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editorial de el mundo

Una sentencia peligrosa sobre el 'derecho al olvido' en internet


EL TRIBUNAL de Justicia de la Unión Europea emitió ayer una sentencia sobre el denominado derecho al olvido en internet que supone un importante respaldo de los partidarios del borrado de datos personales en la Red. El caso se refiere a un ciudadano español que reclamaba a Google la eliminación de una información veraz publicada en La Vanguardia en la que aparecía como moroso. El buscador se opuso en su momento, alegando que era el periódico el que tenía que borrar esa noticia, porque lo único que hacía era ordenar una información real existente. Éste es el mismo criterio que defendió el abogado general de la UE en su dictamen preliminar sobre el caso, presentado el año pasado: no se puede considerar al buscador «responsable del tratamiento» de los datos personales siempre que «no indexe o archive datos personales en contra de las instrucciones o las peticiones del editor de la página web».




La sentencia de Estrasburgo dictamina justo lo contrario y es importante porque puede afectar al funcionamiento en Europa de Google y de todos los agregadores que existen en la Red, incluso los de los propios medios de comunicación, en Europa. En definitiva, los jueces entran en el conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Y, al contrario de lo que hemos visto en sentencias de distintos ámbitos judiciales, priman el primero sobre el segundo. El tribunal considera que los buscadores «tratan» la información que ofrecen en los resultados de las búsquedas y, al amparo de la directiva sobre protección de datos personales, son responsables de la misma.

Es decir, a partir de ahora, un particular tiene derecho a pedir a un buscador que borre de sus resultados una determinada información que pueda lesionar su derecho al honor. La sentencia ha sentado como un jarro de agua fría en Google, el principal de los agregadores en el mundo, cuya dirección en España calificó la decisión de «decepcionante para los motores de búsqueda y editores on line en general».

Un ejemplo. Ana Torroja fue condenada ayer a pagar 1,4 millones de euros por un delito fiscal. Según Estrasburgo, una vez safisfecha esa multa la cantante podría pedir a Google que, en aras de la protección de su intimidad, eliminara del buscador cualquier referencia a esa noticia. Parece absurdo, pero la sentencia da pie a ello. Ni que decir tiene que esta decisión del Tribunal de Estrasburgo puede abrir un caudal de litigios, entre buscadores y particulares, que va a producir más perjuicios que beneficios.

Google tiene que acatar la sentencia, pero desde un medio de comunicación no se puede aplaudir esta decisión de Estrasburgo, que toca directamente el derecho a la información. Desde luego, estamos mucho más de acuerdo con la opinión del abogado general, que concluía de forma contundente su dictamen sobre el caso: «Los derechos de cancelación y bloqueo de datos no confieren al interesado el derecho a dirigirse a un buscador para impedir que se indexe información que le afecta personalmente, invocando su deseo de que los usuarios de internet no conozcan tal información si considera que le es perjudicial». Quien se crea afectado en su intimidad por una información debe dirigirse al medio de comunicación que la publicó. Y si la información es veraz y ha sido contrastada a nadie se le ocurirrá retirarla. Pues lo mismo sucede con Google y con el resto de los buscadores.

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