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La crisis aumenta los casos de "muleros informáticos"


Son utilizados, de forma inconsciente, por mafias de cibercriminales para blanquear el dinero procedente del phishing. Si recibe una sugerente oferta de empleo en su correo electrónico, desconfíe.




Luz Sela - teinteresa.es .- “Trabaje como gestor de transferencias. Gane dinero fácil y rápido, trabajando desde su propia casa”. Tan fácil y tan rápido, como hacerse con 2.500 euros, trabajando apenas cuatro tardes al mes.

Un trabajo que puede ser la tentación de cualquiera. Es el anzuelo que utilizan las mafias de la red para reclutar a sus “soldados” del negocio ilegal. Se les conoce como “muleros bancarios” y, aceptando ofertas como estas, que se cuelan de forma sigilosa en su bandeja de spam del correo, se convierten en cómplices de una auténtica estructura delictiva. El delito es colaboración en blanqueo de capitales, y oculta una trama organizada de phishing, uno de los cibercrímenes más habituales, y que consiste en reventar cuentas bancarias para hacerse con un suculento botín. La Brigada de Delitos informáticos de la Guardia Civil la incluye entre las cinco principales estafas de la Red, que suponen más del 64% de los delitos cometidos en el entorno virtual, según la memoria de la fiscalía correspondiente a 2012.

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Los autores del phishing se aprovechan de fallos de seguridad en la red bancaria para hacerse con el código de cuenta de sus víctimas o bien, consiguen que se los den de forma “voluntaria”, tomando la identidad de su propio banco o de una empresa que les requiere el número de cuenta y cierta información confidencial.  Una vez conseguido este primer paso, las mafias, con frecuencia localizadas en el extranjero, necesitan a un intermediario que “lave” el dinero. Es ahí donde aparece la figura del mulero

El trabajo es aparentemente sencillo. Sacar del país, frecuentemente, en metálico, a través de una empresa de envío o sistemas de pago como Western Unión o Money Gram, las cantidades que irá recibiendo en pequeñas transferencias en su cuenta bancaria y enviarlo a una persona localizada, generalmente, en un país del Este, en Asia o EEUU.  Estas transferencias suelen ser inferiores a 3.000 euros, cantidad que no exige justificar su procedencia. 

A cambio, el mulero se queda con una comisión que ronda el 15%. Estas víctimas, no saben en ningún momento el origen de ese dinero que están moviendo, o bien se les engaña haciéndoles creer que procede de operaciones comerciales totalmente legales. Además, la relación con sus empleadores se reviste de una apariencia de total profesionalidad, por medio de un contrato en el que se llega a especificar incluso los días de vacaciones remuneradas.

También las webs se han sofisticado, hasta convertirse en portales de empleo muy similares a los que  podemos encontrar de forma legal en la Red. En ocasiones, incluso, se apela a la solidaridad de los muleros y se les hace creer que el destinatario final de sus transferencias es una ONG. “Suele ocurrir además que los procesos de envío de estos correos suelen ser masivos y una misma oferta puede estar rebotándose por la Red, de forma que basta que haya cinco negocios que se dedican a esto para que tenga una expansión tremenda”, advierte Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.

De esta forma, el dinero se blanquea y el mulero se convierte en un eslabón débil y fácilmente criminalizable, porque la investigación de Policía y Guardia Civil conduce, en primer lugar, a su dirección IP, aquella en la que se ha recibido la transferencia de un dinero estafado.  El destinatario final suele acabar ilocalizado y estas personas envueltas en un proceso judicial de la noche a la mañana.

Los muleros, condenados. Los estafadores, impunes.

Desde el punto de vista jurídico, son cómplices de un delito. El blanqueo de capitales por imprudencia, delito que se atribuye a estas mulas, está tipificado en el Código Penal con penas de seis meses a dos años de cárcel y sanciones económicas.

Los casos son más frecuentes de lo trasciende a los titulares. Y los importes defraudados son en muchos casos cuantiosos.  Hace apenas una semana, la Policía Nacional desarticulaba en Valencia una organización que habría defraudado más de 500.000 euros con falsas ofertas en Internet. Los detenidos, doce y de nacionalidad rumana, ofertaban a través de conocidas webs de compraventa de productos o páginas ficticias creadas por ellos mismos, todo tipo de productos y servicios inexistentes. Para llevar a cabo la estafa, contactaban con muleros, que debían abrir cuentas en las que recibían los pagos por la venta de los productos o servicios. Una modalidad que aprovecha la misma estrategia operativa.

“El problema con el que nos encontramos es que los jueces eran, en un principio, más laxos, pero según va pasando el tiempo no se terminan de convencer de que estas personas no son conscientes de lo que están haciendo”, asegura Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas Más allá de la condena, Domingo advierte de que suele suponer “un shock” para quien se descubre envuelto en una red criminal sin tener sospecha de ello, “y ve que de repente le llega una denuncia de la Policía, o el banco le bloquea las cuentas”.

"Genera un auténtico trauma", comparte también la abogada Ofelia Tejerina, especializada en delitos en la Red. En entornos pequeños, como los pueblos, los muleros son señalados como estafadores, y quedan estigmatizados de por vida. No existe ningún perfil, afirma. “He tenido gente de nivel económico medio o nivel educativo alto, gente que necesitaba dinero rápido en un momento dado, gente de todas las edades, gente que acababa de aproximarse al correo electrónico por primera vez...” Cualquiera corre el riesgo de picar.

Y picar significa meterse en un embrollo legal.  “A la policía y a la justicia misma les resulta muy dificil localizar al auténtico criminal, porque normalmente se encuentran en países de la Unión Soviética. Son mafias organizadas cada vez más sofisticadas. Al policía y al juez lo que le queda es que a este señor se le han ingresado 6.000 euros ilegales. Y lo culpables quedan completamente a salvo”, señala Domingo. 

“La ley está clarísima y define lo que es la víctima de una estafa, el estafador y el que no ha hecho nada. El problema es que en los juzgados no saben cómo encajar este problema en las figuras penales que tenemos actualmente”, explica Tejerina. Por sus manos pasan cada semana “hasta cuatro casos” de muleros. Casos que están suficientemente fundados, porque los otros, son muchos más.

 “Para poder ser un estafador, como dice el Código Penal, tendría que existir “dolo”, es decir, conocimiento. Pero el problema es que muchos jueces dicen, “debería sospechar de que es algo ilegal”, y eso lleva a multitud de problemas”.  No es infrecuente ver en las sentencias, la consideración del juez de que “el acusado hizo las extracciones sin efectuar gestión alguna para comprobar su posible procedencia ilícita, dado el carácter inequívocamente sospechoso de la operación”. Presupone, por tanto, que no sospechar de lo iícito se convierte en delito en sí mismo. Según esta experta, en el 90% de los casos de muleros que llegan a un juzgado, éste es condenado, cuanto menos, a devolver el dinero.

“Tengo que explicarle a un juez que estoy recibiendo un dinero que creo que procede de una operación lícita, pero estoy colaborando con estafadores. ¿Quién es entonces el principal sospechoso?”, dice esta abogada. 

Otras sentencias, en cambio, sí han absuelto a los acusados por considerar que no tenían obligación de llevar a cabo una investigación para conocer la procedencia de los fondos recibidos. Es el caso de una sentencia del Supremo, que absolvió el año pasado a una mujer implicada en una estafa informática, como recoge la abogada Susana López Abella en su artículo, "Las víctimas del phishing": 

"Podrá argumentarse, como en efecto se hace, que la manera de actuar a que Olga se había comprometido, al contratar a través de Internet con la entidad de nombre Exact Building Company SA, de forma que las supuestas inversiones, también supuestamente captadas, pasarían por su cuenta o libreta, era francamente extraña al modo de operar de las entidades financieras convencionales. Pero lo cierto es que, como, con patente rigor, razona la sala, nada indica que la acusada, por su cultura y experiencia, tuviera que haber sido consciente y ni siquiera albergado una sospecha al respecto"

En 2012, una sentencia pionera también del Supremo añadió cierta seguridad jurídica a esta situación de dificil anclaje penal. En ella, el alto tribunal liberaba a dos acusados a diez meses de prisión por delito de estafa informática, por considerar que la dirección IP, por sí sola, no acredita haber cometido delito. 

En la práctica, en cambio, el resultado está a merced del criterio del juez. Aunque lo que sí es habitual en la práctica totalidad de los casos es que los auténticos cabecillas se queden impunes.  “Sí hay algunos casos de estafadores que han sido detenidos, como ocurrió hace tres años en la zona de Levante, pero el problema es que están en otros países y resulta muy complicado”, dice Tejerina, “Yo misma llevo un caso que empezó en el año 2007 y tengo puesto comisiones rogatorias en Tailandia, EEUU, etc. pero es muy lento y complicado”

¿Existen suficientes mecanismos de control? “ Los departamentos, tanto de Policía como de Guardia Civil son muy buenos, pero el problema es que no hay bastantes recursos materiales para trabajar y muchas veces los juzgados se ven además un poco perdidos, y no saben cómo reaccionar a estos casos”. 

Cómo detectar que estamos siendo engañados

¿Se pueden detectar? La respuesta es sí. En la Red hay que ser cauto y mirar con lupa todo lo que nos envían.

En la mayoría de los casos, estos correos electrónicos entran en nuestra bandeja de spam. El remitente suele ser desconocido y, en muchos casos, la oferta viene escrita en inglés.

En el caso de estar traducido al castellano, suele estar plagado de faltas de ortografía. ADemás, generalmente, son correos breves que no proporcionan mucha información de la oferta y que apenas nos exigen requisitos para hacernos con el empleo. 

  “Lo importante es que la persona que lo reciba no sólo no participe, sino que lo ponga en conocimiento de la Brigada de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil”, recomienda además Rubén Sánchez, de FACUA. “Lo primero que hay que pensar si recibimos una de estas ofertas es que es una práctica delictiva y hay muchas posibilidades de que te pillen”


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