Asociación de Internautas

   Noticias - 13/Julio/00

Acceso universal a internet con buena calidad y mejora de las infraestructuras. Ésa es la línea por la que debe desarrollarse la red tras la aprobación de la “tarifa búho”, según se debatió en el primer foro de Ariadn@ entre usuarios y representantes de la industria de las telecomunicaciones

JUAN GONZALO

Hace un mes, la Asociación de Internautas llevaba a cabo en Madrid (y en la Web, su verdadero campo de acción) su penúltima reivindicación en favor de lo que constituye el centro de su programa, programa, programa: el acceso a Internet sin límite de tiempo, con una tarifa fija mensual asequible. Dos semanas después, el Consejo de Ministros presentaba a la sociedad española el Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, que establece un precio máximo de 2.750 pesetas/mes “para el servicio de Internet por el uso de la red telefónica fija en todo el tramo de horario reducido [de 18 a 8 horas en días laborales, y las 24 horas en fines de semana y festivos nacionales]”. Después de ese viernes, y pese a las limitaciones de las medidas anunciadas, las condiciones de acceso a la Red no han vuelto a ser las mismas en España.

ASPIRACIONES.

Las ofertas de los diferentes operadores (Retevisión/eresMas, Terra, Ono, British Telecom/Arrakis y Supercable), que dan servicio conjunto de voz y datos en distintos tramos horarios a cambio de una tarifa única mensual, se han sucedido en las semanas previas y posteriores a la aprobación de la tarifa plana. Pero ello no significa que las aspiraciones de los usuarios estén plenamente satisfechas. Queda aún mucho camino por recorrer hasta la consecución de una sociedad conectada. Así quedó patente en el I Foro de Ariadn@, celebrado la pasada semana en la redacción de EL MUNDO, en el que distintos representantes de colectivos de usuarios y la industria de las telecomunicaciones analizaron la repercusión de las recientes medidas liberalizadoras del sector.

El trasfondo del debate no podía ser más que relativamente optimista, habida cuenta de que el paquete de medidas aprobado por el Gobierno, si nos ceñimos estrictamente a la referencia del Consejo de Ministros, tiene como objetivo “incrementar sustancialmente la competencia en el sector de las telecomunicaciones, para garantizar que los efectos de la liberalización se trasladen de forma efectiva a los precios”. Es decir, no recoge del todo las demandas de los usuarios (una tarifa plana disponible las 24 horas que incluya la conexión telefónica y el acceso a Internet), y fija unos plazos para la liberalización del bucle de abonado –el último tramo del servicio telefónico, donde se originan las llamadas del usuario– considerados insuficientes por algunos internautas. Ahora bien, para los expertos que participaron en el Foro de Ariadn@, la cuestión no tiene que ver tanto con el tramo horario fijado por el Ejecutivo (algunos operadores han demostrado ser más ambiciosos en sus ofertas) ni con los plazos de liberalización de la telefonía fija local, sino con cuestiones que hacen prever que el escenario regulador esbozado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología es más complicado de lo que parece: entre ellas, el servicio público universal, la calidad real del servicio prestado y las inversiones en las redes de telecomunicaciones. Unos aspectos que conforman el contexto tecnológico y económico de la llamada tarifa plana.

La primera lección de las nuevas reglas del juego, a la luz de los acontecimientos comentados, es la importancia que ha cobrado la sociedad civil y, en concreto, las demandas expresadas por los usuarios de Internet. Según se desprende de las afirmaciones de Víctor Domingo, cabeza visible de la Asociación de Internautas, éstos han pasado, de ser considerados como un colectivo cuya opinión no merecía ser tenida en cuenta por la Administración y las grandes empresas, a dejar bien claro que se trata de una parte significativa de la sociedad española que sabe muy bien lo que quiere y realiza un escrutinio constante de las decisiones políticas y empresariales que les afectan.

La prioridad de este colectivo es, asegura Domingo, “remover los obstáculos para que, desde el Estado y desde el mercado, se le permita al mayor número de personas posible estar conectada y tener acceso a la sociedad de la información”. El dirigente de la AI confía en que algún día se llegue a “una situación de sintonía entre mercado, Gobierno y sociedad civil para construir la sociedad de la información e integrar a los ciudadanos que no están conectados”. Se trataría de evitar el peligro de lo que Alejando Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), llama “la dualización social derivada de una incorporación deficiente de los ciudadanos al entorno digital”. Ese deseo está directamente relacionado con el concepto de servicio universal, una consideración que ya tiene el servicio de voz que los ciudadanos usamos a través de la red de telefonía básica (RTB).

Para ampliar el concepto de lo que puede ser entendido como una necesidad digna de ser extendida al conjunto de la población hace falta que exista un consenso, según el criterio de Carlos González Mateos, vicepresidente de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones y miembro de GRETEL (grupo de trabajo sobre regulación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones). “Como, objetivamente, llevar el acceso a la Red a todas las zonas no es rentable”, afirma este experto, “tiene que haber un mecanismo eficiente por el cual, si se obliga a un operador dominante a prestar ese servicio, se determine cuánto le cuesta a una empresa, y quién lo va a pagar”. Ese consenso debería complementarse, añade Carlos González, con “una serie de proyectos ambiciosos en materia de educación, sanidad, el contacto entre la Administración y el ciudadano...” basados en las telecomunicaciones. “La decisión es puramente política”, puntualiza.

En la misma línea, Juan Gascón, director de la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones (Aniel) apunta: “El servicio universal tiene una reglamentación pendiente de desarrollo. Para ello, habrá que esperar a la publicación de la estructura de costes [de las llamadas locales] de las operadoras”. “Al final”, reflexiona Gascón, “alguien tendrá que dar los servicios que no son rentables porque nadie quiere darlos, ya que la competencia únicamente quiere dar servicio donde le resulta rentable”. ¿Y si se regula públicamente la obligación de prestar, en todo el territorio nacional, servicio de acceso a Internet bajo unas condiciones determinadas? “Entonces”, concluye Gascón, “[ese servicio universal] tendrá que ser contemplado en los Presupuestos del Estado, porque, lo que no podemos tener, es la mejor calidad al precio más bajo”.

CALIDAD.

A Javier Solá, secretario de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), le preocupa que, con la liberalización del bucle local, “los operadores dejen de ganar dinero por las tarifas de interconexión [el dinero que paga un operador a otro por alquilar el tramo final de cable que llega al hogar del abonado] y, para compensar, se acabe recortando la calidad de acceso”. Víctor Domingo discrepa, y estima que, “al haber un régimen de competencia real, si un operador ofrece mala calidad, los internautas se irán a otra empresa, como ha ocurrido con la tarifa plana de Retevisión y eresMas”. La diferenciación de servicios de distinta calidad y precio para cada perfil de usuario será clave, en opinión de todos los participantes en el Foro, para definir el futuro modelo de negocio de las telecomunicaciones. Los usuarios más avezados requerirán, por ejemplo, un acceso permanente o “latente” (como ocurre con el teléfono) a Internet. La calidad del servicio, al final, dependerá de factores como la infraestructura de redes –“sería deseable que Telefónica modernizara las instalaciones que se han quedado obsoletas”, dice González Mateos– y lo que éste llama la “calidad agregada”: la verificación de la calidad de cada operador o servicio que interviene en la experiencia de navegación del usuario. Gascón aboga por “un equilibrio entre la calidad del acceso y la necesidad de no desincentivar la inversión en redes alternativas, como el cable o la telefonía móvil de tercera generación”. Es en estas redes y en la Línea Digital de Abonado Asimétrica (ADSL), según Gascón, “donde tiene sentido total la tarifa plana y el servicio del tipo ‘siempre conectado’”. Sin embargo, Domingo opina que el bucle local tradicional “seguirá teniendo una incidencia muy importante durante los próximos 5 o 6 años” y anuncia que la Asociación de Internautas vigilará “cómo se gestiona y mantiene la liberalización”.

LA LIBERALIZACIÓN

Cómo desatar el nudo local El Gobierno ha fijado para enero de 2001 el plazo para la apertura del bucle local de abonado, que permitirá a los usuarios contratar con empresas distintas del operador dominante las llamadas locales, ya sean de voz o de datos. Esa capacidad de elección tiene un marco favorable en el mencionado Real Decreto-Ley, pero también en la legislación que vino a sustituir a la antigua Ley de antenas colectivas. Como recordó Carlos González Mateos durante el Foro de Ariadn@, esta reglamentación obliga a que las casas de nueva creación dispongan de un conjunto de infraestructuras de telecomunicaciones cuya ventaja para el usuario es una mayor capacidad de elección. Así, la persona que ocupa una vivienda afectada por dichas normas “puede estar apuntada a un operador para un tipo de servicio (voz) y a otro diferente [sin necesidad de hacer una nueva instalación o cableado] para la conexión a Internet, porque le salga más barato”. [El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Baudilio Tomé, se reunió la pasada semana con representantes del sector para discutir las condiciones en las que se desarrollará la apertura del bucle local].

REPRODUCIDO DE ARIADNA