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Interior fuerza a las 'telecos' a identificar a 21 millones de clientes de pago


España ha asumido el liderazgo en materia de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo y ha llevado hasta la UE su última iniciativa: exigir la identificación de los clientes de móvil que usan tarjetas prepago, una modalidad que hasta ahora permitía el anonimato en la mayoría de los países. El documento de la UE no es vinculante, pero España ya ha dicho que lo cumplirá y ha despertado las iras del sector, que lo considera un gasto inútil que puede poner en riesgo uno de los mayores éxitos del móvil. Pese a que la idea es del Ministerio del Interior, serán ellas las encargadas de identificar a los 21 millones de usuarios prepago que hay en España





Bernardo de Miguel / Inés Abril / 5 Días.com.- El Gobierno obligará a los operadores de móvil a registrar los datos de los usuarios de tarjetas de prepago. La Unión Europea aprobó ayer, a instancias de España, una recomendación a los Estados miembros para que estudien 'los requisitos adecuados para la identificación de usuarios de tecnología de tarjetas de pago anticipado con el fin de facilitar la aplicación de las medidas de intervención de comunicaciones'.

En su aplicación práctica, esta iniciativa supone la creación de una base de datos donde conste la identidad de los clientes de prepago españoles presentes y futuros. Y esto, en el momento actual, implica la necesidad de identificar a más de 21 millones de usuarios que hasta ahora vivían en el anonimato. A pesar de que la idea es del Ministerio del Interior, un portavoz de este departamento aseguró ayer que tendrán que ser las tres operadoras españolas, Telefónica Móviles, Vodafone y Amena, las que encuentre los medios y hagan posible esta identificación.

'Esto es una carga muy importante para las operadoras, porque tiene mucha complejidad y las dudas en términos de eficacia son elevadas', explicaba ayer una fuentes del sector. Más contundente se mostraba otra fuente cercana a las operadoras: 'El Ministerio del Interior nos ha endosado a nosotros una medida que no nos gusta nada, es difícil de implementar y cuesta dinero'.

Lucha contra el delito

Los Quince justifican la decisión afirmando que este tipo de tarjetas 'constituye un atractivo medio de comunicación para aquellas personas y organizaciones que persiguen fines ilícitos'. La UE considera que este riesgo supera las ventajas de un sistema de pago que 'ha permitido acceder a grandes núcleos de población a los servicios de telefonía móvil', según afirma el documento aprobado ayer en Bruselas.

Y es que la posibilidad de acceder a la telefonía móvil sin contrato, de forma sencilla, directa y anónima ha sido uno de las mejores bazas en que se ha basado el éxito de la tecnología celular en Europa, según reconocen los actores del sector. El ministro de Interior, Ángel Acebes, reconoció en rueda de prensa que, sin esperar a este acuerdo auspiciado por él mismo, el Gobierno 'lleva trabajando algún tiempo en la medida' porque 'lógicamente tiene que haber una base de datos para que no se produzca ese anonimato que hace imposible el seguimiento'. Acebes admite que la decisión tendrá un impacto en el sector y se muestra dispuesto a negociar los aspectos que 'causen perjuicios a los operadores'. Pero la medida en sí parece inevitable.

Las propias conclusiones del Consejo de Ministros de Interior de la UE piden que los medios de intervención en el sector sean 'equilibrados y proporcionados, atendiendo sobre todo a su posible repercusión en la intimidad de los ciudadanos y en el mercado de tarjetas de pago anticipado para teléfonos móviles'. España no necesitaba ninguna cobertura comunitaria para adoptar este tipo de control, pues se trata de una competencia de los Estados miembros. En algunos de ellos, como en Italia, por ejemplo, el registro de datos de todos los usuarios ya es obligatorio.

Fuentes comunitarias apuntan a que España ha podido acudir a la UE para tener un mayor respaldo en una negociación con los operadores que se prevé difícil. 'La identificación de los usuarios va en contra de la esencia del prepago', dice una fuente cercana a las operadoras. 'Esta modalidad se basa en la ausencia total de servidumbres, como es el contrato o la identificación. La sencillez también es una característica y la necesidad de crear un registro complica los trámites'. Aunque las operadoras aseguran que es imposible calcular a priori cuál va a ser el efecto de esta medida en la base de clientes y en las futuras captaciones, fuentes del sector coinciden en que la identificación y la complejidad desincentivarán las compras.

La telefonía móvil prepago ha tenido tradicionalmente mucha aceptación en España, aunque las operadoras han comenzado recientemente a poner en práctica medidas para trasvasar estos clientes a contrato. Aun así, el 62,3% de los 33,5 millones de usuarios nacionales que había a cierre de 2002 sigue teniendo una tarjeta prepago en su móvil. En total, son 21 millones de clientes que ahora tienen que ser identificados.

El Ministerio del Interior no pudo precisar ayer en qué plazo se prevé la implantación del nuevo sistema. Y las operadoras confían en que sea lo más amplio posible. El departamento del Gobierno tampoco tiene claro todavía cómo se creará la base de datos ni de qué manera se identificará a los consumidores que ya tienen móvil.

Las críticas del sector hacen hincapié, asimismo, en los costes que lleva aparejado el nuevo sistema y que 'como siempre recaerán en nosotros'. Su última esperanza es que la complejidad técnica y la 'dudosa' eficacia de la identificación lleven al Gobierno a desestimar finalmente su puesta en marcha. Pero en el Ministerio del Interior están convencidos de la necesidad y utilidad de la medida.

Una obligación con 'dudosos' resultados

España no será el primer país europeo que ponga en marcha un registro para identificar a los usuarios de la telefonía móvil prepago. Italia -donde se exige la identificación en una de las primeras recargas- y otros países comunitarios han establecido ya mecanismos similares, en una experiencia que lleva a diversos expertos en telecomunicaciones a dudar de su eficacia, sobre todo para luchar contra el narcotráfico o bandas organizadas. Estos argumentos chocan con la seguridad de Interior.'Técnicamente, el registro de la identidad no impide que el teléfono móvil se pueda utilizar en actividades delictivas', explica un experto. 'Las bandas organizadas tienen mecanismos mucho más sofisticados para ocultar su posición y sus comunicaciones. Además, el hecho de ser el titular de una tarjeta SIM -la que permite realizar llamadas y concede el número de teléfono del móvil en el que se inserte- no implica en ningún momento que esa misma persona esté realizando las llamadas'. En Italia, añaden, los resultados en este campo no han sido positivos y el registro de usuarios sigue siendo incompleto.A diferencia de la telefonía fija o del móvil que se utiliza bajo contrato, el uso de la modalidad prepago no implica la domiciliación de ningún recibo. Nada hay, por tanto, que garantice que la persona que dio su nombre en el momento de la compra de la tarjeta SIM sea la que esté realizando las recargas años, meses o días después, recalcan fuentes del sector. En resumen, 'imponen un coste que tienen que sufragar las operadoras para algo que tiene dudosos resultados'.La idea española de identificar a los usuarios de prepago no es nueva. 'Es una vieja aspiración', explica una fuente cercana a uno de los tres operadores nacionales. Hasta el momento, sin embargo, las compañías habían logrado que la iniciativa no prosperara.