Javier Romera/Antonio León / El Economista.- Según dicen, estas entidades operan en régimen de monopolio, imponiendo sus tarifas de forma completamente arbitraria y sin ningún tipo de control por parte del Estado. Es por ello, además, que la denuncia va dirigida también contra el Reino de España, al haber permitido este tipo de actuaciones con la aprobación de una normativa para regular la propiedad intelectual y el canon digital que propicia este tipo de prácticas.
"Los denunciantes esperan que una vez se haya instatado por la Comisión la existencia de las correspondientes infracciones (...) se adopte la correspondiente decisión (...) en la que se ordene al Reino de España y a las entidades de gestión denunciadas que pongan fin a las infracciones constatadas", se asegura en la denuncia, de más de 300 páginas, y a la que ha tenido acceso elEconomista.
Al margen de la SGAE están denunciadas también Aisge, la entidad que preside Pilar Bardem y que defiende los derechos de los actores; AIE, Egeda, Cedro y Vegap. Ésta no es, además, la primera vez que las entidades que gestionan en España los derechos de autor se enfrentan a una acusación de este tipo.
Competencia lo advirtió
La Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto ya distintas multas a nivel nacional a estas entidades por prácticas monopolísticas y tarifas abusivas -una de ellas fue, por ejemplo, por cobrar a las televisiones privadas hasta diez veces más que a RTVE-, llegando a elaborar un informe el pasado mes de enero en el que instaba al Gobierno a realizar "una revisión integral" de la Ley de Propiedad Intelectual para garantizar que sea un "marco claro y predecible para los agentes".
Para el regulador, la posición monopolística de las entidades de gestión "reduce sus incentivos a operar de modo eficiente, facilita el establecimiento de tarifas discriminatorias y obstaculiza las actividades que realizan los usuarios".
La CNC considera que al existir la obligación de una gestión colectiva de los derechos no sólo se impone una clarísima barrera de entrada a la competencia, sino que además se favorece el que las entidades puedan fijar las tarifas atendiendo tan sólo a su propio criterio.
El problema es que el Ejecutivo de Zapatero ha ignorado por completo estas recomendaciones y no tiene ninguna intención ni de modificar la ley ni mucho menos actuar contra los autores, uno de sus grandes apoyos en los últimos años.
Lo curioso es que la denuncia presentada ahora ante Bruselas por las tiendas de informática deberá ser examinada por el español Joaquín Almunia, comisario de Competencia.
Una vez recibida ya el pasado verano, los expertos de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea se deben poner en contacto tanto con las entidades de gestión como con el Gobierno español para pedirles su versión y reunir la información necesaria.
Si Bruselas ve indicios de que efectivamente se está infringiendo el Derecho comunitario, podría abrir expediente de infracción. No hay plazos para estas investigaciones, que generalmente duran años. Si el Ejecutivo comunitario concluye al término de su investigación que el trato que el Estado reserva a las sociedades de autor es ilegal, podría exigir su modificación. Si España se niega, el asunto podría terminar ante el Tribunal de la UE.
Aunque la entrada en vigor del Tratado de Lisboa agiliza la posibilidad de imponer multasmillonarias a los Estados de la UE, éstas tardarían años en llegar y deberían ser previamente avaladas por los jueces comunitarios.
Por lo que a las sociedades de gestión se refiere, si Bruselas llega a la conclusión preliminar de que están al margen de la legalidad y que incurren efecticamente en un abuso de posición dominante, les enviaría un pliego de cargos y les emplazaría formalmente a ejercer su derecho de defensa. Bruselas podría simplemente conformarse con exigir cambios en su comportamiento.
Pero el procedimiento podría desembocar también en la imposición de multas millonarias en función de los ingresos de las sociedades. Eso sí, las decisiones de Bruselas, por supuesto, podrían ser recurridas ante la Justicia comunitaria.
Lo que dice Luxemburgo
Aunque la postura de la SGAE en Europa no parece nada fácil. Los autores están esperando una resolución del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que, a raíz de una
cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Barcelona, debe valorar si las empresas deben pagar o no el canon digital.
La abogada general del tribunal ha avalado la existencia del pago de esta compensación por la copia privada de contenidos digitales, aunque ha cuestionado de forma clara
y contundente que las compañías, despachos y profesionales tengan que pagarla.
A la espera de la resolución final que se dicte en Luxemburgo, las entidades de gestión están argumentando ya que si las empresas no pagan el canon, los particulares tendrían que abonar tarifas aún mayores que las existentes en la actualidad.
"Los denunciantes esperan que una vez se haya instatado por la Comisión la existencia de las correspondientes infracciones (...) se adopte la correspondiente decisión (...) en la que se ordene al Reino de España y a las entidades de gestión denunciadas que pongan fin a las infracciones constatadas", se asegura en la denuncia, de más de 300 páginas, y a la que ha tenido acceso elEconomista.
Al margen de la SGAE están denunciadas también Aisge, la entidad que preside Pilar Bardem y que defiende los derechos de los actores; AIE, Egeda, Cedro y Vegap. Ésta no es, además, la primera vez que las entidades que gestionan en España los derechos de autor se enfrentan a una acusación de este tipo.
Competencia lo advirtió
La Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto ya distintas multas a nivel nacional a estas entidades por prácticas monopolísticas y tarifas abusivas -una de ellas fue, por ejemplo, por cobrar a las televisiones privadas hasta diez veces más que a RTVE-, llegando a elaborar un informe el pasado mes de enero en el que instaba al Gobierno a realizar "una revisión integral" de la Ley de Propiedad Intelectual para garantizar que sea un "marco claro y predecible para los agentes".
Para el regulador, la posición monopolística de las entidades de gestión "reduce sus incentivos a operar de modo eficiente, facilita el establecimiento de tarifas discriminatorias y obstaculiza las actividades que realizan los usuarios".
La CNC considera que al existir la obligación de una gestión colectiva de los derechos no sólo se impone una clarísima barrera de entrada a la competencia, sino que además se favorece el que las entidades puedan fijar las tarifas atendiendo tan sólo a su propio criterio.
El problema es que el Ejecutivo de Zapatero ha ignorado por completo estas recomendaciones y no tiene ninguna intención ni de modificar la ley ni mucho menos actuar contra los autores, uno de sus grandes apoyos en los últimos años.
Lo curioso es que la denuncia presentada ahora ante Bruselas por las tiendas de informática deberá ser examinada por el español Joaquín Almunia, comisario de Competencia.
Una vez recibida ya el pasado verano, los expertos de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea se deben poner en contacto tanto con las entidades de gestión como con el Gobierno español para pedirles su versión y reunir la información necesaria.
Si Bruselas ve indicios de que efectivamente se está infringiendo el Derecho comunitario, podría abrir expediente de infracción. No hay plazos para estas investigaciones, que generalmente duran años. Si el Ejecutivo comunitario concluye al término de su investigación que el trato que el Estado reserva a las sociedades de autor es ilegal, podría exigir su modificación. Si España se niega, el asunto podría terminar ante el Tribunal de la UE.
Aunque la entrada en vigor del Tratado de Lisboa agiliza la posibilidad de imponer multasmillonarias a los Estados de la UE, éstas tardarían años en llegar y deberían ser previamente avaladas por los jueces comunitarios.
Por lo que a las sociedades de gestión se refiere, si Bruselas llega a la conclusión preliminar de que están al margen de la legalidad y que incurren efecticamente en un abuso de posición dominante, les enviaría un pliego de cargos y les emplazaría formalmente a ejercer su derecho de defensa. Bruselas podría simplemente conformarse con exigir cambios en su comportamiento.
Pero el procedimiento podría desembocar también en la imposición de multas millonarias en función de los ingresos de las sociedades. Eso sí, las decisiones de Bruselas, por supuesto, podrían ser recurridas ante la Justicia comunitaria.
Lo que dice Luxemburgo
Aunque la postura de la SGAE en Europa no parece nada fácil. Los autores están esperando una resolución del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que, a raíz de una
cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Barcelona, debe valorar si las empresas deben pagar o no el canon digital.
La abogada general del tribunal ha avalado la existencia del pago de esta compensación por la copia privada de contenidos digitales, aunque ha cuestionado de forma clara
y contundente que las compañías, despachos y profesionales tengan que pagarla.
A la espera de la resolución final que se dicte en Luxemburgo, las entidades de gestión están argumentando ya que si las empresas no pagan el canon, los particulares tendrían que abonar tarifas aún mayores que las existentes en la actualidad.
