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Lexnet: Así, no.


La gestión por parte del Gobierno del Sistema Lexnet, donde se alojan todos los datos de los procedimientos judiciales de nuestro país, está poniendo en cuestión la separación de poderes. Polémica que se puso de manifiesto la semana pasada en la Comisión de Justicia del Senado y que próximamente se debatirá en el Congreso de los Diputados. Por su interés informativo reproducimos la campaña: denuncialexnet.es




¿Por qué Lexnet: así no?

Con el Sistema Lexnet, desde el 1 de enero de 2016 el Poder Ejecutivo administra los servidores donde se alojan todos los datos de los procedimientos judiciales de nuestro país. La información que el Poder Ejecutivo gestiona es: datos personales de los titulares y los funcionarios de los órganos judiciales, de los litigantes, de los profesionales y demás personas que intervienen en un juicio por cualquier concepto y las características de todos los procedimientos.

El Ejecutivo dispone de estos datos en tiempo real.

Entendemos que el diseño del Sistema Lexnet vulnera el principio de la separación de poderes, la independencia judicial, el derecho a la defensa y la privacidad de los ciudadanos.

¿Qué buscamos denunciando Lexnet?

Buscamos la implantación de un sistema que no ponga en manos del Poder Ejecutivo todos los datos de los procedimientos que se tramitan en los órganos judiciales. Asimismo, tampoco las comunicaciones del Sistema Lexnet deben utilizar servidores gestionados por el Poder Ejecutivo.

El sistema que propugnamos no debe discriminar a los usuarios por razón de la tecnología utilizada, debe tener un código públicamente auditable, se debe conocer quién realiza el desarrollo informático y el precio que nos cuesta a los ciudadanos.

Reivindicamos un modelo de separación de poderes de la era digital donde el Poder Ejecutivo ni aloje ni gestione datos que, antes de la implantación del Sistema Lexnet, nunca salían del órgano judicial que se ocupaba de un litigio.

¿Cómo puedo ayudar?

Interponiendo las acciones legales que ponemos a su disposición.

Cualquier profesional del Derecho y cualquier persona que actualmente participe en un litigio en cualquier concepto (parte procesal, perito, testigo) puede interponer las acciones que se proponen.

Firmando la petición de José Muelas Cerezuela para el Ministro de Justicia.

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