a pagar por ello. La reforma incluye este canon -que en realidad es un impuesto oculto- porque entiende que el ordenador de un colegio público o de una residencia de ancianos constituye un riesgo potencial para los derechos de autor, o que la impresora a color de un hospital puede convertirse en la central suministradora de carátulas de cd´s para el «top-manta» local.

Tal y como está planteado, el canon es una bomba de relojería puesta a los pies de los futuros desarrollos tecnológicos. Si el avance tecnológico de la Humanidad hubiese dependido del visto bueno de los colectivos que vieron peligrar su futuro por la irrupción de cada nueva tecnología, todavía estaríamos pintarrajeando en Altamira o cociendo adobe. ¿Qué sería hoy de nosotros como sociedad si hubiera existido un impuesto que gravara los primeros lápices que fabricó el hombre o las primeras hojas de papel? ¿Qué habría sido de la expansión del saber y de la democratización del conocimiento si el invento de la imprenta hubiera estado sometido a una carga impositiva por parte de los copistas de cronicones? Pero además de esta confrontación soterrada entre aldeanismo y progreso, la medida esconde una concepción de los sistemas impositivos contraria al interés general. Así, la impresora que compre una sucursal de un Banco llevará el mismo gravamen (¡hasta el 66 por ciento del coste total!) que la que se lleve a casa el quiosquero que le ha vendido este periódico. El importe es el mismo, desde luego, pero el impacto para las respectivas economías familiares, no lo es. Una circunstancia que aumentará lo que se ha dado en llamar la brecha digital: los ricos tendrán más y mejor acceso a la información que los pobres.

Pero todavía hay más. Quizás alguien pueda creer que lo recaudado con este impuesto encubierto acabará destinándose a políticas públicas de fomento de la cultura en general. Pero como desde el punto de vista tributario el sistema del canon, como he dicho, va en contra del interés general, la cantidad extra de dinero que pagaremos irá a parar a entidades privadas de gestión de derechos y a los autores y propietarios de los mismos. En plena etapa de revoluciones informativas y digitales, el canon de Zapatero constituye una regresión reaccionaria que desentierra la práctica medieval de consagrar derechos privados a cobrar impuestos públicos.

En el fondo, el canon no es un aliado de la cultura: sólo es una carga impositiva para mantener intacto un determinado monopolio de la cultura, un blindaje a un determinado stablishment creativo que no quiere, o no puede, o no sabe adaptarse a la realidad de un modelo interconectado y global. En este sentido, la medida no vendría a prevenir la copia ilegal de contenidos, sino a penalizar determinado consumo y determinada creación de cultura. Ciudadanos, asociaciones profesionales, entidades de usuarios de internet, asociaciones de consumidores, empresas del sector de las tecnologías, ya han levantado su voz en contra de esta medida injusta y regresiva. Todas estas voces están en la página web www.todoscontraelcanon.es. Mi firma ya figura en el manifiesto respaldado por todos los que no desean que la protección de la protección intelectual se convierta en un lastre para el progreso de la sociedad de la información. Cuento desde ahora con la suya.

Esteban González Pons es Conseller de TERRITORIO Y VIVIENDA de la Generalitat Valenciana.

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