Carmen Naranajo.- El anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la del Código Penal en lo que a delitos contra la propiedad intelectual se refiere son las dos apuestas legales del Gobierno en esta materia, la segunda con más apoyos que la primera.
El Código Penal endurecerá sensiblemente el castigo a los que exploten económicamente la piratería de tal forma que los propietarios de las páginas en internet que permiten obtener listados de enlaces para acceder ilícitamente a obras protegidas por derechos de autor podrán ser castigados con penas de hasta seis años de prisión.
En ningún caso, ha insistido el Gobierno, se actuará contra usuarios o buscadores neutrales, ni contra los programas P2P, que permiten compartir contenidos.
Contra esta norma ha arremetido la Asociación de Internautas, que cree que "si se criminalizan los enlaces, se criminaliza todo internet" mientras que para los creadores es un "mensaje de esperanza".
Pero es la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual la que ha desatado un sinfín de críticas dirigidas al texto de su anteproyecto, que previsiblemente se convertirá en proyecto de ley a principios de año cuando sea aprobado por el Consejo de Ministros y pase al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
Un Parlamento en el que, antes de llegar, el anteproyecto no ha tenido muy buena acogida. En el Congreso, los grupos de la oposición han sacado su artillería contra esta iniciativa y han pedido al Gobierno la retirada del anteproyecto, salvado por la mayoría parlamentaria del PP.
La oposición considera que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no ha negociado con el sector de la cultura esta norma y le recrimina que, por el contrario, sí lo ha hecho con los Ministerios de Industria y Economía, algo que el grupo popular niega.
El pago por copia privada, que sustituyó al antiguo canon digital, y su pago a cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es uno de los caballos de batalla de esta ley.
La copia privada está definida en España como un límite al derecho de reproducción que ostentan los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las obras y prestaciones protegidas.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha alertado del riesgo que supone el hecho de que el pago de la compensación por copia privada se cargue a los presupuestos del Estado, ya que "puede no ajustarse" a las normas del derecho comunitario.
Tanto este informe como el emitido por el Consejo de Estado han hecho que el PSOE haya pedido la retirada del anteproyecto de ley al entender que constituye una vulneración del derecho de autor y de su salvaguarda efectiva.
Tampoco la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha estado de acuerdo con la reforma ya que cree que "adolece de importantes carencias", es demasiado parcial" y "no garantiza la competencia efectiva en un sector clave".
Por el contrario, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, considera que el informe del Consejo de Estado no cuestiona aspectos esenciales de la norma, que cree que podrá ir al Consejo de Ministros a mediados de enero.
El ministro sí ha reconocido que el informe de este órgano consultivo contiene "muchas observaciones muy razonables" que sugieren tratamientos alternativos, como el que propone dotar de una mayor eficacia a los mecanismos de lucha contra las infracciones a través de la Comisión de Propiedad Intelectual.
De las observaciones que contiene el informe, ha dicho el titular de Cultura, se incorporarán aquellas que sean compatibles con el propósito del proyecto.
Un texto "muy flojo" y "lleno de trampas" que no servirá para combatir eficazmente la piratería, es la opinión que el anteproyecto le merece a Antonio Guisasola, presidente de la asociación Promusicae, que representa a los productores musicales, uno de los muchos sectores de la cultura que ha expresado su rechazo a la redacción que contiene.
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha levantado también su voz contra el anteproyecto ya que considera que pretende liberalizar y poner en peligro la gestión colectiva de los derechos de autor, según aseguró José Luis Acosta, en su primera rueda de prensa tras ser elegido nuevo presidente de la entidad, que vivió una "movidita" primera mitad de 2013.
(Agencia EFE)
El Código Penal endurecerá sensiblemente el castigo a los que exploten económicamente la piratería de tal forma que los propietarios de las páginas en internet que permiten obtener listados de enlaces para acceder ilícitamente a obras protegidas por derechos de autor podrán ser castigados con penas de hasta seis años de prisión.
En ningún caso, ha insistido el Gobierno, se actuará contra usuarios o buscadores neutrales, ni contra los programas P2P, que permiten compartir contenidos.
Contra esta norma ha arremetido la Asociación de Internautas, que cree que "si se criminalizan los enlaces, se criminaliza todo internet" mientras que para los creadores es un "mensaje de esperanza".
Pero es la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual la que ha desatado un sinfín de críticas dirigidas al texto de su anteproyecto, que previsiblemente se convertirá en proyecto de ley a principios de año cuando sea aprobado por el Consejo de Ministros y pase al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
Un Parlamento en el que, antes de llegar, el anteproyecto no ha tenido muy buena acogida. En el Congreso, los grupos de la oposición han sacado su artillería contra esta iniciativa y han pedido al Gobierno la retirada del anteproyecto, salvado por la mayoría parlamentaria del PP.
La oposición considera que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no ha negociado con el sector de la cultura esta norma y le recrimina que, por el contrario, sí lo ha hecho con los Ministerios de Industria y Economía, algo que el grupo popular niega.
El pago por copia privada, que sustituyó al antiguo canon digital, y su pago a cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es uno de los caballos de batalla de esta ley.
La copia privada está definida en España como un límite al derecho de reproducción que ostentan los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las obras y prestaciones protegidas.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha alertado del riesgo que supone el hecho de que el pago de la compensación por copia privada se cargue a los presupuestos del Estado, ya que "puede no ajustarse" a las normas del derecho comunitario.
Tanto este informe como el emitido por el Consejo de Estado han hecho que el PSOE haya pedido la retirada del anteproyecto de ley al entender que constituye una vulneración del derecho de autor y de su salvaguarda efectiva.
Tampoco la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha estado de acuerdo con la reforma ya que cree que "adolece de importantes carencias", es demasiado parcial" y "no garantiza la competencia efectiva en un sector clave".
Por el contrario, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, considera que el informe del Consejo de Estado no cuestiona aspectos esenciales de la norma, que cree que podrá ir al Consejo de Ministros a mediados de enero.
El ministro sí ha reconocido que el informe de este órgano consultivo contiene "muchas observaciones muy razonables" que sugieren tratamientos alternativos, como el que propone dotar de una mayor eficacia a los mecanismos de lucha contra las infracciones a través de la Comisión de Propiedad Intelectual.
De las observaciones que contiene el informe, ha dicho el titular de Cultura, se incorporarán aquellas que sean compatibles con el propósito del proyecto.
Un texto "muy flojo" y "lleno de trampas" que no servirá para combatir eficazmente la piratería, es la opinión que el anteproyecto le merece a Antonio Guisasola, presidente de la asociación Promusicae, que representa a los productores musicales, uno de los muchos sectores de la cultura que ha expresado su rechazo a la redacción que contiene.
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha levantado también su voz contra el anteproyecto ya que considera que pretende liberalizar y poner en peligro la gestión colectiva de los derechos de autor, según aseguró José Luis Acosta, en su primera rueda de prensa tras ser elegido nuevo presidente de la entidad, que vivió una "movidita" primera mitad de 2013.
(Agencia EFE)
