EFE . - En España, el presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domíngo, que es uno de los grupos firmantes, ha explicado a Efefuturo que se trata de una iniciativa a nivel mundial, que busca salvaguardar la privacidad de los ciudadanos y defender sus libertades individuales.
Los principios defendidos por los grupos de internautas en esta declaración de principios pasan por garantizar el derecho a la privacidad de los ciudadanos, con una vigilancia limitada por ley a fines los legítimos de una sociedad democrática y tras ponderar el beneficio perseguido frente a los posibles daños a los usuarios.
Se propone además que las acciones de vigilancia de las comunicaciones las emprendan las autoridades judiciales competentes, de forma imparcial e independiente.
Se insta además a que los Estados sean transparentes sobre el uso y alcance de las técnicas y capacidades de vigilancia de las comunicaciones utilizadas y establezcan mecanismos independientes de supervisión para garantizar la transparencia.
Asimismo se insta a los Estados a no forzar a los proveedores de servicios o a los fabricantes de hardware y software a construir capacidades de vigilancia o retener información.
Se propone también que a los individuos se les notifiquen las decisiones que autoricen la vigilancia de sus comunicaciones con tiempo e información suficientes para poder recurrir las decisiones.
En cuanto a los tratados de asistencia legal mutua con varios estados, se debería asegurar un estándar con el mayor nivel de protección a los usuarios.
Los principios defendidos por los grupos de internautas en esta declaración de principios pasan por garantizar el derecho a la privacidad de los ciudadanos, con una vigilancia limitada por ley a fines los legítimos de una sociedad democrática y tras ponderar el beneficio perseguido frente a los posibles daños a los usuarios.
Se propone además que las acciones de vigilancia de las comunicaciones las emprendan las autoridades judiciales competentes, de forma imparcial e independiente.
Se insta además a que los Estados sean transparentes sobre el uso y alcance de las técnicas y capacidades de vigilancia de las comunicaciones utilizadas y establezcan mecanismos independientes de supervisión para garantizar la transparencia.
Asimismo se insta a los Estados a no forzar a los proveedores de servicios o a los fabricantes de hardware y software a construir capacidades de vigilancia o retener información.
Se propone también que a los individuos se les notifiquen las decisiones que autoricen la vigilancia de sus comunicaciones con tiempo e información suficientes para poder recurrir las decisiones.
En cuanto a los tratados de asistencia legal mutua con varios estados, se debería asegurar un estándar con el mayor nivel de protección a los usuarios.
