| Markus Steen / La información .- Este retroceso ha tenido su respaldo en informes recientes. Según un documento del Foro Económico Mundial (FEM), que mide magnitudes como la legislación, la inversión en I+D y la situación del mercado laboral, España cayó cuatro puestos hasta ocupar el 33 en la lista de países más competitivos del mundo entre 2009 y 2010.
Sin ir más lejos, la semana pasada el Gobierno anunció, en el marco del recorte de altos cargos incluido en el Plan de Racionalización del Sector Público Empresarial, la eliminación de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, un programa creado en el año 2000 para fomentar el uso de internet.
La decisión levantó críticas en el sector. Jesús Banegas, presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (AETIC) calificó de sinsentido político e histórico la medida del Ejecutivo. Desde la Asociación de Internautas, su presidente Víctor Domingo señaló este miércoles que el Gobierno demuestra que le sobra internet y que más que verlo como una apuesta de futuro lo ve como un problema".
Además, el programa dedicado a la Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información forma parte de una de las partidas ministeriales más afectadas por los presupuestos aprobados este año: Ciencia e Innovación. Según la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), el ministerio dirigido por Cristina Garmendia ha reducido la asignación destinada a proyectos científicos en casi un 15 por ciento después de trece años consecutivos de crecimiento.
La decisión supuso un cambio de rumbo en materia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), una de las grandes apuestas del gobierno de Zapatero desde su primera legislatura, cuando prometió darle prioridad para contrarrestar las debilidades de nuestro modelo productivo. A pesar del 'tijeretazo', el Gobierno confía en que las dotaciones aprobadas respondan a las necesidades mínimas para mantener las cotas de excelencia alcanzadas en ejercicios anteriores, aunque difícilmente alcanzará el objetivo del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 que persigue aumentar la financiación un 16 por ciento cada año.
Ley de la patada al 'router'
Internet ha sufrido también el paso atrás del Gobierno de Zapatero. Uno de los asuntos que más tweets y posts ha generado en la Red en los últimos meses ha sido la Ley Sinde. La disposición primera de la Ley de Economía Sostenible, que permite el cierre de páginas web de descargas sin autorización judicial previa, fue aprobada en Consejo de Ministros pese a la oposición de los internautas españoles.
La Ley, que se estima que no entrará en vigor hasta este verano, es un gran monstruo jurídico cuya adaptación en nuestro sistema legislativo no es sencillo. Supone la modificación de tres textos legales previos: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (del año 2002), el Real Decreto que sirvió para aprobar el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (1996) y la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (1998).
Además, ha encontrado la oposición tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la Fiscalía General del Estado, que calificó como dudosa la equiparación entre la propiedad intelectual y el resto de bienes jurídicos protegidos por la Ley de Sevicios de la Sociedad de la Información.
Por último, un sector tan importante como el de las energías renovables tampoco se ha librado de la dejadez gubernamental. Según informa el diario La Vanguardia, la dudas legislativas creadas por la Administración ha provocado que empresas como Iberdrola Renovables o Acciona miren al extranjero para planificar sus inversiones.
A pesar de que España ocupa la sexta posición mundial entre los mejores países para invertir en renovables, El Gobierno estudia cómo recortar los 6.200 millones que costaron en primas el año pasado y las principales asociaciones del sector han sacado las uñas para que Miguel Sebastián, titular de la cartera de Industria, aclare la posición del Ejecutivo al respecto y no perjudique su fuerte crecimiento.
Sin ir más lejos, la semana pasada el Gobierno anunció, en el marco del recorte de altos cargos incluido en el Plan de Racionalización del Sector Público Empresarial, la eliminación de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, un programa creado en el año 2000 para fomentar el uso de internet.
La decisión levantó críticas en el sector. Jesús Banegas, presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (AETIC) calificó de sinsentido político e histórico la medida del Ejecutivo. Desde la Asociación de Internautas, su presidente Víctor Domingo señaló este miércoles que el Gobierno demuestra que le sobra internet y que más que verlo como una apuesta de futuro lo ve como un problema".
Además, el programa dedicado a la Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información forma parte de una de las partidas ministeriales más afectadas por los presupuestos aprobados este año: Ciencia e Innovación. Según la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), el ministerio dirigido por Cristina Garmendia ha reducido la asignación destinada a proyectos científicos en casi un 15 por ciento después de trece años consecutivos de crecimiento.
La decisión supuso un cambio de rumbo en materia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), una de las grandes apuestas del gobierno de Zapatero desde su primera legislatura, cuando prometió darle prioridad para contrarrestar las debilidades de nuestro modelo productivo. A pesar del 'tijeretazo', el Gobierno confía en que las dotaciones aprobadas respondan a las necesidades mínimas para mantener las cotas de excelencia alcanzadas en ejercicios anteriores, aunque difícilmente alcanzará el objetivo del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 que persigue aumentar la financiación un 16 por ciento cada año.
Ley de la patada al 'router'
Internet ha sufrido también el paso atrás del Gobierno de Zapatero. Uno de los asuntos que más tweets y posts ha generado en la Red en los últimos meses ha sido la Ley Sinde. La disposición primera de la Ley de Economía Sostenible, que permite el cierre de páginas web de descargas sin autorización judicial previa, fue aprobada en Consejo de Ministros pese a la oposición de los internautas españoles.
La Ley, que se estima que no entrará en vigor hasta este verano, es un gran monstruo jurídico cuya adaptación en nuestro sistema legislativo no es sencillo. Supone la modificación de tres textos legales previos: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (del año 2002), el Real Decreto que sirvió para aprobar el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (1996) y la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (1998).
Además, ha encontrado la oposición tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la Fiscalía General del Estado, que calificó como dudosa la equiparación entre la propiedad intelectual y el resto de bienes jurídicos protegidos por la Ley de Sevicios de la Sociedad de la Información.
Por último, un sector tan importante como el de las energías renovables tampoco se ha librado de la dejadez gubernamental. Según informa el diario La Vanguardia, la dudas legislativas creadas por la Administración ha provocado que empresas como Iberdrola Renovables o Acciona miren al extranjero para planificar sus inversiones.
A pesar de que España ocupa la sexta posición mundial entre los mejores países para invertir en renovables, El Gobierno estudia cómo recortar los 6.200 millones que costaron en primas el año pasado y las principales asociaciones del sector han sacado las uñas para que Miguel Sebastián, titular de la cartera de Industria, aclare la posición del Ejecutivo al respecto y no perjudique su fuerte crecimiento.
