La sentencia del Tribunal Supremo, ya aprobada y que se conocerá en los próximos días, forzará al nuevo Gobierno a abordar con toda urgencia una regulación distinta del pago a los creadores de la compensación por copia privada. Éste fue, además, uno de los puntos incluidos en el acuerdo de investidura suscrito el pasado agosto entre el Partido Popular y Ciudadanos.
Luxemburgo advirtió en junio pasado que al ser un pago que abonan todos los españoles no permite conocer quiénes son los que realmente hacen copia de una obra. El Gobierno ya dijo entonces que esperaría la decisión del Tribunal Supremo para ver los efectos que tendría sobre el ordenamiento jurídico. Hoy ya se saben.