La inexistencia de una legislación que regule la función de los servicios secretos es un auténtico "caldo de cultivo" para la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y para ingerencias en la vida personal como en la actividad de empresas, centros de decisión e investigación. Sólo pensar que empresas como El Corte Inglés, Indra o Telefónica, por ejemplo, conocen todos nuestros datos personales, nos congela la sangre.
