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SOBRE LAS PROMESAS ELECTORALES EN 2008

Donde dije digo…


Se acercan las elecciones generales. Hace cuatro años, justo antes de las elecciones de 2008, la Asociación de Internautas publicó un documento con lo que entonces considerábamos básico e irrenunciable en Internet. Vamos a ver que ha pasado en estos cuatro años con esos puntos y con algunas otras cosas.




Para ir abriendo boca


Como muestra de la falta de objetivos que ha mostrado el actual Gobierno en todo lo referido a Internet voy a recordar una noticia que aparecía en los medios de comunicación en enero de 2008, poco antes de las pasadas elecciones generales: El PSOE promete 'SU' Defensor del Internauta. No sé como calificarla, salvo que se intentara confundir a la red ya que esta figura, hoy a cargo de Ofelia Tejerina, es una de las más activas de la Asociación de Internautas.


Al final todo quedó en ese bonito titular que provocó comentarios como poco jocosos entre los supuestos “defendidos” como el que pudimos ver en Meneame: «Esperemos que no tengamos que defendernos del Defensor del Internauta».



¿Qué pasó con aquellas peticiones?


Y no es que fueran descabelladas o utópicas; simplemente se necesitaba voluntad política para ponerlas en marcha.


1º. Declarar como servicio universal el acceso mediante banda ancha.
Casi hemos logrado que se haga realidad, pero se quedó en casi... El Ministro de Industria Miguel Sebastian se había comprometido a incluir entre las condiciones del servicio universal el acceso a Internet a 1 Mbps. No era mucho, pero alguien dentro del Ejecutivo se atrevía a semejante declaración. Desgraciadamente, como tantas otras cosas se quedó en agua de borrajas. Bien por la crisis bien por la presión de los operadores lo cierto es que escasamente un mes antes de que fuera a entrar en vigor esa nueva norma, el propio Ministro dio marcha atrás. ¡Una lástima! Casi lo habíamos logrado después de muchos años de pelearnos con todo el mundo.


Además de esta petición creemos imprescindible si se pretende no perder el paso en el progreso tecnológico el acceso a la red ha de reducir su precio final; no es lógico que año tras año el precio mayorista (lo que pagan los proveedores de acceso al operador dominante) baje y dicha disminución no se vea reflejada en la factura que abonamos religiosamente los clientes finales. Los proveedores pueden decir que por ese precio que no ha variado sustancialmente han mejorado de forma notable las propiedades de la conexión pero no han preguntado a sus clientes si realmente precisan de dichas conexiones.

2º. Fijar los valores mínimos exigibles a los proveedores en el ancho de banda, independientemente del método acceso elegido.
¿Perdón? ¿Qué le garantice por ESCRITO las condiciones mínimas de servicio? ¿Pero qué se ha creído Ud.?



Esta parece ser la idea de los proveedores de Internet. Lo lamentable es que podemos ver, y hablo en primera persona, como teniendo contratados 6 Mbps de ancho de banda he tenido que ver con la propia prueba de mi proveedor como ha habido días que el ancho de banda era de 56 Kbps; sí: KILOS y no MEGAS. Pero de descontarme algo en la factura ni hablar. Escudarse en las “condiciones técnicas del enlace” es muy fácil y como la inmensa mayoría de los usuarios somos totalmente ignorantes en este tema tenemos que hacer un acto de fe.

3º. Exigencia de transparencia en los procesos de alta, baja e incidencias, tanto en las compañías de telecomunicaciones como en los proveedores de servicios de Internet (PSI).

5º. Prohibición de las altas automáticas por vía telefónica o telemática sin autorización expresa por escrito del cliente afectado. Ha de facilitarse al cliente la posibilidad de una forma sencilla y clara de desistir si las condiciones expresadas en el contrato no coinciden con las ofertadas.

Pongo estos dos puntos aquí porque van a dar en el mismo problema: el engaño por parte de los comerciales.


Cualquier cosa que obligue a las empresas de telefonía o Internet frente a sus clientes es tema tabú para las mismas. ¿Cuántas veces hemos oído que alguien ha sido dado de alta en un servicio sin haberlo pedido? ¿Cuántos no han sido engañados por comerciales a los que sólo importaba la comisión por nuevas altas? ¿Quién no ha tenido que discutir largo y tendido con un operador para lograr que nos dieran de baja en algo que ya no queremos?


Un problema básico de todos estos procesos, y cada vez en más compañías no sólo de telefonía, es que al cliente no le queda constancia escrita de la solicitud efectuada; lo lógico sería que no se pusiera en marcha ningún proceso hasta que se recibiera confirmación debidamente avalada, ya sea con copia física del DNI o mediante certificado electrónico.


4º. Prohibición y sanción por campañas de publicidad engañosa con características del servicio que no puedan ser efectivamente prestadas, e indemnización para los usuarios afectados por las mismas. Aplicación estricta de la legislación vigente sobre publicidad (Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988, General de publicidad).
Y vamos con un caso más de evidente mala praxis. No se puede vender, por ejemplo, a bombo y platillo acceso a Internet a 20 Mb por 19,95 €/mes. Cuando se logra, si se logra, leer la letra pequeña descubrimos que ese precio tiene caducidad que además hay que sumar el precio de la línea, que tiene coste si se procede de un operador diferente a Movistar, que tiene cuota de tráfico… ¿Más? ¡Ah, sí! Sujeto a disponibilidad geográfica. Sean serios y no mientan en su publicidad.

6º. Supresión en los servicios de atención al cliente de los números de tarifación especial (90X / 80X), o en su defecto que estos números estén incluidos en las tarifas planas ofertadas.

En su día la Asociación de Internautas interpuso una denuncia por el abuso de los servicios 902. Desgraciadamente perdimos este juicio, pero sin embargo algo de razón debíamos tener cuando a la vuelta de año y medio el Consejo de Ministros ha presentado un Proyecto de Ley que obligará a que estos números de atención al cliente se hagan mediante números gratuitos (900/800). Habrá que ver si al final esto llega a ser realidad, pero de momento tiene buena pinta.

7º. Neutralidad de la red.

No pinta bien. Es un tema en el que hay varios frentes abiertos. De un lado la llamada “Ley Sinde”, que busca el cierre de páginas web sin intervención judicial. Los argumentos los conocemos todos: la defensa de los derechos de autor.


Por otra parte está ACTA, siglas del Tratado Comercial Antifalsificación. Este tratado lleva dando coletazos por la red desde la reunión que en enero de 2010 mantuvieron en México. A través de este tratado se busca controlar qué circula por la red y cómo lo hace; todo hace pensar que la famosa novela de Orwell 1984 está cada vez más cerca. De momento, además de multitud de organizaciones, las operadoras se han opuesto a esta iniciativa; sin embargo todo apunta a que finalmente saldrá adelante ya que todos los indicios así lo indican.

8º. Protección y seguridad en las comunicaciones electrónicas.
En cierta forma relacionado con lo anterior ya que tanto ACTA como la “Ley Sinde” son maneras de intervenir las comunicaciones vía Internet. Normas como la Directiva Europea 2006/24/CE llevan a la inseguridad privada en aras de la seguridad colectiva al obligar a almacenar datos de tráfico sin el correspondiente control judicial.

9º. Acuerdo sobre los derechos de autor.

Quien afirma que en la cultura ha de ser el “todo gratis” se equivoca. Igual que un programador o un arquitecto cobran por su trabajo los creadores culturales han de poder vivir de sus creaciones. Lo que es inadmisible es que lo hagan, además de ellos, sus herederos. En este sentido esta legislatura ha ido claramente hacia atrás y se ha doblegado a los postulados de las empresas gestoras de dichos derechos.


La supresión del canon digital, ahora pedida por todos los grupos políticos en el Parlamento, es imprescindible. Hay que orquestar nuevos métodos que permitan convivir el derecho a la remuneración de los creadores con el uso de las nuevas tecnologías; y tampoco es cierto, como se ha manifestado tras la intervención de la SGAE por orden del juez Pablo Ruz, que la eliminación de esta tasa implique la muerte del derecho de copia privada: Hasta 2003, en que se firmó el acuerdo entre ASIMELEC y la SGAE, no había canon y sí derecho de copia privada.


Sin embargo nuestro Gobierno hace oídos sordos tanto a las instrucciones que vienen de la U.E. como a las sentencias judiciales, españolas y comunitarias, en este sentido. Se hace imprescindible una nueva redacción de la L.P.I. que aúne los derechos de todo el mundo y esto pasa por sentarse todos los implicados (creadores, usuarios y políticos) y que se escuchen todas las voces.

10º. Ayudas económicas y fiscales a las inversiones en I+D+i con el objetivo de impulsar este sector.
En estos momentos de crisis galopante, con casi 5 millones reales de parados, hablar de ayudas económicas suena duro, pero es total y absolutamente cierto que el país que no sepa subirse al carro del desarrollo de las TIC está destinado a caer en barrena, económicamente hablando. Poco se ha hecho para incentivar este tipo de inversiones, más allá de las subvenciones que se han dado a los particulares para la instalación de conexiones de banda ancha de las que muchos nos hemos beneficiado.

11º. Impulsar la implantación de software libre en la Administración Pública.

Me parece a mi que las presiones que sufren todas las AA.PP. sobre este tema han de ser brutales porque de otra forma no se explica que estas licencias no se hayan estandarizado aun. Y si tenemos en cuenta que todos los organismos están buscando ahorrar dinero como sea, en este campo tienen una vía excelente para lograrlo. Pero nos encontramos con situaciones curiosas, aunque no recientes, de CC.AA. que lanzan una distribución Linux y al mismo tiempo otorgan un concurso a una de las grandes multinacionales de la informática para el desarrollo de un sistema informático. ¡Incomprensible!

12º. Queremos que Internet siga siendo un espacio de libertad global, en el que no exista posibilidad alguna de “censura previa”.
En parte tiene que ver con lo que hemos hablado en puntos anteriores. Leyes como la llamada “Ley Hadopi” francesa son inadmisibles porque implican que el Estado está “escuchando” sin autorización judicial de ningún tipo. No se puede suplir la labor del Poder Judicial mediante normas ex profeso a medida de las necesidades o intereses de terceros. La excusa citada por muchos de la lentitud judicial no ha de significar que se puedan saltar los pasos; crear nuevos órganos judiciales y todos saldremos ganando, y no sólo en este ámbito.

13º. Garantizar la independencia política del regulador de las telecomunicaciones.
Imprescindible. Los reguladores de los mercados no pueden estar sujetos a los vaivenes políticos; ni el de las telecomunicaciones ni el de la energía. Se requiere que estas figuras no se vean afectadas por los cambios que puedan aparecer en el Parlamento; no es admisible que sin explicación alguna, de repente, la CMT vea trasladada su sede a Barcelona. No se me ocurre más explicación que el contentar al que en su día era socio parlamentario y esto no presenta una imagen precisamente de independencia.

¿Hasta cuando?


¿Cuándo querrán darse cuenta los políticos que precisamente la gente que nos movemos por la red solemos estar bastante informados al tener acceso a múltiples fuentes?


Los sucesos de estos meses pasados, el llamado “Movimiento 15-M”, ha sacado los colores a más de un profesional de la política. Al margen de la deriva que haya podido tomar dicho movimiento es cierto que gran parte de los planteamientos que llevaban inicialmente eran compartidos por muchos españoles.


Ahora los electos se dan cuenta que en la red hay una bolsa de votos de respetable tamaño y que hay que hacerle más caso que el que hasta ahora se le ha prestado. Aquellos puntos que hace cuatro años proponíamos siguen siendo en gran medida válidos; habrá que ver con detenimiento que más hace falta añadir a los mismos.

Angel Matilla es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Internautas


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