El PSOE se enfrenta a Internet y busca socio a la desesperada para la ‘Ley Sinde’


Llegó el día D en la batalla por los llamados “derechos fundamentales en Internet”. El Congreso de los Diputados vota la conocida como Ley Sinde, incluida en el cajón de sastre de la Economía Sostenible (LES). El PSOE no ha logrado que ningún otro grupo se posicione a favor de este instrumento para cerrar de páginas web, pero espera que CiU o PNV vuelvan a salvarle el pellejo parlamentario. No será una decisión fácil para los nacionalistas, ya que, como quedó claro ayer con la oleada de ciberataques a los partidos políticos, el rechazo social en la Red a esta norma es mayoritario.




Alberto Mendoza / El Confidencial .- Casi dos años después de ser anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero, la LES será votada en plena semana navideña, en una Comisión en lugar de en el Pleno, y sin tiempo material para que los grupos hayan analizado y negociado más de mil enmiendas. Pero las prisas han jugado una mala pasada al Gobierno. Dado que solo el PP y el grupo de ERC-IU-ICV presentaron enmiendas a la “disposición Sinde”, el PSOE se ha quedado sin margen legal para negociar un nuevo texto con CiU y PNV.

Los socialistas solo podrían pactar una enmienda transaccional con el PP, partido que no está por la labor de proteger al Gobierno de la ira de los internautas. Así, lo más probable es que se apruebe el texto original, sin ninguna modificación que aplaque a los internautas, y sin aportar nuevas garantías judiciales o de arbitraje. Para ello, los socialistas contarían con CiU, que no ha presentado ninguna enmienda a este punto, y que puede relajar su postura en la oposición tras regresar a la Generalitat en Cataluña.
Por su parte, el PNV amenazó con rechazar la Ley Sinde, si no llega antes a un acuerdo con el PSOE para modificar la normativa. Pero, como se ha apuntado antes, el acuerdo solo podría pasar por el PP o por los partidos de izquierda, padres de las únicas enmiendas registradas. Fuentes populares señalaron que los nacionalistas catalanes y vascos estuvieron de acuerdo con la herramienta para cerrar las páginas web en un principio, y que sus reticencias de última hora se deben al movimiento de protesta que recorre Internet.

Los diputados y sus asesores no pudieron trabajar ayer con normalidad por el bombardeo de correos electrónicos que padecieron, mientras que un ciberataque boicoteó las web de PSOE, PP, CiU y PNV. Todas, excepto la socialista, quedaron fuera de servicio. No obstante, algunos ciberactivistas denunciaron que el PSOE había trucado su web para que fuera visible, pese a no estar funcionando normalmente. Para esta tarde está convocado otro tiroteo virtual contra la página del Congreso, mientras que la organización de consumidores FACUA ha reunido 30.000 firmas contra la Ley con el manifiesto “Si es legal, ES LEGAL”.

Sea cual sea el resultado de la votación, ambos bandos pretenden seguir batallando. La Coalición de Creadores, que defiende los intereses de la industria audiovisual, amenazó con una legislación que persiga directamente a los usuarios que descarguen contenidos. En el extremo contrario, la Asociación de Internautas aseguró que recurrirá la Ley Sinde ante el Tribunal Constitucional, si finalmente es aprobada. Los cables del Gobierno de Estados Unidos que ha sacado a la luz WikiLeaks también han contribuido a caldear los ánimos, ya que prueban que Washington presionó al Gobierno socialista para poner coto a lo que se tacha de piratería en la Red.
Cierre preventivo de webs
La disposición final segunda de la LES prevé la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual para ejercer “la salvaguarda” de estos derechos interrumpiendo la prestación de servicios por parte de las páginas web. Un juez de lo contencioso serán quien, en el plazo de cuatro días, autorizará si se cierra o no la página a petición de la citada Comisión. Pero cabe destacar que el magistrado no entrará en el fondo del asunto, sino que suspenderá el servicio de forma preventiva valorando si afecta a los derechos fundamentales de los demandantes

El PP exige que el juez esté presente durante todo el proceso y sea el único con potestad para pedir a las operadoras los datos de quienes presuntamente vulneren la propiedad intelectual. Asimismo, los populares reclaman que se aclare quién formará pare de la Comisión, y que se elimine el concepto de “ánimo de lucro indirecto” como motivo para cerrar una web o perseguir a un usuario que descargue contenidos. Por su parte, la izquierda pide directamente la supresión de esta norma.

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