Bueno, pues ya lo tenemos en marcha: el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el Decreto-Ley que reconsagra de nuevo el canon digital, en prácticamente los mismos términos del borrador que en la Asociación de Internautas obtuvimos hace unos pocos meses.En realidad, poco habría que añadir a aquel largo comentario que insertamos en nuestra web aquel día 30 de enero cuando llegó a nuestras manos el borrador en cuestión y en el que ya dijimos prácticamente todo lo que había que decir.
En fin, no: hay que leer el texto del Decreto-Ley muy despacio porque es verdaderamente enrevesado como -innecesariamente- toda la normativa referente a los derechos de autor (o propiedad intelectual, que le llaman) que no hay ciudadano capaz de entender, por lo menos a la primera. Hay que recurrir al diccionario, a la Wikipedia e incluso a las búsquedas generales de Google para entender esa jerga demente. Sólo para empezar a entenderla, mejor dicho.
Lo que sí tenemos muy claro es que, en conjunto y en resumen, este Decreto-Ley no es sino una inmensa burla a la conocida sentencia Padawan del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es sino puentear a la justicia europea para regresar a la situación inmediatamente anterior a dicha sentencia en un tradicional pero más que escandaloso «se acata, pero no se cumple» del Gobierno del Partido Popular, ya veremos con qué apoyos (aunque los sospechamos) cuando el Decreto-Ley pase por el Congreso para que éste aprecie o no (que será que sí, ya lo veréis) las razones de urgencia impúdicamente alegadas, también en burla flagrante al espíritu de la normativa española en materia de esta especial forma legislativa, porque sabemos -sabemos todos- que urgencia no hay ninguna. O que nos expliquen por qué ahora es urgente y no lo era hace un año o hace dos. Y todo ello por más que algunos medios afines -afines al canon y a sus beneficiarios, más que al Gobierno, que también- se remitan a no sabemos qué fuertes presiones desde instancias europeas. Las únicas fuertes presiones que ha habido aquí son las de las entidades de gestión de derechos de autor, SGAE y compañía, para las que los ingresos por copia privada (por una copia privada que, como tal, prácticamente no existe y menos aún en base los restrictivos requisitos de la nueva norma) constituyen unas apetitosas partidas de libre disposición. En estos años hemos visto algunos ejemplos de cómo se administraban esas partidas. Si el canon de hace 13 años gravaba los aparatos de uso digital y sus consumibles, y, por tanto, éramos sus víctimas los internautas, ahora, gravando todo aparato apto para la reproducción (aparte, obviamente, de los consumibles), las víctimas somos todos los ciudadanos, cuya vida cotidiana hoy es prácticamente imposible sin hacer uso de alguno (o, más normalmente, de varios) de los aparatos machacados por la confiscación por copia privada, es decir, que la crítica que hacíamos a la subvención presupuestaria por este concepto, clamando ante el pago indiscriminado por parte de todos los ciudadanos, hicieran uso o no del derecho a copia privada, permanece completamente inalterable por cuanto, por medio del subterfugio legal construido, todos los ciudadanos, de hecho, sufrimos ese impuesto ominoso hagamos lo que hagamos o no hagamos lo que no hagamos Es evidente que los ciudadanos no nos vamos a quedar callados e inactivos ante esta nueva agresión. Lo que sí tenemos como internautas, como ya viejos observadores de todos los fenómenos a que da lugar la red, es una gran curiosidad para ver cómo, de qué manera, a través de qué medios, se va a librar esta nueva batalla, esta segunda guerra del canon, con una realidad social y digital tan diferente a la de hace trece años, con unos internautas, ya convertidos en ciudadanía misma, mucho menos concentrados pero mucho más y mejor armados y coordinados gracias a las redes sociales. Ya no dependemos -como en aquel entonces- de la prensa tradicional (también es verdad que mucho menos sujeta en aquella época a las fuertes dependencias que la atan ahora, alguna de las cuales muy ligada a los beneficiarios de esta segunda versión del canon y a sus lobis) y nuestros medios son ahora infinitamente más potentes. Porque -es triste decirlo- habrá guerra. Y no es una amenaza: es un anuncio. Y pronto será una constatación.
En fin, no: hay que leer el texto del Decreto-Ley muy despacio porque es verdaderamente enrevesado como -innecesariamente- toda la normativa referente a los derechos de autor (o propiedad intelectual, que le llaman) que no hay ciudadano capaz de entender, por lo menos a la primera. Hay que recurrir al diccionario, a la Wikipedia e incluso a las búsquedas generales de Google para entender esa jerga demente. Sólo para empezar a entenderla, mejor dicho.
Lo que sí tenemos muy claro es que, en conjunto y en resumen, este Decreto-Ley no es sino una inmensa burla a la conocida sentencia Padawan del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es sino puentear a la justicia europea para regresar a la situación inmediatamente anterior a dicha sentencia en un tradicional pero más que escandaloso «se acata, pero no se cumple» del Gobierno del Partido Popular, ya veremos con qué apoyos (aunque los sospechamos) cuando el Decreto-Ley pase por el Congreso para que éste aprecie o no (que será que sí, ya lo veréis) las razones de urgencia impúdicamente alegadas, también en burla flagrante al espíritu de la normativa española en materia de esta especial forma legislativa, porque sabemos -sabemos todos- que urgencia no hay ninguna. O que nos expliquen por qué ahora es urgente y no lo era hace un año o hace dos. Y todo ello por más que algunos medios afines -afines al canon y a sus beneficiarios, más que al Gobierno, que también- se remitan a no sabemos qué fuertes presiones desde instancias europeas. Las únicas fuertes presiones que ha habido aquí son las de las entidades de gestión de derechos de autor, SGAE y compañía, para las que los ingresos por copia privada (por una copia privada que, como tal, prácticamente no existe y menos aún en base los restrictivos requisitos de la nueva norma) constituyen unas apetitosas partidas de libre disposición. En estos años hemos visto algunos ejemplos de cómo se administraban esas partidas. Si el canon de hace 13 años gravaba los aparatos de uso digital y sus consumibles, y, por tanto, éramos sus víctimas los internautas, ahora, gravando todo aparato apto para la reproducción (aparte, obviamente, de los consumibles), las víctimas somos todos los ciudadanos, cuya vida cotidiana hoy es prácticamente imposible sin hacer uso de alguno (o, más normalmente, de varios) de los aparatos machacados por la confiscación por copia privada, es decir, que la crítica que hacíamos a la subvención presupuestaria por este concepto, clamando ante el pago indiscriminado por parte de todos los ciudadanos, hicieran uso o no del derecho a copia privada, permanece completamente inalterable por cuanto, por medio del subterfugio legal construido, todos los ciudadanos, de hecho, sufrimos ese impuesto ominoso hagamos lo que hagamos o no hagamos lo que no hagamos Es evidente que los ciudadanos no nos vamos a quedar callados e inactivos ante esta nueva agresión. Lo que sí tenemos como internautas, como ya viejos observadores de todos los fenómenos a que da lugar la red, es una gran curiosidad para ver cómo, de qué manera, a través de qué medios, se va a librar esta nueva batalla, esta segunda guerra del canon, con una realidad social y digital tan diferente a la de hace trece años, con unos internautas, ya convertidos en ciudadanía misma, mucho menos concentrados pero mucho más y mejor armados y coordinados gracias a las redes sociales. Ya no dependemos -como en aquel entonces- de la prensa tradicional (también es verdad que mucho menos sujeta en aquella época a las fuertes dependencias que la atan ahora, alguna de las cuales muy ligada a los beneficiarios de esta segunda versión del canon y a sus lobis) y nuestros medios son ahora infinitamente más potentes. Porque -es triste decirlo- habrá guerra. Y no es una amenaza: es un anuncio. Y pronto será una constatación.
Asociación de Internautas
