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LA PROLIFERACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD INCREMENTA LAS QUEJAS CIUDADANAS POR LA GRABACIÓN INCONTROLADA DE IMÁGENES

Intimidad amenazada


Las oficinas de bancos tienen cámaras, algunos garajes y muchos comercios, también. Incluso en el bar donde desayuna es probable que haya instalada una. Esta proliferación de dispositivos de videovigilancia en España ha acabado calando, hasta verse reflejada en última instancia en un incremento de las quejas de los ciudadanos.




ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ - La Vanguardia.- Las investigaciones y denuncias por este tipo de sistemas de seguridad lo acreditan. Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), los ciudadanos presentaron en el 2007 hasta cinco veces más reclamaciones sobre videovigilancia que el año anterior. "Se ha producido una eclosión de denuncias, que expresan una singular preocupación de los ciudadanos. Si en el 2006 se presentaron 24 reclamaciones, en el 2007 llegaron a las 123. Mientras, en el primer semestre se recibieron 112 denuncias, así que este año es previsible que al menos se dupliquen", asegura Artemi Rallo, director de la AEPD.

Así, la videovigilancia se ha encaramado en el tercer puesto en las inspecciones realizadas por la agencia, sólo por detrás de los expedientes abiertos en el sector de las telecomunicaciones (290, en el 2007) y las entidades financieras (248).

En opinión de Rallo, "la gente reclama más. Cada vez hay un número mayor de usuarios que consideran que se han entrometido en su ámbito privado. Además. el conocimiento sobre la regulación de la videovigilancia también sigue extendiéndose y lleva a los ciudadanos a querer ejercer sus derechos cuando creen que han sido vulnerados".

¿Se puede instalar una cámara en cualquier sitio? La regulación normativa no restringe el uso de estos dispositivos en determinadas instalaciones o ámbitos de acceso público. Las únicas limitaciones tienen que ver con el uso que se haga de dichas cámaras: tiene que haber una razón fundada que las avalen como garantía de seguridad y su situación ha de responder a sólo a la captación de imágenes pertinentes, evitando en todo caso que el enfoque resulte intromisivo.

La amenaza a la intimidad es el principal argumento lanzado entre aquellos que rechazan la colocación de cámaras. Tal y como refleja una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aunque tres de cada cuatro ciudadanos no ponen reparos a la videovigilancia, este apoyo mayoritario se fragmenta cuando los dispositivos de vigilancia están situados en los lugares de trabajo (casi el 40% lo ve mal o muy mal), las comunidades de vecinos (rechazo de 27%) y las calles (25%).

Paralelamente, la necesidad social de incrementar la sensación de seguridad fomenta la proliferación de cámaras. La existencia de una normativa concreta al respecto desde finales del 2006 ha hecho aflorar hasta unas 10.000 entidades que reconocen disponer de cámara de seguridad privada.

Las autoridades admiten que todavía quedan muchas por notificar el uso de videovigilancia, trámite al que está obligada toda institución que grabe imágenes, a través de una empresa de seguridad. Además, la normativa obliga a todas ellas a destruir dichas imágenes en el plazo de un mes.

De las más de 5.800 entidades inscritas el año pasado, 1.564 pertenecen a comercios, 1.338 al sector de hostelería, 640 a las comunidades de propietarios y 635 a centros sanitarios.

La instalación de cámaras de seguridad no tiene todos los visos de detenerse. Es más, desde Protección de Datos hablan de " un fenómeno en expansión", que va llegando a nuevos espacios y generando nuevas dudas. " Estamos recibiendo consultas sobre los límites a la hora de colocar cámaras en taxis, autobuses o en calles turísticas".

Las suspicacias van más allá de la instalación de cámaras en innumerables espacios públicos. Según el barómetro del CIS, realizado en el pasado mes de febrero, por encima del 80% de los españoles se muestran muy o bastante preocupados por la protección de datos y el uso de información personal por otros. Casi cuatro de cada diez afirman además que han solicitado alguna vez que se borren o cancelen sus datos personales en algún registro. En el 2007, se superó el millón de ficheros de datos personales notificados a la AEPD.

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