Entre las que va a presentar el PP a su propio texto destaca una por la que se propone la creación de la "Agencia del Espectro", un organismo que se encargará de gestionar y administrar el espectro radioeléctrico entre las diferentes compañías que lo usan para transmitir sus señales, según confirmaron a Efe fuentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Se propondrá así que este organismo esté vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología y sea completamente independiente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
La creación de este organismo se justifica por el hecho de que el espectro radioeléctrico es un bien escaso y porque a partir de que entre en vigor la nueva LGT las empresas podrán comprar y vender su porción de este espacio como si fuera un activo más.
Las empresas que usan el espectro radioeléctrico para su actividad van desde las operadoras de telecomunicaciones hasta las de radio y televisión, puesto que se trata del espacio por el se que transmiten todas las ondas electromagnéticas. La diputada socialista Francisca Pleguezuelos anunció a Efe que su grupo presentará más de sesenta enmiendas, puesto que el pasado día 10 el Congreso rechazó, con los votos del PP, su enmienda a la totalidad y su texto alternativo. Por su parte, Izquierda Unida aseguró a EFE que, a falta de nuevas modificaciones, presentará unas veinticinco enmiendas, mientras que el diputado de Convergencia i Unió Jordi Jané ya confirmó durante el debate de las presentadas a la totalidad, el pasado 10 de abril, que presentaría algunas para intentar mejorar el texto.
En opinión de Jané, esta ley debería dar más competencias a las Comunidades Autónomas y tendría que llamarse "Ley General de Comunicaciones Electrónicas", tal y como se hace en la Unión Europea, puesto que la idea de regular las redes de telecomunicaciones ha de estar ya superada.
A pesar de las "profundas discrepancias" entre CiU y el PP con respecto a este texto, Jané explicó que su grupo no había presentado una enmienda a la totalidad, porque "espero que estas diferencias se puedan subsanar a través de enmiendas al articulado".
En aquel debate -que estuvo marcado por la ausencia del ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, responsable de la iniciativa- el pleno del Congreso de los Diputados rechazó las tres enmiendas de totalidad presentadas por el PSOE, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña.
Tanto el PSOE como CiU coincidieron en apuntar entonces que el texto propuesto por el PP es poco concreto y recurre en exceso a posteriores desarrollos reglamentarios, al tiempo que delimita con poca claridad las competencias de los reguladores (la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Ministerio de Ciencia y Tecnología), lo que, a juicio del PSOE, abra vías al intervencionismo estatal.
Izquierda Unida no defendió su enmienda, puesto que secundó la huelga convocada por UGT.
En opinión del PP, esta ley promociona la libre competencia y el acceso a las nuevas tecnologías y garantiza del cumplimiento de las obligaciones de servicio público.
Además, el PP asegura que el texto defiende el favorecimiento del uso eficiente del espectro radioeléctrico, la protección de los derechos de los usuarios y el fomento de la neutralidad tecnológica
EFECOM
MCyT da marcha atrás y no pedirá a los ciudadanos el depósito previo de claves
Se propondrá así que este organismo esté vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología y sea completamente independiente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
La creación de este organismo se justifica por el hecho de que el espectro radioeléctrico es un bien escaso y porque a partir de que entre en vigor la nueva LGT las empresas podrán comprar y vender su porción de este espacio como si fuera un activo más.
Las empresas que usan el espectro radioeléctrico para su actividad van desde las operadoras de telecomunicaciones hasta las de radio y televisión, puesto que se trata del espacio por el se que transmiten todas las ondas electromagnéticas. La diputada socialista Francisca Pleguezuelos anunció a Efe que su grupo presentará más de sesenta enmiendas, puesto que el pasado día 10 el Congreso rechazó, con los votos del PP, su enmienda a la totalidad y su texto alternativo. Por su parte, Izquierda Unida aseguró a EFE que, a falta de nuevas modificaciones, presentará unas veinticinco enmiendas, mientras que el diputado de Convergencia i Unió Jordi Jané ya confirmó durante el debate de las presentadas a la totalidad, el pasado 10 de abril, que presentaría algunas para intentar mejorar el texto.
En opinión de Jané, esta ley debería dar más competencias a las Comunidades Autónomas y tendría que llamarse "Ley General de Comunicaciones Electrónicas", tal y como se hace en la Unión Europea, puesto que la idea de regular las redes de telecomunicaciones ha de estar ya superada.
A pesar de las "profundas discrepancias" entre CiU y el PP con respecto a este texto, Jané explicó que su grupo no había presentado una enmienda a la totalidad, porque "espero que estas diferencias se puedan subsanar a través de enmiendas al articulado".
En aquel debate -que estuvo marcado por la ausencia del ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, responsable de la iniciativa- el pleno del Congreso de los Diputados rechazó las tres enmiendas de totalidad presentadas por el PSOE, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña.
Tanto el PSOE como CiU coincidieron en apuntar entonces que el texto propuesto por el PP es poco concreto y recurre en exceso a posteriores desarrollos reglamentarios, al tiempo que delimita con poca claridad las competencias de los reguladores (la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Ministerio de Ciencia y Tecnología), lo que, a juicio del PSOE, abra vías al intervencionismo estatal.
Izquierda Unida no defendió su enmienda, puesto que secundó la huelga convocada por UGT.
En opinión del PP, esta ley promociona la libre competencia y el acceso a las nuevas tecnologías y garantiza del cumplimiento de las obligaciones de servicio público.
Además, el PP asegura que el texto defiende el favorecimiento del uso eficiente del espectro radioeléctrico, la protección de los derechos de los usuarios y el fomento de la neutralidad tecnológica
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