LOS OPERADORES NO QUIEREN SER GUARDIANES DE SUS CLIENTES

González Sinde le pasa el "muerto" de las descargas en Internet a Moncloa


Movió las bazas de la negociación entre los operadores y los propietarios de contenidos, la ministra de Cultura buscaba una ‘tercera vía’ apadrinada por Redtel y la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos para rematar su cruzada contra las descargas en redes P2P, pero sus esfuerzos han caído en el mismo punto muerto que encontraron ya hace meses César Antonio de Molina y Miguel Sebastián. Ángeles González Sinde no quiere mojarse más, nada de arbitraje en un diálogo de sordos del que están excluidos los internautas, pero en el que chocan lanzas las cuatro grandes operadoras y la Coalición.




Ana Zarzuela. Capital News Report- La ministra ha dejado sus yelmos en manos ajenas, las del Ejecutivo, que cocina ya bajo la presión de garantías de los operadores el decreto que le gustaría servir como tarde a la mesa en un par de meses. Las urgencias las pone sobre la mesa Rodríguez Zapatero: las de la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden y la presidencia de la UE le marcan el paso y ponen en rojo este trimestre en el calendario.

No ha pasado ni un mes desde que Moncloa entregó las llaves de la regulación de las descargas a Ángeles González Sinde. La vicepresidenta Fernández de la Vega ha tratado desde entonces de mantener al Gobierno, por encima de todo, como un convidado de piedra, aún a costa de darles autonomía a las partes para engendrar algún acuerdo propio. Pero esta vez el equipo de Zapatero no  lo tendrá tan fácil para reditar el paso atrás de 2003, cuando Asimelec y las entidades de gestión por parte de los representantes de los derechos de autor cocinaron la aprobación del canon. González Sinde desembarcó con las lanzas contra el adsl de alta velocidad en ristre y la promesa de rematar la cruzada contra las descargas en redes P2P.

Pero el rechazo de los suministradores de internet a la propuesta francesa -la desconexión de los internautas al tercer aviso-  y el repudio de los usuarios se lo ponen difícil al guión original que González Sinde esperaba seguir tras los pasos de Suecia e Italia. El desencuentro entre los operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel y la industria audiovisual, representada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido condena al congelador al acuerdo  queria ‘amadrinar’  deja en fuera de juego a la ministra y, con él, coloca la pelota de nuevo en el tejado de Moncloa, que baraja ya las propuestas de las partes, desde hace días en su mesa.

El Gobierno tendrá que mojarse si quiere controlar las descargas de archivos por Internet. Hoy, incluyendo las sujetas a derechos de autor, son legales en España siempre que no haya ánimo de lucro. Para que dejen de serlo, habrá que realizar un cambio legislativo, como mínimo  una modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) y de la ley de procedimiento administrativo, con el fin de habilitar a la Comisión de Control y el sistema de avisos, puesto que actualmente sólo tienen potestad los jueces para el control y cierre de web. Pero todos ellos pasan por la mano, cuanto menos, del Consejo de Ministros.

Es cierto que un posible nuevo mercado de venta de contenidos digitales podría ser atractivo para algunos operadores y que la regulación comedida puede favorecer la solución a algunos problemas de saturación de redes. Pero los operadores no quieren ser guardianes de sus clientes y ya han avisado que controlar las descargas P2P costará 100 millones de euros al año. Al Ministerio de Cultura francés sólo el envío de más de 10.000 avisos cada día le  costará más de 70 millones de euros. Rechazan la creación de un organismo judicial independiente que regule las sanciones, que tendrían que financiar ellas también Además, son ya más de 10 millones los que hacen uso de las redes P2P, un caos evolucionar contra ellos y un riesgo si la sombra de la avalancha de bajas se hace real. En Suecia la prohibición de las redes P2P produjo sólo en la primera semana una caída del 33% del uso de internet. Lo justo para que, con la gallega R en cabeza, más de una prometa bajo la mesa no entrar al juego ‘antipirata’.

Ni la aproximación para un acuerdo inicial entre Redtel y la Coalición ni las prisas de González Sinde por impulsar la tercera vía que pudiera satisfacer a Rodríguez Zapatero y bajar las lanzas de las operadoras, ni la receta del tanto gastas, tanto pagas, para complementar el modelo de negocio de las tarifas planas –como la que ha aprobado TimeWarner en Estados Unidos-  han podido frenar el nuevo órdago de la SGAE y las expectativas del Ministerio, ahora que el consenso entre la Comisión Europea y el Europarlamento ha vuelto a dejar la puerta abierta a un corte de acceso sin la exigencia de una autorización judicial. La SGAE insta, además, a los operadores a que paguen un canon por las descargas que hacen sus usuarios. Las operadoras piden contenidos atractivos a precios competitivos para frenar las descargas, un marco de colaboración entre los creadores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones y campañas publicitarias de concienciación sobre el "respeto a la propiedad intelectual.

Las operadoras estaban dispuestas a asumir parte de la propuesta de la Coalición de centrar la persecución no en los usuarios comunes, sino en los que ellos llaman "concentradores", responsables de las páginas web que alojan o enlazan los archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual, que permiten las descargas mediante programas p2p. Según sus estimaciones, alrededor de 70 website son responsables de un total del 80% del tráfico de los archivos protegidos (películas, videojuegos y música).

El disenso ha llegado por la segunda parte de la propuesta de la Coalición, referente a la persecución de los usuarios comunes. Aunque la industria cultural ha rebajado sus pretensiones y se ha comprometido a que sólo se emitirían 60.000 notificaciones al año -el número estimado de usuarios que realizan descargas masivas- ofreciendo además que las desconexiones sean sólo aplicadas en los casos más graves y de forma temporal, los operadores consideran que la medida es desproporcionada. Por el contrario, la industria de telecomunicaciones, que cree que tras estos tres avisos el problema de los heavy users más recalcitrantes se reduciría en un 90%, estima que es suficiente aplicar a estos sanciones económicas en forma de multas que serían impuestas por el organismo (denominado Comisión de Control de Contenidos Digitales) para reducir radicalmente el problema.

Como recuerda El País, Redtel pide al Gobierno que la nueva regulación respete "escrupulosamente" los datos personales de usuarios y consumidores, elimine cualquier propuesta de suspensión de la conexión a Internet, pondere las posibles sanciones económicas e implique a las asociaciones de consumidores y usuarios en toda propuesta de normativa. Sea cual sea la regulación que se saque adelante, Redtel exige que se les garantice seguridad jurídica, de forma, que ni los clientes que reciban los avisos (o en su caso, la desconexión) o los dueños de las páginas web que sean bloqueadas puedan ejercer reclamaciones jurídicas o administrativas contra las operadoras. Por eso, quieren dejar en manos de la llamada Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales -órgano independientevinculado orgánicamente al Ministerio de Industria- toda la supervisión del proceso, no sólo la tramitación de las denuncias, sino incluso el envío de las cartas de aviso. Los operadores sólo se comprometen a realizar campañas masivas contra la piratería mediante el envío de formularios con campañas educativas.

España está ya casi sola entre los Veintisiete, en el banco de los pocos Estados que siguen aún sin pronunciarse. Francia no se baja del barco antipirata, convertido en el corsario de la guerra de los mares de las operadoras. Un mar en el que Italia e Irlanda nadan a contracorriente (dispuestos a cortes de suministro) pero en el que el reino Unido no quiere sumergirse: los proveedores británicos no estarán obligados a desconectar a los usuarios que infrinjan la ley de forma repetida al descargar en redes de intercambio P2P. Como mucho, se conforman con un canon. Los planes para combatir la piratería en Reino Unido se frenaron tras una consulta elaborada por el Departamento de Negocios Corporativos y Reformas Regulatorias (BERR) que mostró que no había consenso entre los operadores y la industria musical como para justificar una actuación contra los 7 millones de usuarios de internet británicos que comparten archivos en las redes de intercambio P2P.

Algunos operadores como ONO decidieron limitar el tráfico P2P para favorecer la navegación. Orange afila su ‘guillotina’ para España. Está dispuesta a saltarse los Pirineos. Y todas las demás fronteras de los Veintisiete. Lombard considera que el sistema francés, previsto para haber entrado en en vigor el 1 de enero, es “equilibrado, porque deja en manos de una autoridad independiente (Alta Autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet), integrada por magistrados, las medidas a adoptar contra los internautas que realicen descargas ilegales”. Ya en su momento se ofreció a César Molina también a aplicar en España el ‘Modelo Sarkozy’, la ley guillotina, que desconecta a los usuarios que descargan contenidos en las redes de intercambio P2P, a pesar de que Bruselas sólo deja tiempo muerto a los gobiernos de los Veintisiete y pista a los legisladores nacionales. Y de que Industria torea a dos manos: Sebastián estudia el modelo galo y anuncia “medidas antipopulares” contra el pirateo, pero los operadores -agrupados en Redtel- y el sector audiovisual -representado por la Coalición de Creadores e Industria de Contenidos- consideran que la medida más urgente es implantar el sistema de avisos para quienes realicen mayores descargas de contenidos protegidos; sólo con eso la "piratería" se reduciría en un 70%.



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MANIFIESTO POR LA NEUTRALIDAD EN LA RED


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ACTO PUBLICO POR LA NEUTRALIDAD EN LA RED.

Domingo 24 de Mayo de 2009
Hora: 12 horas
Plaza del Rey (Frente a Ministerio de Cultura)
Madrid


ADHESIÓN A LA CAMPAÑA POR LOS DERECHOS CIVILES, LA UNIVERSALIDAD Y LA NEUTRALIDAD A LA RED

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