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Resumen de las deliberaciones y acuerdos de la XX Asamblea General anual de la Asociación de Internautas.


Durante este fin de semana la Asociación de Internautas ha celebrado su XX Asamblea general anual, en Madrid. El próximo mes de Octubre la Asociación cumplirá 20 años de existencia y por ese motivo en este encuentro internauta se ha hecho un balance de la influencia social que ha tenido y tiene está organización en el ámbito de la Sociedad de la Información, las telecomunicaciones y el mundo digital.





La Asociación de Internautas nace fruto de la unión de distintos grupos de activistas telemáticos, en octubre de 1998 con el objetivo estatutario de conseguir un acceso a Internet accesible, asequible y universal. Su acto de presentación se hizo con todos los honores en el Senado español, en un contexto en el que acceder a Internet al apenas millón y medio de internautas españoles nos costaba 271 pesetas la hora de conexión, sin contar las 11,7 pesetas por llamada, normalmente fallida, a una velocidad máxima de 56 kbps. Cuatro grupos organizados en chats y foros telemáticos:Plataforma Tarifa Plana, Grupo Tarifa Plana, Plataforma La Huelga y Fronteras Electrónicas de España unen fuerzas y convocan en septiembre una huelga de conexión telemática y telefónica en España para exigir una tarifa plana de acceso a Internet.

Hicieron falta tres huelgas de conexión más, una de ellas de carácter europeo,  hasta conseguir que el Gobierno accediera a llevar al BOE la tarificación plana para acceder a Internet, eso que hoy nos parece tan normal como pagar una cuota mensual y navegar desde tu PC cuanto tiempo quieras. Lo primero en enero de 1999 fue la tarifa plana para el ADSL y después, en junio de 2000, bajo el mandato de la ministra Anna Birulés, para la red telefónica básica (la línea fija de voz).

Casi sin poder reposar ese enorme éxito y con su primer objetivo cumplido, la Asociación de Internautas se embarca en la discusión y colaboración con el gobierno de España para el desarrollo de la primera Ley de Servicios para la Sociedad de la Información (LSSI). Este proceso duró dos años en los que numerosas entidades de todo tipo presentaron y discutieron varias decenas de anteproyectos, y fue posiblemente la ley que más participación de la sociedad civil ha obtenido en la historia de la reciente democracia española. La LSSI salió publicada en el BOE en octubre del 2002. Contenía dos importantes garantías para el internauta: la prohibición del Spam o envío masivo de correo no solicitado, y un concepto que finalmente tuvo una enorme transcendencia jurídica en las campañas de difamación protagonizadas por las entidades de gestión de los derechos de autor contra la Internet libre y neutral: y es que los proveedores de servicios no eran responsables de la información alojada en sus servidores.

Ya en ese año 2002 y a consecuencia de las tarificaciones planas y por ende de un razonable abaratamiento del acceso a Internet los internautas españoles pasamos de ser millón y medio a ser seis millones. La Asociación de Internautas protagonizó varias campañas de divulgación sobre seguridad online haciendo hincapié en temas como el uso de antivirus, cortafuegos, encriptación y cifrado de los correos electrónicos, protección de menores en la red, y la defensa contra el fraude online o los bulos y hoax en la Red

El año 2004 supuso un ejercicio de involución en la vulneración de los derechos civiles en la Red concretados en el desarrollo de un decreto ministerial en el que se legalizaba SITEL un sistema de interceptación de comunicaciones al margen de la supervisión judicial y sin las garantías constitucionales que hubiera debido ofrecer siendo la Ley Orgánica que no fue. También durante es años asistimos la imposición de un canon digital a numerosos dispositivos digitales que, aplicado de forma arbitraria, indiscriminada, injusta y, por lo que hemos podido comprobar 14 años después, también ilegal, unido a una feroz campaña de difamación contra la Internet libre y neutral protagonizada por las sociedades de gestión de los derechos de autor supuso el cambio de la LSSI por la actual LISI; una grosera forma de eliminar garantías ciudadanas para favorecer los oscuros intereses en Internet del lobbie de la industria cultural.

Esta batalla supuso para España la pérdida de una década de batallar en disputas y polémicas en contra del desarrollo de la Sociedad de la Información para el conjunto de los ciudadanos.

Hoy, cuando el uso de la Red es masivo cuestiones como la privacidad, la usurpación de la identidad digital, el respeto en el uso de las redes sociales o la defensa ante el fraude online son aspectos en los que la Asociación está  divulgando y culturizando a las nuevas audiencias que continuamente están incorporándose a la Red.

PRESENTE Y FUTURO

Por ese motivo, la XX Asamblea de la Asociación de Internautas ha acordado exigir al Gobierno:

La inmediata reactivación del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información CATSI , órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, que tiene como cometido el estudio, deliberación y propuesta en materias relativas a las telecomunicaciones y a la sociedad de la información, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos colegiados interministeriales con competencias de informe al Gobierno en materia de política informática. Además de informar sobre los asuntos que el Gobierno determine o sobre los que, por propia iniciativa, juzgue conveniente. El informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información equivaldrá a la audiencia a la que se refiere el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Este Consejo no ha sido convocado durante el mandato del José María Lasalle, secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital de España en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital desde 2016 , a pesar de que el gobierno ha hecho propuestas legislativas como la que proponía acabar con el anonimato en Internet, calificada desde la sociedad civil como un intento de recortar las libertades en Internet, y un ataque "muy grave" contra derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión e ideológica.

Revisar la presentación en Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, sin consulta previa a organismos de representación como el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información CATSI y que muy posiblemente vulnere el artículo 18.4 de la Constitución que señala que la ley impondrá la limitación del uso de la informática para garantizar la intimidad personal y familiar de  los ciudadanos. En esta ocasión, el desarrollo del PNR vulnera este precepto y puede menoscabar la privacidad de los ciudadanos. Ser ciudadanos de cristal, donde el Estado conozca muchos de nuestros datos personales.

Además urge agilizar y flexibilizar los trámites y la comunicación entre la Administracción y la ciudadanía. Con la puesta en marcha efectiva del DNI electrónico que adolece de una Ley Orgánica que garantice la gestión, desarrollo y funcionamiento de este documento vital para la identificación de los ciudadanos ante la Administración Pública, así como facilitar su funcionamiento.

Donde sí tendrá más que hacer el Gobierno será en lo referente al 5G. España necesita pisar el acelerador para que los operadores puedan desplegar cuanto antes la red de quinta generación que revolucionará no solo el sector, sino también nuestras vidas porque será capaz de conectarlo todo. Mientras otros países ya han asignado frecuencias en distintas bandas, en España todavía estamos pendiente de la primera subasta, la que afecta a la banda de los 3,6 GHz que se pondrá en marcha en julio. El Gobierno no debería alterar esa subasta, para no retrasarla, pero sí debería ponerse a trabajar desde ya en la subasta clave, la de los 700 MHz, que según el actual Plan Nacional 5G no se produciría hasta 2019.

Por otro lado, buscando cubrir las zonas no rentables para los operadores, el Gobierno aprobó en marzo un plan dotado con 525 millones de euros para que todos los españoles cuenten con conexiones de fibra de al menos 300 Mbps en 2021. En este plan podría intervenir el nuevo Gobierno, ya que las partidas se distribuyen en distintos años, aunque no parece conveniente dado que es difícil que la iniciativa privada llegue algún día a cubrir todo el territorio nacional.

También exigimos que se solicite al Ministerio de Cultura que se atenga a los estudios de impacto que han servido para fijar las tarifas del Canon Digital aprobado ya que de no existir estaríamos ante un presunto fraude de ley y por ese motivo qué se rechace el Real Decreto en tanto no haya un debate en el que participen todas las partes interesadas y se cumpla con los requisitos manifestados por el Tribunal Supremo

En otro orden de cosas la Asociación hará un riguroso seguimiento del desarrollo de el Nuevo Reglamento de Protección de Datos que entró en vigor el pasado 25 de mayo y cuales son sus consecuencías en la garantia de la privacidad de los ciudadanos.


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