El Gobierno afirma que el 'proxy-caché' no puede ser regulado y que los usuarios disponen de "doble nivel de garantía"
De este modo respondió el Ejecutivo a una pregunta del diputado de la Chunta Aragonesista José Antonio Labordeta sobre las "previsiones acerca de ejercer alguna acción en defensa del libre acceso de los usuarios a Internet", ante la medida de Telefónica de "interponer" un 'proxy-caché', que ha causado cierta incertidumbre en la comunidad internauta.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) ha respondido que la implantación de estos sistemas "no constituye una alteración de la naturaleza o características de los servicios ofrecidos" por las operadoras, "sino que se integra en la definición de los medios empleados para proveer dichos servicios".
Así, afirma que no puede ser regulado, puesto que "se integra, como un protocolo de actuación" destinado a optimizar y facilitar el tránsito y distribución de los servicios web.
Además, el MCYT recoge que el 'proxy-caché' de Telefónica, como operador dominante en el mercado español, está destinado a "mejorar la calidad del servicio ofrecido a sus usuarios relativa a la velocidad de acceso en la Red, la propia navegación web y la difusión en tiempo real ('streaming') de contenidos de vídeo y audio a través de Internet.
GARANTÍAS
No obstante, el Gobierno recuerda a los usuarios que disponen de una "garantía de la exigencia del cumplimiento de las condiciones de calidad, continuidad y precio suscritas con el proveedor de servicios ADSL", así como con la "garantía específica establecida en el artículo 54 de la Ley General de Telecomunicaciones".
En este artículo se establece que "los operadores de telecomunicaciones y los usuarios podrán someter las controversias que les enfrenten al conocimiento de Juntas Arbitrales de Consumo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 26/1984, de 19 de julio, sobre Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en sus normas de desarrollo".
En la actualidad, la resolución de estas controversias compete a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), y para el supuesto de que no se sometan a dichas juntas, "el MCYT establecerá, reglamentariamente, el órgano competente de dicho Departamento para resolver las controversias, si así lo solicitan voluntariamente los usuarios y el procedimiento rápido y gratuito al que aquél habrá de sujetarse".
CRÍTICAS DE LA AI "
No obstante, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, criticó, en declaraciones a Europa Press, que el Gobierno "no establezca ningún parámetro" para estos servicios, y lamentó la "explicación" del Ejecutivo, toda vez que el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Carlos López Blanco, expresó hace semanas su preocupación sobre el sistema de la operadora en el Senado.
"El problema es que Telefónica ha puesto el 'proxy-caché' a internautas que ya tenían unas condiciones de navegación previas y ahora genera en ocasiones problemas de actualización", afirmó Domingo, aclarando que a las operadoras les supone un "notable ahorro de ancho de banda".
El presidente de la AI criticó la "inexistencia" de una regulación al respecto por parte del MCYT, aseguró que se necesita una regulación "en el tema de calidad" y afirmó que la implantación de los 'proxy-caché' "debería ser voluntaria", aunque muchos ISP disponen ya de ellos.
Reproducido de Europa Press
Formulario de notificación de problemas Proxy-Caché.
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Así, afirma que no puede ser regulado, puesto que "se integra, como un protocolo de actuación" destinado a optimizar y facilitar el tránsito y distribución de los servicios web.
Además, el MCYT recoge que el 'proxy-caché' de Telefónica, como operador dominante en el mercado español, está destinado a "mejorar la calidad del servicio ofrecido a sus usuarios relativa a la velocidad de acceso en la Red, la propia navegación web y la difusión en tiempo real ('streaming') de contenidos de vídeo y audio a través de Internet.
GARANTÍAS
No obstante, el Gobierno recuerda a los usuarios que disponen de una "garantía de la exigencia del cumplimiento de las condiciones de calidad, continuidad y precio suscritas con el proveedor de servicios ADSL", así como con la "garantía específica establecida en el artículo 54 de la Ley General de Telecomunicaciones".
En este artículo se establece que "los operadores de telecomunicaciones y los usuarios podrán someter las controversias que les enfrenten al conocimiento de Juntas Arbitrales de Consumo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 26/1984, de 19 de julio, sobre Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en sus normas de desarrollo".
En la actualidad, la resolución de estas controversias compete a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), y para el supuesto de que no se sometan a dichas juntas, "el MCYT establecerá, reglamentariamente, el órgano competente de dicho Departamento para resolver las controversias, si así lo solicitan voluntariamente los usuarios y el procedimiento rápido y gratuito al que aquél habrá de sujetarse".
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No obstante, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, criticó, en declaraciones a Europa Press, que el Gobierno "no establezca ningún parámetro" para estos servicios, y lamentó la "explicación" del Ejecutivo, toda vez que el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Carlos López Blanco, expresó hace semanas su preocupación sobre el sistema de la operadora en el Senado.
"El problema es que Telefónica ha puesto el 'proxy-caché' a internautas que ya tenían unas condiciones de navegación previas y ahora genera en ocasiones problemas de actualización", afirmó Domingo, aclarando que a las operadoras les supone un "notable ahorro de ancho de banda".
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Reproducido de Europa Press
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