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¿Dónde están los límites de la libertad de expresión?


El asesinato de Isabel Carrasco ha generado multitud de comentarios de condolencias en las redes sociales pero también han aparecido algunos vejatorios que se han amparado detrás de una supuesta libertad de expresión, pero...




EuropaPress - ¿QUÉ ES Y DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

La libertad de expresión es un derecho fundamental del ser humano que garantiza la posibilidad de reflejar por escrito o verbalmente una opinión o pensamiento sobre un asunto o persona, según recoge la Constitución.

Como cualquier derecho, debe ejercerse con responsabilidad y conlleva ciertas obligaciones. No se trata de un derecho absoluto: su límite aparece cuando se vulneran los derechos de otras personas.

Así, el uso de ciertas palabras o símbolos pueden atentar contra el derecho del honor o la integridad de otros, también recogidos por la Constitución. Existen más casos en los que el derecho de libertad de expresión desaparece: es el caso de los comentarios que suponen una incitación al odio, apología de la violencia, injurias, calumnias...

En este momento la libertad de expresión deja de ser un derecho y puede pasar a ser una falta o delito, que puede ser llevado ante la justicia. Será el juez el que decida si constituye una infracción, y en caso afirmativo, quien dicte sentencia sobre ello.

POSIBLE CAMBIO EN LA REGULACIÓN

Tras la polémica generada, el Gobierno salió al paso de la situación diciendo que analizarían posibles regulaciones. Lo que estudian los ministerios de Interior y Justicia no es la introducción de nuevos delitos o endurecer penas en el Código Penal, como se dio a entender en un principio, sino que en su articulado se recoja la potencialidad que tienen estas redes sociales y formas de comunicación social a la hora de cometer estos delitos, según han explicado a Europa Press fuentes ministeriales.

Las principales asociaciones de jueces no creen necesaria la introducción de cambios, ya que según afirman, el Código Penal ya aporta soluciones para estas infracciones.

Aunque por su parte, el juez Marcelino Sexmero, de la asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, defiende la necesidad de la adecuación de los instrumentos legales para la persecución y posterior identificación de estas personas.

Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, también ha expresado que no es necesaria una nueva regulación debido a que estos delitos ya se encuentran recogidos en la ley y defiende que lo que se debe hacer es aplicar la legislación en la red, como se haría en cualquier otro lugar.

El experto en Internet Enrique Dans se posiciona también en contra de acometer cambios en la regulación de la red, y afirma que estos comentarios son casos muy minoritarios y que la ley ya recoge ampliamente estos delitos.

"Es fundamental que dejemos de considerar la red como un lugar o un fenómeno distinto al resto". (...) "Dale a un tonto un micrófono, y dirá tonterías, sea en la radio, en la tribuna de un mitin, en Facebook o en Twitter. Da igual. Un tonto es un tonto, y por definición, dice tonterías".

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha instado este martes a "limpiar la red" de comentarios que incitan al odio y a la xenofobia. Las principales asociaciones de jueces consideran que es complicado controlar lo que se publica en la red y más aún borrarlo -sería necesaria la colaboración de las empresas de Internet, algo que ven complicado-.

SI SE PRODUCEN COMENTARIOS VEJATORIOS, ¿QUIÉN DEBE INICIAR EL PROCESO?

En la gran mayoría de los casos, es la víctima de estos comentarios quien tiene que iniciar el proceso, presentando una denuncia. Pero en otros casos, cuando se trata de un comentario que reviste mayor gravedad -como amenazas serias o incitación al odio-, la Policía puede actuar de oficio -por iniciativa propia- y llevar el caso ante un juez.

¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES QUE APARECEN EN LA INVESTIGACIÓN?

La principal dificultad se encuentra en la identificación de la persona que ha hecho el comentario vejatorio, ya que en muchos casos se oculta bajo seudónimo. Para la localización del sujeto es necesaria la colaboración de las empresas
Otro gran problema llega si la identificación se efectúa. Es necesario acreditar que la persona acusada ha sido la que realmente ha cometido el delito y no se ha producido una suplantación de identidad, algo que es factible en la red.

¿ES POSIBLE ACABAR CON EL ANONIMATO EN INTERNET?

Es prácticamente imposible, afirman desde las asociaciones de jueces. El método para lograrlo sería introducir los datos reales apoyados por el documento de identidad o la tarjeta bancaria y obligaría además a las empresas a realizar una comprobación posterior.

Es importante tener en cuenta que la legislación internacional no está coordinada en estos aspectos, por lo que sería un proceso de una dificultad extrema.

Por otro lado, sería contrario a algunos derechos fundamentales de las personas como el derecho al honor o a la intimidad.

¿A QUÉ PENAS LEGALES SE PUEDEN ENFRENTAR LAS PERSONAS QUE PUBLICAN ESTOS COMENTARIOS?

Las penas a las que deben hacer frente depende de la gravedad del comentario. Según informan las principales asociaciones de jueces, la mayoría son faltas, que por su gravedad no llegan a ser un delito. En este caso, se resolverá con el pago de una multa cuya cuantía dependerá del nivel económico de la persona, aunque la cantidad suele oscilar entorno a los 150 euros.

La pena de cárcel es complicada, pero posible y se reserva para delitos que revisten gravedad como la incitación al odio o las amenazas que conllevan mucha seriedad.

¿HA HABIDO YA ALGÚN DETENIDO?

En las últimas semanas ha habido dos imputaciones con motivo de los comentarios ofensivos.

La última es un joven de 19 años de Jerez de la Frontera que se mofó del asesinato de la presidenta de la Diputación de León y llamó al asesinato de más políticos. Grabó una canción elogiando "la puntería" de la asesina de Carrasco y pedía bombas contra políticos.

El otro detenido en Valencia por la Guardia Civil ha sido acusado también por mofarse de la fallecida y pedir la muerte de más políticos.<

"Así se hace, a matarlos a todos", "Más tiros en la cabeza de PPeros", "Isabel CarrasKO" son algunos de sus comentarios.

   A principios de este mes, un joven fue condenado a pagar 1.300 euros de multa por injurias a Cristina Cifuentes. El joven escribió "calla puta, que no tienes dignidad" en Twitter, un suceso por el que la delegada del Gobierno llegó a solicitar hasta cuatro años de prisión.

¿EXISTE LA REGULACIÓN DE INTERNET EN LOS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO?

Los países pertenecientes a la Unión Europea o Estados Unidos no tienen una regulación concreta sobre el tema, según confirma Víctor Domingo.

De hecho, la regulación de Internet es característica de regimenes autoritarios. El caso más claro es Corea del Norte, donde la posibilidad de acceder a Internet es prácticamente inexistente o  China, donde sí se puede acceder, pero existe un control férreo por parte del Gobierno que tiene monotorizados los contenidos.

Domingo afirma que cualquier regulación que el Gobierno introdujese supondría que España se pusiera al nivel de los países autoritarios.

EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales son una plataforma perfecta para expresar ideas y opiniones debido a su inmediatez y gran repercusión. Por estos motivos, en los últimos tiempos las redes han recogido una serie de comentarios ofensivos que han iniciado el debate sobre la necesidad de introducir regularizaciones.

Puede parecer que los comentarios ofensivos en Internet cuentan con impunidad, pero lo cierto es que los juzgados reciben a diario denuncias por este motivo. La polémica desatada por los comentarios vejatorios tras la muerte de Carrasco han iniciado el debate en la calle, pero las autoridades ya los perseguían.

Según informa Sexmero, solo en Madrid se contabilizan unas 150 denuncias al día por este tema.

Son los individuos los que tienen la responsabilidad de lo que publican en las redes sociales y estas no tienen la capacidad de marcar los límites de la libertad de expresión, actividad que recae en los jueces.

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