Miguel Mirón en Ritmos Siglo XXI .- 1 de enero de 2015. Primer día de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Al igual que la Ley Sinde, la reforma nació con polémica. En primer lugar, porque mantenía el cobro de la copia privada a través de los Presupuestos Generales del Estado ?es decir, del bolsillo de los contribuyentes-; y en segundo lugar, porque incluía lo que se conoce como Tasa Google, una tasa que obliga a los agregadores de noticias, como Menéame o Google News, a pagar a los medios de comunicación.
Una tasa con polémica
El desenlace aún está por determinar, aunque todo da a entender que la tasa podría salir adelante antes de junio, cuando se prevén unas elecciones generales en caso de que Pedro Sánchez fracase.
Los expertos que componen la Sección Primera. (Foto: Ministerio de Cultura)
El desenlace aún está por determinar, aunque todo da a entender que la tasa podría salir adelante antes de junio, cuando se prevén unas elecciones generales en caso de que Pedro Sánchez fracase.
Hasta hoy, el canon no se ha llegado a ejecutar, lo que ha molestado a la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que acusa al Gobierno de impedir el cobro de la Tasa Google. Sin embargo, y con el Gobierno en funciones, el Ejecutivo español ha constituido esta semana la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual en la nueva etapa de este órgano, que ha ampliado sus competencias tras la reforma de la LPI.
Todo da a entender que el Gobierno, ya en sus últimas, quiere contentar a los medios de comunicación con un ?marco tarifario equitativo? ante la posibilidad de otras elecciones generales. |
La principal novedad de las nuevas competencias de la Sección Primera es poner de acuerdo a los agregadores de contenidos con las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. En el caso de que no haya acuerdo, la Sección Primera tendrá la competencia para determinar unas tarifas ?justas y equitativas?, basadas en el ?valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o la prestación protegida en la actividad del usuario?.
La aprobación de la reforma de la LPI nació con polémica. Ante la obligación de que los agregadores pagasen una tasa a las entidades de derechos, Google anunció que cerraría en España su herramienta Google News, lo que provocó la pérdida de visitas de los medios españoles.
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, afirma a Ritmos XXI que ?en realidad hay dos cánones: uno es el canon digital, aprobado en 2007, y que luego Rajoy, que prometió eliminarlo, lo incluyó dentro de los Presupuestos Generales del Estado, pagándolo así el resto de los contribuyentes; y el otro, la Tasa Google, que va a provocar serios problemas?.
Según un estudio realizado por la consultora NERA a petición de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la Tasa Google podría tener un coste de 10 millones de euros a los medios de comunicación españoles. Esto se debe a un descenso del tráfico procedente de Google ?debido al cierre de Google News- y otros agregadores de contenidos de un 6% de todo el sector y hasta un 14% en los medios más pequeños.
?Parece claro que la reforma obedece a los intereses de un grupo particular de editores que, ante el deterioro de su negocio, han buscado obtener una fuente adicional de ingresos por parte de uno de los gigantes del Internet, aun en detrimento del resto de editores?, afirma el estudio.
El desenlace aún está por determinar, aunque todo da a entender que la tasa podría salir adelante antes de junio, cuando se prevén unas elecciones generales en caso de que Pedro Sánchez fracase.
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Según un estudio realizado por la consultora NERA a petición de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la Tasa Google podría tener un coste de 10 millones de euros a los medios de comunicación españoles. Esto se debe a un descenso del tráfico procedente de Google ?debido al cierre de Google News- y otros agregadores de contenidos de un 6% de todo el sector y hasta un 14% en los medios más pequeños.
?Parece claro que la reforma obedece a los intereses de un grupo particular de editores que, ante el deterioro de su negocio, han buscado obtener una fuente adicional de ingresos por parte de uno de los gigantes del Internet, aun en detrimento del resto de editores?, afirma el estudio.
El desenlace aún está por determinar, aunque todo da a entender que la tasa podría salir adelante antes de junio, cuando se prevén unas elecciones generales en caso de que Pedro Sánchez fracase.
