Reproducido de Expansión - Es decir, que al igual que ya viene ocurriendo con grabadoras, impresoras, fotocopiadoras, CD o DVD, a partir de enero, los españoles tendrán que pagar más por los móviles, por los MP3 y por las memorias de ordenador USB, es decir todo tipo de aparato o soporte tecnológico susceptible de poder reproducir, grabar o almacenar contenidos de audio y vídeo protegidos por los derechos de autor.
Como se sabe, los defensores del canon lo justifican para preservar los derechos de propiedad intelectual que los creadores dejarán de percibir por copias privadas. Pero esta suerte de impuesto arbitrario, preventivo e indiscriminado parte de la injusta premisa de que todos los usuarios son sospechosos de piratería, y por tanto deben pagar por ello independientemente del uso que hagan. Eso explica la relevante, aunque infructuosa, movilización de la sociedad civil internauta, con más de un millón y medio de firmas recogidas en internet en contra del canon.
Por desgracia, el consumidor vuelve una vez más a ser el convidado de piedra ante las decisiones de los políticos, en esta ocasión por la irracional manera de contentar a los gestores de los derechos de autor por unos supuestos daños difícilmente cuantificables. El asunto adquiere aún mayor gravedad en tanto que el canon, más allá de su recaudación, no combate el problema de fondo, la piratería, cuya resolución requeriría otros procedimientos que asuman que el desarrollo de la tecnología ha superado los usos tradicionales en la actividad
audiovisual.
No se trata de orillar la consideración que merece la legítima protección de los derechos de autor, pero es la industria audiovisual la que debe adaptarse a la nueva realidad -con fórmulas imaginativas-, en vez de refugiarse en una anacrónica protección del Estado.
No sólo por la injusticia manifiesta que supone el café para todos, o porque a los consumidores se les obliga a pagar dos veces por el mismo concepto -cuando adquieren un DVD, por ejemplo, y por el uso privado que hagan de él-, sino porque, además, desde una lógica industrial, hay que evitar indeseables lastres que penalicen los costes empresariales en un contexto de creciente y agresiva competencia mundial.
Con la connivencia del Gobierno, la cuerda en la que se tensaban los intereses enfrentados de los autores y de los ciudadanos se ha vuelto a romper por el lado más débil, el de los ciudadanos, lo que aconseja reabrir el asunto en la próxima legislatura -el PP se ha comprometido a hacerlo si recupera el poder- para abordar otros mecanismos más racionales que protejan los derechos de autor.
Como se sabe, los defensores del canon lo justifican para preservar los derechos de propiedad intelectual que los creadores dejarán de percibir por copias privadas. Pero esta suerte de impuesto arbitrario, preventivo e indiscriminado parte de la injusta premisa de que todos los usuarios son sospechosos de piratería, y por tanto deben pagar por ello independientemente del uso que hagan. Eso explica la relevante, aunque infructuosa, movilización de la sociedad civil internauta, con más de un millón y medio de firmas recogidas en internet en contra del canon.
Por desgracia, el consumidor vuelve una vez más a ser el convidado de piedra ante las decisiones de los políticos, en esta ocasión por la irracional manera de contentar a los gestores de los derechos de autor por unos supuestos daños difícilmente cuantificables. El asunto adquiere aún mayor gravedad en tanto que el canon, más allá de su recaudación, no combate el problema de fondo, la piratería, cuya resolución requeriría otros procedimientos que asuman que el desarrollo de la tecnología ha superado los usos tradicionales en la actividad
audiovisual.
No se trata de orillar la consideración que merece la legítima protección de los derechos de autor, pero es la industria audiovisual la que debe adaptarse a la nueva realidad -con fórmulas imaginativas-, en vez de refugiarse en una anacrónica protección del Estado.
No sólo por la injusticia manifiesta que supone el café para todos, o porque a los consumidores se les obliga a pagar dos veces por el mismo concepto -cuando adquieren un DVD, por ejemplo, y por el uso privado que hagan de él-, sino porque, además, desde una lógica industrial, hay que evitar indeseables lastres que penalicen los costes empresariales en un contexto de creciente y agresiva competencia mundial.
Con la connivencia del Gobierno, la cuerda en la que se tensaban los intereses enfrentados de los autores y de los ciudadanos se ha vuelto a romper por el lado más débil, el de los ciudadanos, lo que aconseja reabrir el asunto en la próxima legislatura -el PP se ha comprometido a hacerlo si recupera el poder- para abordar otros mecanismos más racionales que protejan los derechos de autor.
