Interior se apoya en el aumento de prácticas ilegales en Internet. De ahí que la enmienda del PP pretenda que los datos almacenados de manera automática, relativos al proceso de comunicación, sean retenidos, de manera confidencial, para resolver delitos cometidos a través de los servicios electrónicos. El Gobierno quiere así contar con una ley que permita a las fuerzas de seguridad, previa autorización judicial, requerir datos de tráfico de los internautas.
Al rechazo del PSOE, para quien el PP intenta imponer el 'estado de excepción' en Internet, se unió ayer IU: 'Con esta medida se pretende despojar a los ciudadanos del derecho a la privacidad de sus comucaciones, convirtiendo en ciberpolicías a las compañías proveedoras'.
Reproducido de El País
Al rechazo del PSOE, para quien el PP intenta imponer el 'estado de excepción' en Internet, se unió ayer IU: 'Con esta medida se pretende despojar a los ciudadanos del derecho a la privacidad de sus comucaciones, convirtiendo en ciberpolicías a las compañías proveedoras'.
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