La Justicia esta poniendo el debate iniciado desde la red el pasado mes de noviembre por Kriptopolis y la Asociación de Internautas,en los mismos términos del inicio de la campaña por la inviolabiliadad del correo electrónico en el puesto de trabajo: violar el correo electrónico de los ciudadanos, independientemente de que estén en el puesto de trabajo, es delito.
Esta campaña provocada por la decisión del Gobierno británico que autorizaba a los empresarios de ese país a acceder a los correos electrónicos de sus empleados y porque paraleladamente en España se produjeron dos casos en el ámbito laboral, por un lado el despido de un trabajador bancario perteneciente al Deutsche Bank, y que en la actualidad existe una denuncia penal en curso, aceptada a tramite por un juzgado de Barcelona, contra los directivos de ese banco por la violación del correo electrónico del trabajador despedido. Y por otro lado el despido de un sindicalista de la Sección Sindical de la UGT en la multinacional NCR., que ayer un juez de Madrid consideraba como despido nulo por considerar que la multinacional NCR ha demostrado fuertes indicios de vulneración de sus derechos fundamentales, tanto a la libertad sindical como a al intimidad
Sí a estas actuaciones judiciales unimos el reciente fallo que la Audiencia Nacional hace a favor de la demanda puesta por la Sección Sindical de CCOO en el BBVA, por la represión de esta entidad bancaria del uso sindical del correo electrónico, nos encontramos con que la justicia con las leyes con las que dispone en la actualidad esta en la línea argumental que desde la Red estamos indicando sin apenas discusión y que ese refleja en manifiesto que Kriptopolis y la Asociación de Internautas presentamos en la citada campaña
Estos criterios asumidos también por los Senadores de todos los grupos políticos con representación parlamentaria integrantes de la Comisión Internet del Senado, deben ser tenidos en cuenta de forma inmediata por las empresas que todavía persisten en vulnerar los derechos a la privacidad e intimidad de los ciudadanos conectados que recogen la Constitución española y cuya violación nuestro Código Penal considera delito.
Hacemos de nuevo un llamamiento a los agentes sociales y en especial al Gobierno para que tal y como avanzamos en su dia se tomen las medidas oportunas para que antes de llegar a múltiples procesos judiciales se elaboren normas afectas al Estatuto de los Trabajadores que defiendan los derechos de estos ante la intromisión de las empresas en sus correos electrónicos., y se garantice de forma inequívoca el uso sindical de la Red, tal y como se están pronunciando los Tribunales de Justicia.
Asociación de Internautas
