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ADSL: Las cuentas de Josep Piqué


La realidad es terca, la banda ancha en España se estanca, el número de ciudadanos conectados también, el balance final sobre el Plan de Acción e-Europe (2000-2002), presentado ayer, dice que “...España se mantiene a la cola de la media comunitaria en cuanto a uso de Internet en los hogares, las empresas, la ciencia y la enseñanza...”





La realidad es terca, la banda ancha en España se estanca, el número de ciudadanos conectados también, no es una manifestación tendenciosa de un internauta maligno: el balance final sobre el Plan de Acción e-Europe (2000-2002), presentado ayer, dice que “...España se mantiene a la cola de la media comunitaria en cuanto a uso de Internet en los hogares, las empresas, la ciencia y la enseñanza...”

¿Cómo no vamos a estar a la cola de Europa sí nuestro Gobierno se desentiende del interés general para que unas cuantas empresas de telecomunicaciones hagan estupendos negocios?, a cargo de los ciudadanos. El caso del Adsl es uno más de los más claros exponentes de esta situación.

El Adsl después de tres años de funcionamiento efectivo tan solo llega al 76% de los abonados telefónicos, su precio, para cualquier hijo de vecino, ya sea físico o jurídico es de 39 euros-mes, ahora si quien lo compra es una operadora de telecomunicaciones es de 22 euros-mes.

Las operadoras de telecomunicaciones se convierten, gracias a esto, en revendedoras del servicio de Telefónica, auspiciadas por el Gobierno. Así todas ellas nos venden a 39 lo que vale 22.

Por tanto, los 735.000 ciudadanos que tenemos Adsl estamos financiando esta supuesta “libre competencia” a razón de 17 euros-mes.El Gobierno esta trasladando mensualmente, 12,5 millones de euros desde nuestros bolsillos a las arcas de las operadoras telefónicas. Las operadoras no invierten ni un solo Euro en infraestructuras para el Adsl. ¿Para qué?...si revenden todas el mismo servicio.

De este acto de “trilerismo al por mayor” los ciudadanos no recibimos nada a cambio de esos 17 euros que pagamos de más, que según el Gobierno son “...para asegurar el negocio de las operadoras telefónicas y que así haya libre competencia...”

El fin de la libre competencia es la mejora de la calidad y diferenciación del servicio y, como no, del precio final al consumidor. De esta manera ninguno de esos requisitos se cumplen.

Asociación de Internautas.

Reproducido de el Periódico


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