PATRICIA FERNÁNDEZ DE LIS .- Una vez de acuerdo en el problema, los expertos reclaman al Gobierno un plan claro para atajarlo, en el que se estimule la demanda mediante desgravaciones o ayudas en la compra de equipos y el acceso a la Red. La Administración promete un nuevo plan, tras el fracaso de Info XXI, pero niega que el precio sea un obstáculo para el desarrollo tecnológico español.
Cada informe que se publica sobre el estado de la sociedad de la información en España es un suspenso más. Análisis recientes de organismos internacionales, como el Foro Económico Mundial o la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), coinciden en situar a España a la cola de Europa en infraestructura de tecnologías de la información; así, está en el puesto 14 de los 15 países de la UE en preparación para Internet -según The Economist- y es el último país de la OCDE en inversión en tecnología. La novena economía mundial, aspirante declarada a formar parte del G-8, sigue anclada en las profundidades del retraso tecnológico.
El desarrollo de la capacidad para procesar y compartir la información, en cualquier momento y lugar -que es, en definitiva, a lo que se llama sociedad de la información-, era una de las prioridades del Gobierno de José María Aznar. Esta intención se plasmó, en 1999, en el Plan Info XXI, que recogía más de 300 acciones y contaba con 5.000 millones de pesetas de presupuesto. Pero el plan no ha gastado ni el 25% de esa cantidad, ha sido enterrado antes de su muerte oficial (diciembre de 2003) y no ha conseguido sacar a España del abismo tecnológico. El gasto en el desarrollo de la sociedad de la información de los países desarrollados equivale al 7% del PIB. En España, obsesionada con el déficit cero, está en el 2,2%, según la patronal tecnológica Sedisi. "Es cierto que estamos un poco más retrasados que los países del entorno, aunque estamos acercándonos", asegura Leopoldo González-Echenique, director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Los datos de la OCDE (Midiendo la Economía de la Información 2002), indican, sin embargo, que la inversión en equipos y software ha disminuido entre 1990 y 2000 (ver cuadro).
La falta de inversión lastra, en fin, la competitividad de España, que sufre un déficit en la balanza comercial de casi el -5% en este sector. "Si este país no se moderniza ahora", explica Joaquín Oliveras, director general de Sedisi, "la entrada de los países del Este en la UE, la pérdida de los fondos estructurales y los problemas para cumplir las exigencias del Protocolo de Kioto van a provocar un problema gravísimo de competitividad. Ahora es el momento de invertir para evitarlo".
Llegados a este punto, "no hace falta hacer más estudios ni diagnósticos; lo que se necesita es actuar", dice el senador socialista Félix Lavilla, encargado en el PSOE de estas materias. La mayor parte de los actores coincide en exigir voluntad política para acabar con el problema, y el Gobierno español asegura haber captado el mensaje. Después de reconocer el fracaso de Info XXI -que diseñó el propio ministro Josep Piqué, cuando era responsable de Industria-, el Ejecutivo ha encargado un estudio a una comisión de expertos para averiguar cómo desarrollar la sociedad de la información en España. Presidida por el presidente de HP, Juan Soto, la Comisión de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información ha trabajado cuatro meses y acaba de hacer públicas sus conclusiones.
"Golpe de timón"
Entre sus propuestas hay exigencias que todos los expertos comparten, como desarrollar planes de formación en tecnología, reforzar la integración de éstas en las empresas o impulsar la administración electrónica. El mensaje final de la Comisión, que también es compartido, es que este problema no se soluciona de la noche al día, sino que se necesita un "golpe de timón" en la gestión de estas inversiones: alguien debe tirar del carro, y ese alguien debe ser el Ejecutivo, con el presidente Aznar a la cabeza.
El acuerdo llega hasta aquí. Asociaciones de consumidores y patronales informáticas creen que hay que tirar de la demanda; los expertos de la Comisión, y con ellos el ministerio, piensan que la clave está en la oferta. Es decir, y reduciendo el problema al mínimo, la pregunta es si la sociedad de la información crece muy poco porque los españoles no compran ordenadores o si se trata, más bien, de que los ciudadanos no adquieren equipos informáticos porque no hay servicios suficientes -compras, ventas, contratos, finanzas- que realizar desde el PC.
Gran parte del sector cree que el problema está en la demanda. La radiografía de los hogares españoles realizada por el INE (Instituto Nacional de Estadística) y la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) indica que el ordenador es un instrumento que los españoles creen prescindible. Casi el 100% de los hogares tiene televisión y telefóno fijo, y alrededor de un 70% posee un reproductor de vídeo, pero sólo tres de cada diez tiene un ordenador, y la cifra baja aún más (hasta el 17,4%) cuando se estudia el número de hogares que tienen conexión a Internet. Una tecnología diez años más joven, el teléfono móvil, está presente en el 60% de los hogares. Los expertos culpan, directamente, a los precios.
"Cuando Anna Birulés [ex ministra de Ciencia y Tecnología] decidió promover una tarifa ondulada de acceso a Internet, el número de internautas se duplicó en un año", explica Víctor Domingo, presidente de la AI (Asociación de Internautas). El caso del 20% de pymes españolas que, aproximadamente, aún no usa ordenadores, es aún más claro, opinan los defensores de la rebaja de los precios. En las empresas, el gasto puede ser considerado una inversión, y el usuario tendrá un beneficio evidente e inmediato en forma de rebaja de costes (trámites, mensajería...). Si no invierten ya, es porque no pueden.
"El mercado español de tecnologías está un 30% detrás de lo que nos correspondería por nuestros indicadores económicos", explica Oliveras. "Así que hay suplir esas carencias con ayudas", añade. El caso vasco (ver apoyo) es el ejemplo más citado en el sector sobre cómo la Administración puede empujar el desarrollo de la sociedad de la información. Sedisi presentó a la Comisión una propuesta en la que reclamaba incentivos a las inversiones en tecnología, aumentando la desgravación que hoy fija la ley -el 10%- hasta el 20% en el caso de las grandes empresas, y el 50% para las pymes y autónomos.
No a las ayudas
La Comisión, y con ella la Administración, no lo cree necesario. "Hemos discutido mucho sobre ello", reconoce Leopoldo González-Echenique, que actuó como secretario en la Comisión. "Pero las ayudas realizadas en diversas comunidades autónomas se han utilizado, en gran parte, para renovar equipos más que en comprar nuevos", asegura. El director general cree, además, que el precio de la informática no detrae la demanda. "En los hogares hay televisores de pantalla panorámica, cientos de miles de videoconsolas, DVD, móviles... Los ciudadanos gastan dinero si perciben que el instrumento les ofrece utilidad", asegura González-Echenique, que añade que diversas encuestas realizadas en 2001 demuestran que el 50% de los ciudadanos españoles no se conecta a Internet porque no cree que sea necesario hacerlo.
Por eso, el Ejecutivo cree que el énfasis hay que ponerlo en estimular la oferta, mediante el desarrollo de servicios electrónicos, tanto de la Administración -impuestos, contratos, becas, ayudas- como privados -formación online, comercio electrónico-. El Gobierno tiene previsto recoger las propuestas de la Comisión y formar un nuevo plan después de Semana Santa. El responsable del mismo sería el propio José María Aznar, y la primera acción consistirá en una campaña de concienciación -similar a la creada para Barcelona 92-, que comunique a los ciudadanos las ventajas de la sociedad de la información. A diferencia de Info XXI, esta iniciativa será, dicen en el ministerio, concreta, más sistemática, fijará plazos graduales y establecerá un sistema de medición para constatar los progresos. El nombre del plan aún no está definido. El Gobierno no quiere que le ocurra como con Info XXI, que para muchos es ya sinónimo de fracaso.
"De nuevo, no hay objetivos, ni plazos, ni presupuesto", rebate Lavilla. "La campaña de publicidad servirá para crear la burbuja antes de disolver las Cortes y convocar elecciones. El plan de Aznar ha fracasado definitivamente, y ha impedido la competitividad de España", concluye el senador socialista.
Un plan sucede a otro plan, y se realizan cientos de estudios, comisiones y proyectos, pero la situación sigue siendo la misma. En este momento, sólo 17 de cada 100 hogares españoles tiene acceso a Internet, la mitad que la media de la UE (40 hogares). ¿Por qué debería conseguir este nuevo plan el objetivo de sacar a España del tren de cola de la tecnología? "Hemos aprendido mucho de los errores, hemos pedido opinión a los expertos y vamos a escuchar sus sugerencias", concluye González-Echenique. "Un plan debe tener un objetivo", advierte Oliveras. "Todo lo demás son buenos deseos".
Reproducido de El País -Negocios-
Cada informe que se publica sobre el estado de la sociedad de la información en España es un suspenso más. Análisis recientes de organismos internacionales, como el Foro Económico Mundial o la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), coinciden en situar a España a la cola de Europa en infraestructura de tecnologías de la información; así, está en el puesto 14 de los 15 países de la UE en preparación para Internet -según The Economist- y es el último país de la OCDE en inversión en tecnología. La novena economía mundial, aspirante declarada a formar parte del G-8, sigue anclada en las profundidades del retraso tecnológico.
El desarrollo de la capacidad para procesar y compartir la información, en cualquier momento y lugar -que es, en definitiva, a lo que se llama sociedad de la información-, era una de las prioridades del Gobierno de José María Aznar. Esta intención se plasmó, en 1999, en el Plan Info XXI, que recogía más de 300 acciones y contaba con 5.000 millones de pesetas de presupuesto. Pero el plan no ha gastado ni el 25% de esa cantidad, ha sido enterrado antes de su muerte oficial (diciembre de 2003) y no ha conseguido sacar a España del abismo tecnológico. El gasto en el desarrollo de la sociedad de la información de los países desarrollados equivale al 7% del PIB. En España, obsesionada con el déficit cero, está en el 2,2%, según la patronal tecnológica Sedisi. "Es cierto que estamos un poco más retrasados que los países del entorno, aunque estamos acercándonos", asegura Leopoldo González-Echenique, director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Los datos de la OCDE (Midiendo la Economía de la Información 2002), indican, sin embargo, que la inversión en equipos y software ha disminuido entre 1990 y 2000 (ver cuadro).
La falta de inversión lastra, en fin, la competitividad de España, que sufre un déficit en la balanza comercial de casi el -5% en este sector. "Si este país no se moderniza ahora", explica Joaquín Oliveras, director general de Sedisi, "la entrada de los países del Este en la UE, la pérdida de los fondos estructurales y los problemas para cumplir las exigencias del Protocolo de Kioto van a provocar un problema gravísimo de competitividad. Ahora es el momento de invertir para evitarlo".
Llegados a este punto, "no hace falta hacer más estudios ni diagnósticos; lo que se necesita es actuar", dice el senador socialista Félix Lavilla, encargado en el PSOE de estas materias. La mayor parte de los actores coincide en exigir voluntad política para acabar con el problema, y el Gobierno español asegura haber captado el mensaje. Después de reconocer el fracaso de Info XXI -que diseñó el propio ministro Josep Piqué, cuando era responsable de Industria-, el Ejecutivo ha encargado un estudio a una comisión de expertos para averiguar cómo desarrollar la sociedad de la información en España. Presidida por el presidente de HP, Juan Soto, la Comisión de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información ha trabajado cuatro meses y acaba de hacer públicas sus conclusiones.
"Golpe de timón"
Entre sus propuestas hay exigencias que todos los expertos comparten, como desarrollar planes de formación en tecnología, reforzar la integración de éstas en las empresas o impulsar la administración electrónica. El mensaje final de la Comisión, que también es compartido, es que este problema no se soluciona de la noche al día, sino que se necesita un "golpe de timón" en la gestión de estas inversiones: alguien debe tirar del carro, y ese alguien debe ser el Ejecutivo, con el presidente Aznar a la cabeza.
El acuerdo llega hasta aquí. Asociaciones de consumidores y patronales informáticas creen que hay que tirar de la demanda; los expertos de la Comisión, y con ellos el ministerio, piensan que la clave está en la oferta. Es decir, y reduciendo el problema al mínimo, la pregunta es si la sociedad de la información crece muy poco porque los españoles no compran ordenadores o si se trata, más bien, de que los ciudadanos no adquieren equipos informáticos porque no hay servicios suficientes -compras, ventas, contratos, finanzas- que realizar desde el PC.
Gran parte del sector cree que el problema está en la demanda. La radiografía de los hogares españoles realizada por el INE (Instituto Nacional de Estadística) y la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) indica que el ordenador es un instrumento que los españoles creen prescindible. Casi el 100% de los hogares tiene televisión y telefóno fijo, y alrededor de un 70% posee un reproductor de vídeo, pero sólo tres de cada diez tiene un ordenador, y la cifra baja aún más (hasta el 17,4%) cuando se estudia el número de hogares que tienen conexión a Internet. Una tecnología diez años más joven, el teléfono móvil, está presente en el 60% de los hogares. Los expertos culpan, directamente, a los precios.
"Cuando Anna Birulés [ex ministra de Ciencia y Tecnología] decidió promover una tarifa ondulada de acceso a Internet, el número de internautas se duplicó en un año", explica Víctor Domingo, presidente de la AI (Asociación de Internautas). El caso del 20% de pymes españolas que, aproximadamente, aún no usa ordenadores, es aún más claro, opinan los defensores de la rebaja de los precios. En las empresas, el gasto puede ser considerado una inversión, y el usuario tendrá un beneficio evidente e inmediato en forma de rebaja de costes (trámites, mensajería...). Si no invierten ya, es porque no pueden.
"El mercado español de tecnologías está un 30% detrás de lo que nos correspondería por nuestros indicadores económicos", explica Oliveras. "Así que hay suplir esas carencias con ayudas", añade. El caso vasco (ver apoyo) es el ejemplo más citado en el sector sobre cómo la Administración puede empujar el desarrollo de la sociedad de la información. Sedisi presentó a la Comisión una propuesta en la que reclamaba incentivos a las inversiones en tecnología, aumentando la desgravación que hoy fija la ley -el 10%- hasta el 20% en el caso de las grandes empresas, y el 50% para las pymes y autónomos.
No a las ayudas
La Comisión, y con ella la Administración, no lo cree necesario. "Hemos discutido mucho sobre ello", reconoce Leopoldo González-Echenique, que actuó como secretario en la Comisión. "Pero las ayudas realizadas en diversas comunidades autónomas se han utilizado, en gran parte, para renovar equipos más que en comprar nuevos", asegura. El director general cree, además, que el precio de la informática no detrae la demanda. "En los hogares hay televisores de pantalla panorámica, cientos de miles de videoconsolas, DVD, móviles... Los ciudadanos gastan dinero si perciben que el instrumento les ofrece utilidad", asegura González-Echenique, que añade que diversas encuestas realizadas en 2001 demuestran que el 50% de los ciudadanos españoles no se conecta a Internet porque no cree que sea necesario hacerlo.
Por eso, el Ejecutivo cree que el énfasis hay que ponerlo en estimular la oferta, mediante el desarrollo de servicios electrónicos, tanto de la Administración -impuestos, contratos, becas, ayudas- como privados -formación online, comercio electrónico-. El Gobierno tiene previsto recoger las propuestas de la Comisión y formar un nuevo plan después de Semana Santa. El responsable del mismo sería el propio José María Aznar, y la primera acción consistirá en una campaña de concienciación -similar a la creada para Barcelona 92-, que comunique a los ciudadanos las ventajas de la sociedad de la información. A diferencia de Info XXI, esta iniciativa será, dicen en el ministerio, concreta, más sistemática, fijará plazos graduales y establecerá un sistema de medición para constatar los progresos. El nombre del plan aún no está definido. El Gobierno no quiere que le ocurra como con Info XXI, que para muchos es ya sinónimo de fracaso.
"De nuevo, no hay objetivos, ni plazos, ni presupuesto", rebate Lavilla. "La campaña de publicidad servirá para crear la burbuja antes de disolver las Cortes y convocar elecciones. El plan de Aznar ha fracasado definitivamente, y ha impedido la competitividad de España", concluye el senador socialista.
Un plan sucede a otro plan, y se realizan cientos de estudios, comisiones y proyectos, pero la situación sigue siendo la misma. En este momento, sólo 17 de cada 100 hogares españoles tiene acceso a Internet, la mitad que la media de la UE (40 hogares). ¿Por qué debería conseguir este nuevo plan el objetivo de sacar a España del tren de cola de la tecnología? "Hemos aprendido mucho de los errores, hemos pedido opinión a los expertos y vamos a escuchar sus sugerencias", concluye González-Echenique. "Un plan debe tener un objetivo", advierte Oliveras. "Todo lo demás son buenos deseos".
Reproducido de El País -Negocios-
