Aula Magna - Málaga.- La ministra González-Sinde ha colado esta regulación por la puerta trasera de la Ley de Economía Sostenible, en una disposición adicional, dejando en el aire dudas más que razonables sobre su desarrollo en un reglamento posterior. Y el resultado no ha gustado a los internautas españoles que han llamado a una campaña de desobediencia masiva. Ésta ha sido la culminación de una agria polémica en la que se han visto involucrados los defensores de los derechos de autor, los operadores de telecomunicaciones, consumidores e internautas.
La ministra ha argumentado, para justificar la inclusión en la LES de esta normativa, que la creación intelectual es un sector estratégico para la transformación del modelo productivo. Mientras, las asociaciones de internautas acusan al Gobierno de elaborar esta norma a medida de una industria obsoleta, caduca y moribunda, recordando que los derechos de autor ya están abusivamente protegidos por el llamado canon digital, un impuesto preventivo sobre los soportes digitales.
La nueva normativa pretende ahora, mediante control administrativo, el cierre de aquellas webs que, a juicio de la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, faciliten descargas ilegales, pudiendo solicitar a un juez el cierre cautelar de las mismas. La figura judicial, en este caso, intenta superar el principal argumento de oposición a estas medidas restrictivas: la vulneración del secreto en las comunicaciones postales, telefónicas y telegráficas por una comisión gubernamental, que es la que decide qué es lícito y qué no lo es.
Por ello, la oposición de los internautas a esta normativa introducida, con toda alevosía, por el ministerio de privilegios y prebendas varias, debe interesar a cuantos defiendan parcelas de libertad, la potenciación de la red y la misma difusión de la creación cultural.
La ministra ha argumentado, para justificar la inclusión en la LES de esta normativa, que la creación intelectual es un sector estratégico para la transformación del modelo productivo. Mientras, las asociaciones de internautas acusan al Gobierno de elaborar esta norma a medida de una industria obsoleta, caduca y moribunda, recordando que los derechos de autor ya están abusivamente protegidos por el llamado canon digital, un impuesto preventivo sobre los soportes digitales.
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