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EL ECONOMISTA

La SGAE podría quedarse sin el palacio que recibió gratuitamente en Boadilla


El Supremo investiga si Boadilla logró de forma ilícita el Palacio que cedió a la SGAE. El Alto Tribunal revisará el convenio por el que el Consistorio adquirió el inmueble de Enrique Rúspoli, duque de Sueca.




Alejandra Ramón / Javier Romera / El Economista.- El Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite la denuncia formulada por Alternativa por Boadilla y revisará la venta del Palacio del Infante Don Luis, por parte del duque de Sueca, Enrique Rúspoli, al Ayuntamiento en 1998. Este palacio fue posteriormente cedido de manera gratuita por Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, a la SGAE, que ante los nuevos acontecimientos podría quedarse sin su nueva sede.

El motivo de admitir la denuncia interpuesta se debe a la aparición de una serie de documentos que el ex alcalde, imputado actualmente en la Operación Gürtel , ocultó, presuntamente, para evitar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid anulase la venta. "Si el Ayuntamiento hubiese aportado a ese Tribunal los documentos que ahora han aparecido, la compra del Palacio del Infante hubiese sido anulada por el TSJ y no hubiera podido ser cedido a la SGAE", asegura el letrado encargado del caso.

Eduardo Bautista en el Ayuntamiento de Boadilla

El magistrado del Alto Tribunal José Manuel Sieira, será el encargado de revisar toda la operación. Este nuevo procedimiento judicial se une a otro proceso que actualmente investiga el TSJ de Madrid sobre los proyectos que la entidad de derechos de autor pretende llevar acabo en el edificio protegido por la Ley de Patrimonio Histórico, como ceder el palacio a una productora para rodar una película.

Los documentos

La nueva documentación aparecida demuestra que tanto el duque de Sueca como el ex alcalde ocultaron información al TSJ para que dictase una sentencia favorable a la operación de compraventa.

La historia se remonta a 2002, cuando el TSJ anuló el acuerdo entre ambos protagonistas. Para hacer cambiar de opinión al Tribunal, el duque de Sueca aseguró que no tuvo constancia de la existencia de la sentencia hasta mayo de 2004. Sin embargo, existe un fax de un año antes en el que queda demostrado que el motivo por el que se anuló la sentencia no era cierto.

Este documento, junto a otros que evidencian que el duque de Sueca tuvo reuniones con el Consistorio para hablar sobre la sentencia que anulaba la operación de compraventa, fueron, presuntamente, ocultados al Tribunal. Actualmente han sido aportados a la causa y, por ello, el Supremo va a investigar toda la operación.

Lo curioso de la historia es que González Panero ordenó al abogado del Ayuntamiento enviar un escrito al TSJ de Madrid, que quería averiguar si era cierto o no que no se había conocido la sentencia anulatoria, en el que aseguraba que el Consistorio siempre iba a colaborar con la Justicia. La nueva documentación aportada deja en evidencia a ambos protagonistas.


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