"Los operadores de redes y los proveedores de acceso a una red de
telecomunicaciones que presten un servicio de la Sociedad de la Información
deberán retener los datos de tráfico generados por las comunicaciones
establecidas durante la prestación de un servicio por un período de doce
meses".
Cuando todavía está reciente la aprobación por el EuroParlamento de una Directiva encaminada a efectuar un control sobre el tráfico de datos, que plantea serias dudas sobre su aplicabilidad en nuestro Ordenamiento jurídico y en el Comunitario, el Grupo parlamentario popular del Senado da un paso adelante, impulsado por el Ministerio del Interior, y pretende que los prestadores de servicios retengan los datos de tráfico por un periodo de doce meses, tratando de esa forma de preconstituir pruebas (para que no se borren los archivos del servidor) no contra alguien de quien se tengan indicios racionales de criminalidad o que tenga un procedimiento judicial abierto, sino contra cualquiera, y sin que nadie garantice ni la integridad de los datos, ni la forma de almacenamiento, ni la intervención de un fedatario, ni la intervención de la Autoridad judicial, convirtiendo de esta forma a los prestadores de servicios en fedatarios y en ciberpolicías.
No se trata de un paso adelante en la lucha contra la delincuencia, sino de cercenar derechos, libertades y garantías.
La Asociación de Internautas va a oponerse con todos los medios a su alcance a esta enmienda, que considera sin ninguna duda como un ataque frontal contra derechos fundamentales como son el secreto de las comunicaciones, la protección de datos, la intimidad y la preceptiva y previa tutela jurisdiccional, por lo que de entrada hace un llamamiento a la cordura a los políticos del Grupo parlamentario popular, así como a los responsables políticos del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Interior para que retiren esta enmienda.
Asociación de Internautas
Cuando todavía está reciente la aprobación por el EuroParlamento de una Directiva encaminada a efectuar un control sobre el tráfico de datos, que plantea serias dudas sobre su aplicabilidad en nuestro Ordenamiento jurídico y en el Comunitario, el Grupo parlamentario popular del Senado da un paso adelante, impulsado por el Ministerio del Interior, y pretende que los prestadores de servicios retengan los datos de tráfico por un periodo de doce meses, tratando de esa forma de preconstituir pruebas (para que no se borren los archivos del servidor) no contra alguien de quien se tengan indicios racionales de criminalidad o que tenga un procedimiento judicial abierto, sino contra cualquiera, y sin que nadie garantice ni la integridad de los datos, ni la forma de almacenamiento, ni la intervención de un fedatario, ni la intervención de la Autoridad judicial, convirtiendo de esta forma a los prestadores de servicios en fedatarios y en ciberpolicías.
No se trata de un paso adelante en la lucha contra la delincuencia, sino de cercenar derechos, libertades y garantías.
La Asociación de Internautas va a oponerse con todos los medios a su alcance a esta enmienda, que considera sin ninguna duda como un ataque frontal contra derechos fundamentales como son el secreto de las comunicaciones, la protección de datos, la intimidad y la preceptiva y previa tutela jurisdiccional, por lo que de entrada hace un llamamiento a la cordura a los políticos del Grupo parlamentario popular, así como a los responsables políticos del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Interior para que retiren esta enmienda.
Asociación de Internautas
