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OPINIÓN DE ALFONSO BASALLO

MENTIRAS Y GORDAS DE LA LEY SINDE


Dicen que Internet es un mundo paralelo, como el de los sueños que pinta el filme Origen. Con la Ley Sinde, más que una vida paralela es el mundo al revés.




El PP, que debería ejercer de oposición, se baja los pantalones y se alegra del impresentable retoque cosmético; Alex de de la Iglesia, tiritero de la Ceja, dimite como director de la Academia en desacuerdo por el apaño; y la ministra Sinde que es la que realmente debería dimitir, por la amenaza a la libertad de expresión que su ley representa, se queda.

Vayamos por partes.

1. La Coalición, el Lado Oscuro. Todo empezó cuando Zapatero apostó por Angeles González-Sinde, tratando de convertir Cultura en un ariete ideológico y en un instrumento para favorecer a chiringuitos amigos como la SGAE o el complejo audiovisual, conocido como La Coalición. Tal cosa suena a Darth Vader... y con razón. Es algo así como el complejo militar-industrial, poderoso lobby que movía hilos en la política norteamericana, pero en audiovisual. Concretamente es la Coalición de Creadores de Industrias y Contenidos, que engloba a Egeda, SGAE y otras entidades y que tratan de negociar con el Gobierno y Redtel, la asociación de operadores de telecomunicaciones, para decidir qué medidas se tomarán en propiedad intelectual en Internet. Uno de los arietes del lobby es el productor Enrique Cerezo, presidente de Egeda, que gestiona alrededor del 70% de los títulos del cine español. Entre bastidores influyó en la caída del ministro Molina y la llegada de Sinde, a la que le ha producido dos películas.

2. El Imperio Barack contraataca. Obama le había dado un tirón de orejas a Zapatero, porque España encabezaba el ránkin mundial en piratería internética. En la cruzada que predica el vicepresidente Joe Biden es preciso que España entre por el aro.

Hasta aquí nada que objetar. El problema es que con la excusa de defender los derechos de autor, el Gobierno de Sitel y el Consejo Audiovisual amenaza con cercenar la libertad de expresión, cerrando webs. Con el pretexto de atajar la piratería, el Gobierno le quita al pobre (el internauta) para dárselo al rico (SGAE), como un Robin Hood al revés.

3. El PP, agua de Vichy. En su primera redacción, la disposición final segunda no ofrecía suficiente tutela judicial para el cierre de webs, lo que entraba en flagrante colisión con la Carta Magna. Para guardar las formas garantistas, la Ley Sinde concedía un micro-plazo de cuatro días a la Audiencia Nacional para que se pronunciase sobre el cierre. Lógicamente el PP se opuso y la Ley Sinde fue devuelta a los toriles en el Senado. El problema es que el PP se ha conformado ahora con un apaño epidérmico que no modifica la esencia perversa de la ley Sinde.

Hay control judicial (¡sólo faltaría!: estamos en una democracia no en una satrapía de Oriente Medio), pero el garante del derecho de propiedad intelectual es el Ministerio de Sinde. ¿Qué pintan los tribunales? Unicamente decidir si pedir a la Poli ciertos datos vulnera el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. El organismo encargado de formular las denuncias a la Justicia es una Comisión de Propiedad Intelectual, cuya Sala Segunda está integrada por vocales de los ministerios de Economía, Hacienda, Cultura y Presidencia. Una Gestapo gubernamental de lo más imparcial, como pueden ver.

A cambio, el PSOE modificará el canon digital, ese disparate jurídico al que Victor Domingo califica de “derecho de pernada” y “privilegio insolidario”. Pírrica victoria del PP porque: uno, ya veremos cuando y como se modifica; y dos, el partido de Rajoy exigía suprimirlo. De esta forma, el PP demuestra que lo de liberal no es más decorativo que una ameba amarilla de Joan Miró.

Algún malintencionado ha deslizado en Twitter la verdadera razón de la bajada de pantalones del PP. Saben que cuando llegue al poder, tarde o temprano el complejo militar-industrial (perdón audiovisual) le va a hacer la visita y prefiere cerrar ahora la cuestión cuando aún está en la oposición.

4. La ley tendrá un precio (electoral). La Red está que trina ante el enjuague de un PSOE vendido al gran capital y un PP tan colaboracionista como Vichy y con razón. Fijense que los tribunales han absuelto siempre a internautas que descargaban contenidos y a páginas web que enlazan contenido protegido. Que nadie se confunda, esos contenidos no están sujetos a derecho de autor: enlazar no es un delito.

Todo ello le costará caro a los dos partidos. Ahondará por la izquierda la sangría de votos de los socialistas; y privará al PP de obtener decisivos apoyos de la muy dinámica y creciente comunidad internética.

Reproducido del blog de Alfonso Basallo

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