La
firma electrónica estará regulada este mes de mayo
El Gobierno español está decidido a adelantarse a los países occidentales en la
implantación de la denominada "firma electrónica", una especie de tarjeta de
crédito personal que servirá de documento de identificación a la hora de pagar
impuestos y realizar gestiones administrativas a través de Internet, eliminando los
tiempos de espera en ventanillas y la ancestral burocracia.
Para poder emplear esta tarjeta hará falta un lector especial conectado al ordenador que
saldrá al mercado a unas 7.000 pesetas y que en un futuro algunos fabricantes lo
incorporarán directamente al
equipo. La firma digital, que se desarrolla bajo el "Proyecto Ceres", dirigido
por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), con la participación de varios
ministerios, es, junto al ADSL, la gran apuesta del Gobierno Aznar "para situar a
España a la cabeza de la sociedad de la información", como señalan a este
periódico fuentes gubernamentales.
La redacción de la normativa que regulará la firma digital está prácticamente
concluida, y, de hecho, se espera que en esta primera quincena de mayo salga publicado en
el BOE el Real Decreto que lo
regula. La tarjeta-documento de la firma electrónica se expenderá por parte de entidades
certificadoras, como bancos e instituciones, que designará el Gobierno. Estará basada en
el concepto clave pública-clave privada, al igual que la que rige en documentos
encriptados y en la mayoría de pagos a través de comercio electrónico.